El Ministerio de Energía y Minería implementará en las próximas semanas un mecanismo temporario para poner a disposición de terceros la capacidad de regasificación, con miras a “promover una mayor competencia tanto en el upstream (producción) como en el downstream (comercialización) de la cadena de valor del gas natural”.
En ese sentido, la cartera puso a consideración de los actores sectoriales el proyecto de Regulación Económica del GNL, que apunta además a “garantizar la seguridad del abastecimiento de gas en el país, al diversificar las fuentes de suministro”.
La intención es “garantizar el uso eficiente de la infraestructura y prevenir comportamientos estratégicos de bloqueo de capacidad”, según el documento que el Ministerio publicó en su página de Internet.
En ese sentido se consideró “necesario facilitar la existencia de un mercado secundario de capacidad, donde el titular de la capacidad primaria pueda negociar libremente la cesión del derecho de su uso a un tercero”.

Los objetivos

El objetivo de la regulación es “la libre negociación de la capacidad”, señala el documento elaborado por las subsecretarías de Exploración y Producción, y de Escenarios y Evaluación de Proyectos.
Ese nuevo marco debería estar acompañado de “un mecanismo de reasignación forzosa de la capacidad, en caso de que algún usuario no informe al operador de la planta de GNL, con un plazo determinado de antelación a la fecha de cierre del slot correspondiente para el uso de la capacidad”.
“Con esta estructura se procura impedir que un usuario bloquee por motivos estratégicos el ingreso de gas natural al sistema de transporte”, sostiene el proyecto.
El documento recuerda que tras la crisis de los años 2001-2002 el país volvió a convertirse en un importador neto de gas natural, en un primer momento para cubrir los picos estacionales de consumo en invierno, aunque a partir de 2007 las importaciones “se volvieron parte estructural del abastecimiento”.
Eso se debió “a la creciente divergencia existente entre una demanda creciente, con propensión al sobreconsumo por la presencia de subsidios, y el declino en la producción local de gas natural, debido a la insuficiencia de inversiones, en un contexto de distorsiones de precios”.

Importaciones

En los últimos cinco años, puntualiza el documento, el país importó entre 20 y 25% de su consumo de gas natural, mientras 50-55% de esas importaciones provinieron de la regasificación de Gas Natural Licuado (GNL o LNG según sus siglas en inglés).
“Diferentes escenarios posibles de demanda y producción local indican que las importaciones continuarán siendo una fuente estructural de la oferta de gas natural, al menos en el corto plazo”, agrega la propuesta de regulación.
La capacidad de importación de gas natural, así, “continuará jugando un rol importante en el abastecimiento de la demanda interna, aún cuando la utilización de dicha capacidad pueda verse reducida por el aumento de la producción local”.
En la actualidad, el GNL se introduce en el mercado local a través de las plantas de regasificación ubicadas en Escobar y en Bahía Blanca, que proveen gas natural para cubrir principalmente los picos estacionales de consumo en invierno, aunque en el pasado también respondieron a períodos de consumo base y mantienen su disponibilidad en caso de picos de demanda estivales.
“Estas plantas fueron estructuradas con un modelo de gestión cerrado, que no contemplaba la posibilidad de que terceros utilicen parte de la capacidad de regasificación”, describe el documento.
Bajo el modelo actual, que se busca modificar, la compañía con capital mayoritario estatal YPF opera, mantiene y gestiona las plantas por encargo de la también estatal Enarsa, que comercializa el gas empaquetado con el servicio de regasificación en el mercado regulado, con facultades sobre el despacho de gas a diferentes sectores.