Desde el gremio de la construcción reiteraron ayer su preocupación por las consecuencias sociales de la desaceleración de la obra pública en Chubut. Revelaron que en Trelew, ante las deudas con las empresas, se paralizó la construcción del Centro de Encuentro, un barrio de 60 viviendas, y en la misma situación se encontraría la obra del nuevo hospital. Aseguran que ya son más de mil los desocupados del sector en el valle y a fin de mes habría otro centenar de cesanteados.
La situación la dio a conocer el referente UOCRA, Juan Villafañe quién aseguró que «las obras quedaron incompletas y no las terminan, ayer (el empresario y presidente de la Cámara de la Construcción) Fernando Palacios entregó la obra y echaron a los trabajadores, del Centro de Encuentro de la Laguna, 60 viviendas del gremio Sutiaga, sobre calle Corrientes”.
El dirigente sindical mencionó que “los empresarios dicen que no pueden sostener las obras por el nivel de deudas que manejan, y la misma situación se da con la obra del Hospital, que, si no regulariza la situación, el 31 de enero quedan más de 140 trabajadores en la calle», anticipó.

Más de mil desocupados

Desde la UOCRA confirmaron que entre fines del año pasado y el comienzo de este son más de mil los desocupados del sector en la zona del valle y Puerto Madryn, lo cual podría, incluso, agudizarse a fin de mes en el caso que no se regularicen las deudas con las empresas, ya que podría otro centenar de trabajadores quedar cesanteados.
«Hay que remarcar que las obras son muy importantes y sobre todo las viviendas porque ahora quedan 60 familias que esperan tener sus casas este año y tienen que seguir esperando», razonó el referente gremial al exponer las consecuencias que trae aparejado la desaceleración de la obra pública, sobre obras que están sin terminar, y son devueltas por las empresas adjudicatarias de las licitaciones.

Un año negro

«Todos los empresarios dicen lo mismo, que no tienen la plata, que no dan más y dejan las obras. Nosotros como Gremio no podemos saber si eso es verdad o no, pero la realidad es que cierran las obras sin terminar», explicó Juan Villafañe.
«Este 2018 es un año negro para la construcción, todas las mañanas vienen más trabajadores que están si trabajo», relató al describir el creciente peregrinar de obreros desocupados que transitan por las oficinas de la UOCRA para sumarse a la bolsa de trabajo a la espera de ser convocado a alguna tarea.

Espera y diálogo

En este marco, el dirigente sindical sostuvo que «nosotros tenemos que estar seis meses esperando a que todo se encamine, siempre tuvimos dialogo, nos sentamos cada vez que nos llamaron desde el Gobierno y desde las empresas”, dijo. “Además pedimos audiencias, pero ahora necesitamos certezas, saber si hay que seguir esperando, saber lo que va a pasar con los empresarios, con las obras y si hay que esperar, que es lo que va a hacer el Gobierno para acompañar a estos trabajadores que hoy no tienen el trabajo prometido y que comenzaron cuando iniciaron las obras».
Con este escenario, la UOCRA descree que pueda verificarse una reactivación en el corto plazo. «Ahora hay que ver que hacen los empresarios con el Gobierno, porque dicen algunos que se va a pagar en cuotas y hay que ver si aceptan los trabajadores esas condiciones”, puntualizó Villafañe. “Acá lo importante es que el trabajador tenga certezas y tenga trabajo y sobre todo que se puedan terminar las obras que son muy importantes como el Centro de Encuentro, como el nuevo Hospital, sino van a quedar esos edificios sin terminar, vacíos y se van a echar a perder», mencionó sobre el caso puntual de Trelew.

Contención a los desocupados

«Hay tres problemas, porque dejaron las obras, no les pagan y les deben las quincenas. Esto se está viendo y el gremio está sosteniendo a los compañeros, porque hay que reconocer que no somos como otros gremios donde solo trabajan con los activos, acá nosotros buscamos darles contención a los desocupados también», reflexionó el referente local de los obreros.
Por su parte Claudio Paredes expresó que «el Hospital es una obra de alta complejidad, pero de alta complejidad para los compañeros, que ahora no saben si van a seguir, si va a continuar, tanto esfuerzo que pusieron y ahora en el comienzo del año ya no saben qué va a suceder. Solo pedimos ahora un esfuerzo de parte del Estado y de las empresas», sugirió.

Menos casas para Chubut

El abrupto giro en el plan de viviendas y hábitat del Gobierno Nacional dado a partir de marzo de 2017 generó un impacto importante en la provincia de Chubut, a punto tal que el año pasado prácticamente se paralizaron las ejecuciones de nuevos hogares para los chubutenses y los que estaban ya en marcha.
Este año no será la excepción, aunque desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) están buscando las alternativas para compensar el déficit habitacional que se ocasionará con el cambio de política. De una política subsidiaria y con importante presencia estatal, se fue hacia una orientada netamente a lo crediticio y la apuesta de la asociación público-privada, con participación de bancos y fideicomisos.
Hoy están en ejecución en la provincia alrededor de 1.800 viviendas. De ellas 746 son financiadas 100% por la Provincia y otras 1.136 con un aporte del Gobierno Nacional. Para 2018 y de acuerdo a números aportados por el IPV, fueron presentados por Chubut un total de 874 proyectos de viviendas en la provincia. De ellos, 330 corresponden a viviendas sociales para los sectores menos pudientes y el grueso de 544 casas en iniciativas a través del esquema de asociación público-privada. Todo ello aún espera ser aprobado.
En tanto se verifica una fuerte caída en el Presupuesto Nacional 2018 en lo que hace a viviendas sociales para Chubut. Este año están programados 309 millones de pesos. De ese dinero, 200 millones serán para proyectos ya en ejecución. El resto servirá para tan solo 100 nuevos hogares. A ello también habría que incorporar unas 71 viviendas de Comodoro Rivadavia por la emergencia habitacional, que ya han sido aprobadas.

Estancados

Esta situación se agrava con la baja del programa Techo Digno. De allí se había logrado un promedio de ejecución en la provincia de 1.800 a 2.000 viviendas por año. Hoy, con la baja de este plan, se redujo a un cupo de tan solo 200 casas.
Frente a esta situación, desde el IPV ya piensan en alternativas que le permitan generar recursos propios y poder responder a la fuerte demanda. La intención sería generar un fideicomiso o fondo fiduciario donde ingrese un privado que aporte el financiamiento y después participe en la venta de las construcciones habitacionales.
Vale recordar que desde mediados de 2016 que el Gobierno Nacional no firma nuevos proyectos de construcción para la provincia, lo cual generó un fuerte estancamiento, poniendo en riesgo a las cooperativas de autoconstrucción y por otro lado, impactando también en el empleo, donde en obra pública se está con la mitad de ocupación de la media histórica, al no habilitarse la ejecución de barrios.