Más plata para la educación no significa necesariamente mayor igualdad educativa. Un estudio del Cippec revela que persiste una fuerte inequidad en el gasto entre las diferentes provincias que vulnera el derecho igualitario a la educación. Entre 2005 y 2015, los fondos para el sector pasaron del 4,2% al 6,6% del PBI, pero el gasto por alumno, el salario docente y los fondos para la enseñanza difieren notoriamente entre los distritos. Chubut aparece entre las primeras en gasto por alumno. Con este escenario, las provincias deben negociar salarios con los gremios ante la amenaza del no inicio de clases en 20 días.
El estudio sobre el financiamiento de la educación pública en nuestro país que hizo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Inequidad y el Crecimiento
consigna que aunque entre 2005 -año en que se promulgó la ley de financiamiento educativo (LFE)- y 2015 el presupuesto del área aumentó en más del 50%, pasando del 4,2% al 6,6% del PBI, persiste una fuerte inequidad en el gasto entre las diferentes provincias que vulnera el derecho igualitario a la educación.
La desigualdad se observa en tres ítems: el porcentaje de los fondos que cada provincia destina a la educación, el sueldo docente y la inversión por alumno que asiste a una escuela estatal. El análisis llega solo hasta 2015, porque ese fue el último año que el Ministerio de Educación de la Nación publicó información al respecto.

Inversión por alumno

El apartado sobre la inversión por alumno es uno de los puntos fundamentales. «Es lo primero que uno tiene que mirar, porque mide comparativamente cuánto reparte el Estado en cada provincia, según la cantidad de alumnos que tiene. Eso nos muestra la desigualdad del federalismo argentino», explica Axel Rivas, doctor en Ciencias Sociales especializado en educación y uno de los autores de la investigación del Cippec.
Es aquí donde aparecen las diferencias mayores: a la cabeza del ranking están Tierra del Fuego ($75.459), Santa Cruz ($64.948) y Neuquén ($56.726), mientras que en el extremo inferior se ubican Corrientes ($20.361), Salta ($20.275) y Santiago del Estero ($16.070). El promedio nacional está apenas por debajo de los $30.000 invertidos anualmente en cada estudiante que cursa en una escuela pública.

Salarios testigos

La desigualdad persiste en el caso del salario docente. En los primeros lugares se encuentran Santa Cruz ($23.350), Tierra del Fuego ($21.772) y La Pampa ($17.283), y en los últimos, Catamarca ($10.747), Formosa ($10.398) y Santiago del Estero ($9471). Las cifras corresponden al sueldo de una jornada simple de nivel primario con 10 años de antigüedad. Mientras que entre 2011 y 2015 los salarios reales docentes tuvieron un aumento nacional promedio del 5%, en 2016 sufrieron una caída por ese mismo porcentaje. Es decir que ese año, los docentes volvieron al nivel salarial de 2011.
Hay un patrón que se verifica tanto en el gasto por alumno como en el nivel de sueldo de los maestros: las provincias patagónicas aparecen en las primeras posiciones y las del norte, en las últimas. Como el costo de vida -por razones históricas, logísticas y estructurales- es más alto en la Patagonia que en el noroeste argentino o en la región del Chaco, podría suponerse que esa es la razón principal para explicar tales diferencias. Rivas es muy claro al respecto: «El costo de vida es una dimensión para incorporar, aunque lamentablemente no hay datos comparativos disponibles sobre las provincias. Sí sabemos que hay variaciones, pero de ninguna manera explican las diferencias [en inversión educativa] que se observan, porque estas son muy amplias».

Esfuerzo educativo

El indicador del esfuerzo educativo financiero revela el porcentaje de los fondos que cada provincia destina a la educación. En el podio se ubican l Buenos Aires (36,1%), Río Negro (33,2%) y La Pampa (32,9%), mientras que las más rezagadas son Formosa (23,3%), la ciudad de Buenos Aires (22,4%) y, otra vez, Santiago del Estero (20,1%).
Son números que de alguna manera echan luz sobre la prioridad política que cada distrito le otorga al tema y sirven para matizar los datos duros de salarios e inversión por alumno. El caso paradigmático es el de Buenos Aires, que destina más de un tercio de sus ingresos fiscales al financiamiento de la educación y, sin embargo, apenas alcanza a invertir unos $27.627 anuales por estudiante, por debajo del promedio nacional y lejos de las primeras posiciones.
«Si la inversión de una provincia es baja no es necesariamente porque invierta poco. Desde hace muchos años Buenos Aires hace un esfuerzo grande, pero tiene una inversión por alumno baja, porque tiene muy pocos recursos estatales -explica Rivas-. Es, por lejos, la provincia más pobre del país».

Cuestión distributiva

Según el estudio del Cippec, hay razones profundas que explican las diferencias de fondos disponibles que dependen de la estructura productiva y la riqueza de cada provincia, pero, sobre todo, de la coparticipación, es decir, de la distribución de dinero que hace la Nación.
La forma en que el Estado nacional invierte en educación cambió con las promulgación de la LFE (2005), que establece un piso del 6% del PBI para Educación, Ciencia y Tecnología. Del total del presupuesto educativo nacional, un 17% depende de los llamados fondos salariales: el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensaciones Salariales (FCS). Con esa plata, el Estado nacional colabora con las provincias en el pago de los sueldos, que en 2015 se llevaban el 79% del presupuesto educativo de cada distrito.
Los fondos salariales tienen alcances distintos. El Fonid fue pensado para mejorar el salario básico atrasado, pero, en palabras de Rivas, «no contempló las desigualdades existentes entre las provincias» porque se distribuye de forma igualitaria entre todas ellas. El FCS se creó para nivelar esa inequidad, pero según consigna el informe del Cippec «no ha tenido criterios transparentes de distribución».

Gastos e inversiones

En 2016, a pesar de la reducción en términos reales del gasto en Educación, se incrementó la inversión en Fonid a costa de las partidas de otros fondos educativos.
«En los últimos años hubo un descenso del FCS con respecto al Fonid. Esta visión amplía las desigualdades entre las provincias», dice Rivas. Y añade: «No estamos hablando de aumentar los recursos para la educación; hay un mecanismo concreto que ya existe para repartir mejor. Creemos que hay que ir en la dirección opuesta a la que se está yendo: aumentar el FCS y disminuir el Fonid. Hacer eso significa enfrentarse a los problemas del federalismo».

Peligra el inicio de clases en varios distritos

La mayoría de las provincias inicia por estos días las negociaciones paritarias con los gremios docentes que rechazan el techo del 15% que pide la Casa Rosada para el aumento salarial, en un contexto en el que los gobiernos contarán con menor margen de maniobra por la reducción de fondos que les implicará el Pacto Fiscal.
Gremios docentes de Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos, Neuquén, Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y Chubut ya anticiparon que no iniciarán el ciclo lectivo, previsto para el 5 de marzo, si aún para esa fecha falta un entendimiento con los gobernadores. Los mandatarios provinciales arrancan el año escolar presionados. La calificadora estadounidense Moodys ya advirtió que la Reforma Tributaria (producto del Pacto Fiscal) tendrá inicialmente un impacto negativo sobre las finanzas de las provincias, que tendrán que salir a endeudarse más para salir a flote.