El subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y el ministro Coordinador de Chubut, Sergio Mammarelli, firmaron ayer un convenio por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) prestará 400 millones de pesos para atender necesidades financieras de la provincia.
Por medio de este acuerdo, que se enmarca en el Programa de Convergencia Fiscal, la provincia se compromete a implementar una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley N° 25.917) y sus modificatorias.
Asimismo, el estado provincial se responsabilizará a proveer, a través de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, la información necesaria para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas.
En la firma estuvo presente también el director ejecutivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, Fabián Dall’o.

Giros a las provincias

En otro orden de cosas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS transferirá entre el sábado 20 y el miércoles 31 próximos, $ 19.562,55 millones del préstamo que es parte de la devolución escalonada del 15% de coparticipación de impuestos, que retenía desde 1992 el organismo previsional a las 21 provincias que no iniciaron juicio por esa causa.
Con las provincias que sí iniciaron juicio, al Gobierno le queda pendiente negociar la deuda con Santa Fe hasta el 31 de marzo, según lo previsto en Consenso Fiscal; esperar la resolución de la Corte en el caso de San Luis; y emitir el bono previsto en el pacto fiscal para pagarle a Córdoba.

Transferencias automáticas

En tanto, desde este sábado 20, la ANSeS comenzará la transferencia automática de las cuotas mensuales a las doce cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación, hasta completar los $ 12.000 millones presupuestados para financiar sus déficits este año. En tanto, pasó a los primeros días de febrero la negociación para pagar el saldo del rojo de 2017 para esas mismas cajas que quedó pendiente. Menos Córdoba, que ya firmó su acuerdo de pago.
La transferencia del FGS es por la tercera cuota del préstamo, que se regularizará en 2020. Y se adicionará al préstamo de $ 42.342 millones que había otorgado al tercer trimestre de 2017, un 3,9% de la cartera.
Las provincias, además, recibirán el 9% de los fondos coparticipables que se transferirán durante el año.
Según detalló el FGS, la provincia de Buenos Aires recibirá $ 4905 millones; la Ciudad de Buenos Aires, $ 1475,46 millones; Chaco, $ 1114,37 millones; Entre Ríos, $ 1090,65 millones; Tucumán, $ 1063,07 millones; Mendoza, $ 931,88 millones; Santiago del Estero, $ 923,17 millones.
Además, a Salta se le acreditarán $ 855,86 millones; a Corrientes, $ 830,7 millones; a Formosa, $ 813,27 millones; a San Juan, $ 754,68 millones; a Misiones, $ 738,25 millones; a Jujuy, $ 634,64 millones; a Catamarca, $ 614,77 millones.

353 millones para Chubut

También se transferirán $ 563,47 millones a Río Negro; $ 462,3 millones a La Rioja; $ 419,71 millones a La Pampa; $ 388,15 millones a Neuquén; $ 353,28 millones a Chubut y otro importe igual a Santa Cruz y $ 275,91 millones a Tierra del Fuego.
Esas transferencias son el resultado del convenio firmado con las provincias en 2016, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional descontar los 15 puntos para financiar a la ANSeS.
Ese año se comenzó pagando en efectivo tres de los 15 puntos de coparticipación que la Nación debe devolver a las provincias más un préstamo del FGS por 6 puntos. Este año el acuerdo prevé la transferencia de 9 puntos en efectivo y un préstamo por 3 puntos. En 2019, se pagará en efectivo el 12% y se liberará el préstamo por el 3%. En 2020, la Nación transferirá el 15% de coparticipación.
El crédito del FGS se comenzará a pagar en 2020. Se cancelará de manera semestral, en cuatro años y tendrá una tasa de interés subsidiada de 15% en 2016 y 2017, y de 12% en 2018 y 2019.
Por otra parte, a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, que reclamaron judicialmente la devolución de los fondos, ya no se les retrae el 15% de coparticipación.

Por haber obtenido sentencia firme, Santa Fe debe negociar el monto y forma de pago de la deuda, con tiempo hasta el 31 de marzo próximo, según lo previsto en el consenso fiscal. La provincia gobernada por Roberto Lifschitz estimaba la deuda en unos $ 49.840 millones a julio pasado, cuando propuso que se le abonara en efectivo $ 7500 millones en 2018 y otro monto similar en 2019 y el resto en títulos públicos.

San Luis fuera del pacto

San Luis no firmó el consenso fiscal y el acuerdo está judicializado: se espera un fallo de la Corte para definir la tasa de actualización de la deuda que la lleva a $ 17.000 millones para la provincia considerando la tasa activa. Además, la provincia tiene pendientes otros 13 juicios por unos $ 23.000 millones, según datos del Estado puntano.
Córdoba sí firmó el Pacto Fiscal y renunció al juicio que tenía pendiente por la retención de estos fondos. Será compensada con el bono que la Nación va a emitir para todas las provincias que renunciaron a los pleitos. Según el Gobierno, hay tiempo hasta junio para emitir el título a 11 años que genere servicios de $ 5000 millones este año y $ 12.000 millones desde 2019, a distribuir según el régimen de coparticipación.

Las provincias pierden poder sobre el manejo de fondos para viviendas sociales

Con la firma de Domingo Amaya, el Gobierno anunció el lunes a través del Boletín Oficial la creación de un nuevo sistema de adjudicación de las viviendas sociales. No se realizará por sorteo, sino a través de una evaluación por parte del Estado.
Desde la administración de Mauricio Macri determinaron a través de la Resolución 1-E/2018, con la firma del secretario de Vivienda y Hábitat y ex intendente, Domingo Luis Amaya.
Según indicó la agencia Noticias Argentinas, se creará una base de datos de las personas interesadas en acceder a este tipo de viviendas y las solicitudes se procesarán a través del Plan Nacional de Viviendas, creado el 15 de marzo de 2017 en el ámbito del ministerio del Interior.
El ex intendente tucumano indicó que el SIGEBE tendrá como finalidad «ser una herramienta tecnológica de registro, identificación, selección y/o adjudicación de beneficiarios, a los fines de conocer y validar la demanda de soluciones habitacionales y futuras adjudicaciones que se realicen en la Argentina».
En una nota, el diario La Nación expresó que si bien la propuesta no es obligatoria, «será necesaria para que los Institutos Provinciales de la Vivienda (IPV), que dependen de los gobernadores y manejan la construcción de casas para los sectores menos favorecidos, reciban fondos del gobierno nacional para financiar obras en su territorio».