Por Trivia Demir

La semana anterior cerró, tal como lo adelantamos, con el nuevo empuje dasnevista a la gestión de Arcioni y el comienzo de la campaña de Raquel Di Perna que se intentará posicionar como líder de ChuSoTo capitalizando la herencia, con vistas a un nuevo gobierno en 2019.
No debería ser diferente. Después de todo, el partido gobernante demostró en octubre mantener aún la punta electoral. Pero para ello, claro está, deberá resguardar la actual gestión que se declama como propia, pese a numerosas evidencias de cambio extremo.
En ese marco esta semana comienza con los nuevos desafíos que impone el día a día de Chubut, en medio de una coyuntura complicadísima económica y financieramente hablando para el sector público. Y en ese ámbito el Pacto Fiscal, `no nacido´, es el gran engendro del mal entendimiento sin ninguna duda.
Si la foto de la semana fue la del gobernador rodeado por un buen número de intendentes, firmando un escrito para tratar de empujar la adhesión al Pacto Fiscal que está trabado en la Legislatura, el negativo de esa foto revela que hay bastante más detrás del tema y que la cosa no se terminará con una imagen de `coincidencia´.
En la instantánea, hubo caras que lo dijeron todo: “Nos emboscaron y nos pidieron que firmáramos”, sintetizó palabras más menos un alcalde aún sorprendido por la metodología. Como si fuera poco, hubo faltazos memorables de los dos Municipios claves en tren numerológico, como el de los intendentes de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, de Trelew, Adrián Maderna y de la Capital de la Provincia, Rawson, Rossana Artero. La excusa oficial fue que estaban de vacaciones los dos primeros, pero en política se sabe que cuando se trata de cosas tan importantes donde está en juego hasta la gobernabilidad, debería haber asistido algún representante del Ejecutivo. La otra versión dice que, tanto a Comodoro como a Rawson, ni siquiera los participaron.

Toma y daca

En realidad, era sabido que, si se juntaba en una mesa el bloque duro de los alcaldes que reclaman más coparticipación, uso de un porcentaje del bono para gastos corrientes y mayor poder de decisión sobre la política provincial vinculada al futuro económico de las Comarcas, como por ejemplo la posibilidad de abrir el juego a la industria extractiva, no iba a ser sólo para aplaudir y sacarse una foto.
Precisamente la mayoría de esos jefes comunales chubutenses venían de reunirse con el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, para manifestarle su preocupación por el impacto que ocasionará en la provincia la implementación del consenso fiscal firmado entre Provincia y Nación. Uno de los grandes temores que manifestaron es ante la posibilidad de que el Estado Nacional retire los beneficios que existen sobre el precio diferencial del combustible para la Patagonia. De la misma manera, insistieron en el pedido de la diferenciación impositiva para la región patagónica. Todo esto dejó en claro la brecha entre Municipios y Provincia, mostrando en Nación que el Gobierno no contaría con consenso suficiente sobre lo que estaría decidiendo en nombre de todo el territorio provincial.

Los municipios se visualizan

Uno de los que lleva la voz cantante en esto de defender los espacios provinciales conseguidos, aunque desde su condición de Intendente, es el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. “Entendemos que debemos ponernos al frente de estas gestiones para que, entre otras cosas, las empresas vuelvan a ser competitivas y puedan sostener las fuentes de empleo”, estampó días pasado casi justificando el sostenimiento de banderas presuntamente caídas por el acercamiento de `necesidad y urgencia´ que debe implementar Provincia con Nación. En esto de aclarar posiciones sobre lo firmado por Arcioni, Sastre no estuvo sólo. También acompañaron esa posición Carlos Linares de Comodoro Rivadavia, Dante Bowen de Dolavon, Rossana Artero de Rawson, Ricardo Britapaja de Sarmiento, Ricardo Sepúlveda de Gan Gan, Omar Ancamil de Lagunita Salada, Omar Burgoa de 28 de Julio, Mario Pichiñán de Paso de Indios, Marcelo Aranda de Gastre) y Leonardo Bowman de Telsen.
Dicen que entre las promesas que impulsaría un acompañamiento de intendentes al pacto Fiscal, sólo podría prevalecer la autorización para el uso del 50% del bono de endeudamiento para gastos corrientes, y así permitirles equilibrar algo las cajas municipales.

