El Gobierno Nacional dispuso la reducción de entre 20% y 40% la tarifa máxima del servicio de pilotaje y practicaje en los puertos del país para aumentar la competitividad del sector portuario, mediante la resolución 9-E/2018 publicada esta semana en el Boletín Oficial.
La medida fue tomada luego de la audiencia pública del 12 de diciembre pasado para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, uno de los costos logísticos que paga el productor por el traslado de sus productos desde y hacia los puertos fluviales.

Participó Chubut

La audiencia pública, la primera de estas características en 25 años, contó con el apoyo de los gobiernos de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
Además del nuevo cuadro tarifario, que se actualizará anualmente, para garantizar mayor eficacia y regularización, en la audiencia se acordó con todos los actores del sector consideraciones relacionadas con la eliminación de las limitaciones en el coeficiente máximo a aplicar, y una bonificación especial para aquellas empresas con mayoría de capital nacional.

Sector estratégico

En un comunicado difundido, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, señaló al respecto que “desde el primer día definimos con el Presidente (Mauricio Macri) el espacio estratégico que tiene el sector de los puertos y las vías navegables para el desarrollo del país”.
“Durante muchos años fue abandonado, desatendido. Ya no más. Queremos nuevas reglas claras, que aseguren la competitividad de un servicio que es fundamental para la seguridad de la navegación. Una Argentina competitiva, es una Argentina que crece”, afirmó.
El Gobierno Nacional ya realizó importantes avances en el desarrollo del servicio de practicaje como fueron la limitación de la responsabilidad civil, lo que puso al práctico en igual de condiciones con el resto de los profesionales. Además, en conjunto con Prefectura Naval, se mejoró los márgenes de seguridad de navegación en el servicio, según se informó oficialmente.

Mayor competitividad

Por su parte, Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, destacó que “esta medida resulta fundamental para lograr mayor competitividad en el servicio de practicaje y pilotaje en todo el país”.
“Venimos de décadas donde el servicio estaba desregulado y la problemática se incrementaba año a año. Realizamos una Audiencia Pública y ahora estamos fijando las tarifas máximas, reduciendo entre un 20 y un 40 por ciento las tarifas, lo que provoca una mejorar los costos logísticos, transparencia en el mercado y un paso más para que todo el sector portuario siga creciendo”, aseguró Metz.
“Poner en vigencia la reglamentación en las tarifas máximas del servicio va a potenciar el practicaje y permitirá la transparencia de todo el sector. Queremos que todos tengan las mismas oportunidades, con medidas claras que buscan una mayor competitividad, y acompañadas de inversiones que mejoren la infraestructura en los puertos», destacó.

Discrecionalidad

Hasta 1991 la retribución por los servicios de practicaje se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose al Estado la facultad de imponer tarifas máximas, lo que se hizo por última vez en 1992.
Hoy la tarifa se encuentra desactualizada e inobservada por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra, no existe oferta competitiva y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores; todo esto incide directamente en el costo logístico argentino, indicó el comunicado de Transporte.

Seguridad de la navegación

El gran avance normativo es que el reglamento de practicaje y pilotaje deroga la inversión de la carga de la prueba para el profesional. Hasta ahora se establecía que el práctico era responsable por los accidentes o daños resultantes de su asesoramiento salvo prueba en contrario. Era él quien debía demostrar su inocencia en lugar de ser el estado, a través de los organismos competentes, el encargado de demostrar su responsabilidad. El nuevo ordenamiento coloca en un plano de igualdad al práctico con el resto de los profesionales, y salvaguarda los principios constitucionales de inocencia y defensa en juicio. Queda pendiente, eso sí, la limitación de la responsabilidad, que será incluida en la Ley de Marina Mercante que se debate en el congreso.
A su vez, se reconoce que el práctico puede no estar en condiciones de prestar un servicio por razones de salud. En este caso se exige que para que el mismo se reintegre, apruebe el examen físico en la Prefectura Naval Argentina, toda vez que el servicio es esencial para la seguridad de la navegación.