Sin urgencia, el Gobierno revisa su plan de reformas judiciales, entre ellas, la modificación de la ley de Ministerio Público, que regula la tarea de los fiscales y el procurador. Las prioridades cambiaron tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó -oficialmente dejó el cargo anteayer- y después de que el Gobierno consiguió un Consejo de la Magistratura más afín.
El único de los proyectos de reforma judicial que estuvo incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso fue el de modificación de la ley de Ministerio Público, pero no fue tratado ni siquiera en comisión.
El macrismo anunció que volverá a incluirlo en las extraordinarias de febrero. Pero el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, adelantó en conversaciones privadas que no está cerrado que vaya a tratarse; que el Gobierno debe acordarlo primero con los fiscales, que expusieron críticas a la iniciativa cuando intentaron aprobarla, en noviembre pasado. Aquellas discusiones en torno de esta ley dejaron al bloque del PJ del Senado al borde de la fractura.

Ley de Ministerio Público

El Gobierno espera que se apruebe la nueva ley de Ministerio Público para poner en marcha después la reforma procesal penal que implemente el sistema acusatorio, que establece un proceso penal más ágil y pone la responsabilidad de las investigaciones en cabeza de los fiscales.
Durante el kirchnerismo se había aprobado el cambio de sistema, pero el oficialismo no aceptó que funcionara con Gils Carbó como procuradora -se negaban a darle ese poder- y Mauricio Macri suspendió, por decreto, su aplicación.
En paralelo, envió al Congreso una serie de reformas a aquella ley del kirchnerismo. Fueron discutidas en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, que dirige Rodolfo Urtubey (PJ-Salta). El 6 de diciembre pasado, esa comisión emitió un informe. No se sabe cuándo va a discutirse, pero el Gobierno quiere sacarlo.

Elegirán nuevo procurador

Ahora será Macri quien elija al nuevo procurador. Si no se cambia la ley de Ministerio Público, su cargo será, como el de Gils Carbó, vitalicio. «Si el Congreso no trata una ley que permita controles más democráticos del Ministerio Público, sería una pena. Pero vamos a avanzar igual en la reforma del sistema», dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Anunció que su idea es «avanzar con el acusatorio con un plan bien hecho, sin apuro». Una vez aprobada la ley, empezaría a aplicarse por el norte del país. Calculan que demorará siete años en llegar a Buenos Aires y completar su implementación.
En cuanto al procurador, el plan es que el Presidente elija a su candidato «en febrero o marzo», calculó Garavano. Después, el elegido deberá obtener el acuerdo del Senado. «Estimamos un procurador para el segundo semestre», anunció el ministro. No tienen apuro. El interino es Eduardo Casal, un funcionario de carrera, con quien el Gobierno se siente muy cómodo. Ya reemplazó a algunos de los funcionarios de más confianza de Gils Carbó.

Consejo de la Magistratura

El Poder Ejecutivo también envió el año pasado al Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Propone que el organismo esté integrado por 16 miembros (ahora son 13), que tenga más jueces y abogados, y menos representación de la política. En la actualidad, dos de los tres jueces y los dos abogados votan habitualmente con el oficialismo.
Esta reforma no tiene urgencia política. En los últimos meses, el Gobierno consiguió casi todo lo que se propuso en el Consejo. Por ejemplo, que el camarista Eduardo Freiler enfrentara un juicio político -y fuera removido- y que se aprobaran ternas de jueces que llevaban meses, e incluso años, frenadas. Entre ellas las de la Cámara de Casación (los principales candidatos son hoy Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Javier Carbajo) y la de la Cámara Federal, donde el elegido del Presidente, según fuentes del macrismo, sería Mariano Llorens.

Número de integrantes

De todos modos, el oficialismo intentará aprobar este año la reforma del Consejo, que ya fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. El macrismo sostiene que es necesaria para el «equilibrio» de los estamentos. «El mayor mérito del proyecto es que se vuelve al respeto a la Constitución», dijo el diputado y consejero oficialista Pablo Tonelli. Un dato no menor es que a fin de 2018 se eligen nuevos consejeros. Con otros nombres podría verse amenazada la mayoría que construyó el oficialismo.
Además, la Corte podría cambiarlo todo. Tiene para resolver un viejo expediente que le permitiría volver al Consejo de 20 miembros, aquel que era presidido por el presidente de la Corte. El Gobierno y los abogados que promovieron esa causa le pidieron al máximo tribunal la suspensión de los plazos, con el argumento de que el Congreso tiene a estudio la nueva reforma.
El Gobierno aspira también a seguir avanzando en 2018 con el proceso de «oralización» de los procesos civiles y con la «despapelización» de la Justicia. Entiende, en cambio, que no tiene nada más que hacer para que aquellos jueces que no pagan el impuesto a las ganancias empiecen a pagarlo (un fallo eximió a todos los nuevos jueces que ya trabajaban en el Poder Judicial). Tampoco tiene previsto acortar la feria ni alargar el horario de atención de los tribunales. Esas decisiones deberá tomarlas -o no- la propia Justicia.