Agazapados

En medio de las frenéticas negociaciones que hubo en las últimas semanas, entre el gobierno y los diputados opositores, para que la Legislatura trate y apruebe el Pacto Fiscal y la Ley de Emergencia Económica, el Gobernador de la Provincia denunció públicamente a “extorsionadores” que serían “dos o tres personajes que quieren hacer uso de la vieja y mala política que se piensan que conmigo lo podrán hacer, pero están equivocados”, sentenció. Mariano Arcioni fue más allá y les avisó: “algunos piensan en la política para cuestiones personales, conmigo esas personas no van a tener lugar”.
En ese tono, el gobernador aseguró que una de esas personas aludidas es el diputado provincial Alfredo Di Filippo, de Convergencia, al que definió como “lo más nefasto que hay en la política de Chubut”.
Fue en ese marco que trascendió que “El Peludo” condicionaba el acompañamiento a la sanción del paquete de leyes a poder meter una pata y tener injerencia en el control y manejo de la Secretaría de Pesca, principalmente, en la definición del otorgamiento de los apetecibles y jugosos permisos de pesca de langostino, ese bigotudo crustáceo naranja que deja millones en billetes de color verde.
Por su parte, el ex intendente de Puerto Madryn, Carlos Tomás Eliceche, “ofreció” al gobierno las manos de los legisladores que le responden a cambio de quedarse y volver a tomar el control de la Administración Portuaria de Puerto Madryn. El apuro del ‘plumífero’ por quedarse con el manejo del principal puerto de Chubut se da en coincidencia cuando la intervención de la APPM planteó e inició acciones para intensificar fuertemente las medidas de control y lucha contra el “narcotráfico”. Todo un dato.

Mutio ¿conducción?

La mesa de conducción del PJ, que preside Ricardo Mutio, impartió instrucciones a los diputados del FPV para que acompañen el Pacto Fiscal y la Emergencia Económica en sesión extraordinaria. El pronunciamiento fue el mismo día que estaba convocada la sesión extraordinaria, pero ninguno de los legisladores de ese sector dio quórum, y la orden de Mutio quedó desdibujada.
La conducción dejó en claro que no está a favor de éstas medidas, pero entienden que en este contexto de crisis, Arcioni necesita herramientas para gobernar.
“El Partido Justicialista no comparte en absoluto el Pacto Fiscal ni la Ley de Emergencia, pero ello no es óbice para analizar la difícil y grave situación que estamos inmersos todos los chubutenses”, decía el comunicado. “A lo largo de la historia hemos hecho todos los esfuerzos para fortalecer el sistema democrático, le decimos al Gobernador que vamos a acompañar la gobernabilidad y para ello le vamos a brindar los instrumentos que requiere para poder sacar a ésta Provincia adelante de las que se encuentra inmersa, alegaban al tiempo de decirle a sus soldados: “confiamos en que los legisladores del PJ-FPV estarán a la altura de las circunstancias, porque como decía Perón: Primero está la Patria”. Parece que no.

Rebelión en la granja

El jefe de bloque FPV, Javier Touriñán, se fastidió con el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares y con el líder petrolero Jorge “Loma” Avila por el apoyo que brindaron al gobernador Mariano Arcioni por el paquete de leyes. Dijo que se trató de un “contubernio” y reprochó al jefe de la urbe petrolera de contradecirse porque había pedido a los legisladores que no aprueben el pacto. “Hay dirigentes que hoy parecen conversos”, disparó.
También le respondió a Loma Avila, quien se mostró como “la garantía de que Arcioni termine el mandato. Nadie está poniendo en duda que Arcioni es el gobernador y nadie quiere voltear a Arcioni. Nadie está queriendo que haya un cambio de gobernador en la provincia. No sé qué es lo que ve Avila”, cruzó al peso pesado de los petroleros.
Asimismo, Touriñán desacreditó el pedido del presidente del PJ, Ricardo Mutio, para que los diputados aprueben el Pacto Fiscal y la Emergencia. Replicó que “nunca consultó a la mesa ejecutiva del partido”. “No podemos ser cristinistas a ultranza por un lado en los papeles y en la foto, pegando carteles de Cristina, y por otro lado ir en contra por ejemplo de la reforma previsional”, contraatacó. Después del fracaso de la extraordinaria, Touriñán dejó al desnudo las diferencias que existen entre el líder justicialista Carlos Linares y los diputados del FPV, que se negaron a sacar las leyes que pedía el Ejecutivo.

País tras las pisadas de Macri

A través de un nuevo proyecto de comunicación, el senador chubutense Juan Mario Pais requirió al Gobierno nacional que, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, informe sobre los contratos de servicios de consultoría realizados desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha por parte del Sector Público Nacional.
En este sentido, el legislador patagónico solicitó información sobre los órganos y entes públicos que utilizaron esta modalidad contractual en el período señalado, el objetivo de cada contratación con sus respectivos montos, los mecanismos de selección en cada contratación, y los socios que integran las firmas en aquellos casos donde los servicios se hubieran celebrado con una empresa privada y el monto de cada contratación.
Recientes investigaciones periodísticas dieron cuenta de una proliferación de la contratación pública a través de la modalidad de “consultorías”, e informaron que el Gobierno lleva gastados en la materia $174 millones de pesos entre 2016 y 2017, motivo por el cual el senador nacional consideró necesario “conocer de manera exhaustiva y desagregada qué áreas del Sector Público Nacional utilizaron este tipo de contrataciones y para qué fines”.
A raíz de esto, Pais aseguró que “la contratación pública es identificada muchas veces como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción, ya que plantea oportunidades para que los funcionarios, en colusión con los particulares, desvíen fondos del erario para la obtención de ganancias en provecho de ambos”.
“Un tema sensible para la sociedad es que la gestión pública se realice con transparencia y evitando que se susciten conflictos de intereses, sobre todo en este tipo de contrataciones que pueden utilizarse de manera impropia, por ejemplo, para la contratación de personal estable”, agregó el legislador chubutense.