La superposición de intervenciones nacionales sobre servicios que administran los gobiernos locales, se ubicaría entre las principales fuentes de gasto fiscal. Así lo revela un informe elaborado por IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), que advierte que buena parte del déficit fiscal y del mal funcionamiento del Estado se explica por esta tendencia del Estado nacional a avanzar sobre responsabilidades locales.
En la organización federal de la Argentina, las provincias tienen las principales responsabilidades por los servicios a los ciudadanos. Es decir, Educación primaria y secundaria, Salud pública, servicios de vivienda y urbanismo, asistencia social, Seguridad y Justicia. El Estado nacional, en cambio, tiene responsabilidades puntuales en temas de carácter interprovincial como la Defensa exterior, las relaciones internacionales, la Seguridad social, la Educación superior y el Desarrollo de infraestructura interprovincial.
Al evaluar el gasto del gobierno nacional aparecen programas que corresponden ser ejecutados desde el nivel central. Pero también se observan acciones en la que se usan fondos nacionales para financiar servicios a cargo de las provincias y los municipios. Es decir, en la práctica, el funcionamiento del sector público nacional muestra en varias áreas una desviación respecto a las reglas que establece la Constitución.

Los datos

De acuerdo a lo que revela el informe, para tener una idea de órdenes de magnitud de estos desvíos se puede analizar los Presupuestos 2018 de cinco Ministerios nacionales (Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda y Medio Ambiente). Según esta fuente se observa que: En programas de acciones interprovinciales se gastarán $150 mil millones, en tanto en programas con acciones superpuestas con las provincias y los municipios se proyecta erogar $130 mil millones. Esto significa que prácticamente la mitad de los presupuestos de estos cinco ministerios se gastarán en funciones que no les corresponden.
En términos comparativos, lo que estos cinco Ministerios nacionales asignan a funciones de las provincias y los municipios representan el 20% del déficit fiscal nacional. Se trata de un indicio concreto de cómo una organización más respetuosa del régimen federal ayudaría de manera sustantiva al ordenamiento de las cuentas públicas nacionales.

Desvíos

Según el relevamiento de IDESA, los programas nacionales superpuestos con responsabilidad provinciales y municipales no son un mero e inocuo desvío institucional. En lo discursivo se justifican bajo el argumento de que suplen vacíos de los gobiernos locales en áreas sociales importantes tales como arreglo y construcción de escuelas, centros de salud, calles o alcantarillados, distribución de materiales escolares y medicamentos, ayudas alimentarias y complementos salariales para docentes y personal de los sistemas de salud provinciales.
Sin embargo, en lugar de mejorar los servicios sociales en general contribuyen a profundizar su deterioro. En primer lugar, porque las acciones son episódicas con lo cual están lejos de al menos acercarse a la solución integral de los déficits. Se hacen pequeños arreglos en algunas escuelas de provincia, cuando el universo total es de 41 mil escuelas, o en centros de salud provinciales, cuando el universo asciende a 8 mil centros sanitarios. Los complementos salariales financian menos del 10% del salario docente. En materia de vivienda, el propio Presupuesto 2018 admite que los programas nacionales apenas podrían solucionar el 5% del déficit habitacional. Pero, además de tener un efecto marginal, su impacto más negativo es que induce a gobernadores e intendentes a tomar como tema prioritario peregrinar a Buenos Aires en busca de algunas de estas “ayudas” nacionales. Para los funcionarios nacionales resulta muy atractivo mostrar acciones en temas sensibles y ejercer poder distribuyendo recursos discrecionalmente entre provincias y municipios.

Consenso

Es en este contexto que el Gobierno buscará que las provincias asuman una porción más alta del gasto público total, una discusión que se dará en el corto plazo, para determinar qué servicios serán prestados por cada nivel de gobierno. De acuerdo a lo que piensan en la Casa Rosada, las condiciones de reparto de ingresos, modificadas con el Pacto Fiscal habilitará esta discusión, que aseguran que será de largo aliento y que funcionará como “atajo” para discutir un nuevo modelo de coparticipación federal de recursos.
Según trascendió, este tema será planteado ante los gobernadores en el futuro, pero creen que por cuestiones de calendario el plazo en que podría saldarse el debate no será corto.
“La Nación ya no tiene mucho para ofrecer en términos económicos para una discusión del modelo de coparticipación porque ya cedió muchos fondos entre el fin de la detracción del 15% a Anses y el Pacto Fiscal, lo que sí podemos discutir es qué servicios va a prestar cada gobierno”, explicaron desde el Ministerio de Hacienda, donde mencionaron como ejemplos, programas de vivienda o de alimentación que hoy ejecuta directamente el Gobierno nacional en las provincias. Con este debate el Gobierno pretende que las gobernaciones provinciales puedan hacerse cargo de cierta parte del gasto público que hoy recae en el Tesoro nacional.