El apoderado de Red Chamber Argentina, Eduardo Navarro, denunció ante la Secretaría de Trabajo de Chubut que el Sindicato de la Industria de la Alimentación violó la conciliación obligatoria al bloquear con piquetes el ingreso a la planta, e imposibilitar la salida de contenedores al puerto para su exportación.
El gremio de la Alimentación reclama que incorporen más personal, y desde RCA aseguran que tienen casi 400 trabajadores, mientras que la ley por medio de la cual el gobierno se hizo cargo de los bienes y los arrendó a la empresa exigía 250 empleos.
En primer lugar, es preciso recordar que el reclamo que motivó la medida de fuerza tomada por STIA el 16 de febrero del corriente, implicó el posterior dictado de una conciliación obligatoria vigente a la fecha, “encuentra aparente fundamento en el supuesto incumplimiento empresarial de otorgar fuentes de trabajo conforme el listado de trabajadores, tal como se desprende del acuerdo primigenio suscripto con autoridades provinciales, en tanto la empresa a la fecha se burla del acuerdo suscripto, por lo cual solicitan la inmediata incorporación de los trabajadores”, aducían desde el gremio al desatar el conflicto. Fue lo que dijo Luis Emilio Núñez en la delegación Puerto Madryn de la Secretaría de Trabajo, organismo que dictó a posteriori, la conciliación obligatoria, que más tarde el STIA violentó.

Arrendamiento de bienes

Red Chamber Argentina SA hizo saber a la cartera laboral que “para analizar el reclamo de la entidad sindical, huelga recordar que la Legislatura de Chubut, con fecha del 19 de junio de 2014, sancionó la Ley Provincial 527, por medio dela cual declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes pertenecientes a la empresa Alpesca, incluyendo buques y la planta de procesamiento de Puerto Madryn”.
Eduardo Navarro señaló en la presentación que la única referencia que se hiciera en relación a los trabajadores dependientes de dicha empresa, se hizo a través del artículo 5 de dicho cuerpo legal, por medio del cual se dispusiera que la explotación de las unidades productivas expropiadas se deberá llevar adelante con trabajadores dependientes de la firma Alpesca que mantengan vigente el vínculo laboral con la firma, debiendo respetarse las mismas condiciones laborales que éstos mantienen, con excepción de aquellos que perciban sus indemnizaciones por antigüedad en un eventual proceso de quiebra o pago de las indemnizaciones a través del monto abonado por el Estado a través de la expropiación.
“El acuerdo primigenio al que hace referencia el STIA es el Contrato de Arrendamiento de Bienes y Charteo de Buques firmado el 18 de diciembre de 2014 por medio del cual se convino celebrar un contrato de locación para explotar los bienes y buques, de modo tal que la Provincia de Chubut entregó la posesión y administración de los bienes a Red Chamber para que esta los opere y reinicie la explotación”, recordó el apoderado de la firma.

La ley exige 250 empleos

“A fin de sostener el plan de trabajo sustentable en el tiempo que permite la generación inmediata y sostenida de la explotación y del empleo, la provincia otorgó un total de cinco permisos de pesca provinciales para embarcaciones menores a 21 metros de eslora y dos autorizaciones de captura experimental de centolla. Para el procesamiento de la captura, la empresa (Red Chamber) deberá ingresar un total de 50 cincuenta empleados por cada uno de los permisos provinciales para embarcaciones menores de 21 metros de eslora, sin incluir en cálculo al personal de mantenimiento, embarcado, vigilancia y auxiliares”, citó Eduardo Navarro.
“De tal forma, el único compromiso que asumió RCA a través del acuerdo, fue incorporar un total de 50 empleados por cada uno de los permisos provinciales. La provincia comprometió cinco permisos lo que arroja un resultado total de 250 trabajadores”, esclareció al rechazar las demandas del STIA.

No hay libre despacho

Posteriormente, con el gobierno se firmó en septiembre de 2017, un acuerdo de colaboración conjunta entre la Provincia y RCA, que está referido a la recuperación de los buques que pertenecían a Alpesca sucumbidos en la tormenta de 2014. En el pacto de alquiler las partes acordaron que RCA incorporaría, en una primera etapa, hasta un máximo de 28 trabajadores del SOMU, una vez que RCA obtenga disponibilidad y libre despacho de los barcos pesqueros por parte de la Prefectura Naval a zona de pesca, y 15 trabajadores del STIA bajo la modalidad contractual eventuales, a libre elección de RCA.
“A diferencia de lo que acusara STIA en la audiencia del 19 de febrero, en la actualidad RCA no cuenta con libre despacho a zona de pesca respecto de ninguno de los buques, de modo tal que no deviene exigible el compromiso asumido. Por lo tanto, no hubo ni hay motivación que aporte sustento fáctico o legal a los reclamos que formula STIA”, refutó Navarro.

“Serio riesgo las fuentes de trabajo”

La empresa RCA realizó otra presentación denunciando “que en los hechos se ha concretado la violación de a conciliación obligatoria vigente dado que la firma «no puede extraer de su establecimiento productos para exportación, no pueden salir camiones con contenedores, con el perjuicio económico y operativo que ello conlleva, poniéndose en serio riesgo las fuentes de trabajo de los trabajadores que el STIA representa y violentándose tajantemente derechos de raigambre constitucional”, agregaron.