“Esto nos quita autonomía”

Pero no sólo en Chubut, la mayoría de los intendentes se le pusieron `de manos´ a Arcioni por el Pacto Fiscal. También unos 15 jefes municipales de Buenos Aires se reunieron en La Plata, para criticar la medida de ajuste propuesta por la gobernadora y analizaron alternativas. Sostienen que si firman el acuerdo les sacará el doble de recursos que los que ingresarían. El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, por ejemplo, pidió contemplar las “situaciones especificas de cada municipio” al analizar los perjuicios que les genera el denominado “Pacto Fiscal” impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, a la vez que propusieron trabajar en la elaboración de una propuesta alternativa. “No tiramos piedras, queremos analizar la situación y hacer una propuesta que vaya para adelante, superadora”, dijo Fisher, quien destacó que los participantes de esos encuentros son “prolijos en sus municipios” y tienen “ejercicios con superávit”. Los intendentes rechazan la iniciativa de Vidal porque les recorta su autonomía y porque interpretan que implica firmarle “un cheque en blanco”.
El “pacto fiscal” que impulsa Vidal, del que es medio calcado el de Chubut, implica que su Ministerio de Economía se encargue de revisar metas de endeudamiento y gasto para luego aplicar premios y castigos a cada municipio. Mientras el artículo 1 del proyecto modifica el Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal, el segundo “invita” a adherir (a través de ordenanzas de cada concejo deliberante) y advierte el precio a pagar en caso de no hacerlo. “La adhesión es condición necesaria para la obtención de nuevos endeudamientos, de avales y de garantías para fideicomisos y para obtener ayudas financieras”, señala.

Más control sobre los Municipios

No menos rechazo genera la intención de limitar el crecimiento de los municipios en términos de gastos y empleados, que Vidal pretende condicionar al crecimiento de la población. Para los intendentes implica “desconocer el rol social y dinamizador” del empleo público, que además cumple una “función de arraigo” en las localidades. También la homogeneización de cargas tributarias perjudica a los municipios del interior, donde es más importante el cobro por mantener calles y caminos que la tasa de seguridad e higiene predominante en el conurbano.
“Se nos saca el doble de lo que entraría con este pacto”, resumió Fisher tras el encuentro. “Si firmáramos el pacto, cosa que no vamos a hacer, no podríamos hacer una negociación abierta con los empleados municipales”, graficó. “Esto nos quita autonomía para afrontar la gestión diaria y la economía de cada distrito”, agregó. “Acompañamos a la gobernadora en el reclamo para que la provincia reciba lo que corresponde, pero no acompañamos que esa plata se la saque a los jubilados”, dijo Fisher, quien también reclamó que se consideren “situaciones especificas de cada municipio” y la diversidad dentro de la provincia.

Pro y contras

El tema no es menor y amaga con ser la gran pulseada del primer trimestre de 2018. Por un lado, Nación desempodera a las Provincias negociando directamente obras y financiamiento con los Municipios, y por el otro le exige ser autoridad de contralor sobre esos mismos territorios.
De hecho, los principales puntos del Pacto que tiene que ver con los Municipios propugna:
– Establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios.
– Establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento.
– Promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional.
– Crear una base pública, por provincia, en la que consten las tasas aplicables en cada municipalidad (hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas y otros datos relevantes) y su normativa.
– Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas municipales aplicable a cada provincia y a la CABA, y sobre todo monitorear los acuerdos vinculados a empleados municipales. Temas no menores que todo indica, no se resolverá en la práctica sólo con una foto. Restarle importancia sería subestimar las autonomías municipales tanto como el instinto de supervivencia comarcal, dos temas sobre el que los intendentes deben poner la cara todos los días. Habrá que ver…