El camarista de Trelew Alejandro Defranco calificó de “prensa barata” a los medios que difundieron el fallo de la Cámara Penal que integra y que benefició a un abusador de menores con una pena de 30 horas de trabajo comunitario. Además, trata de “idiotas” a los lectores que lo critican.
Esta semana, el Ministerio Público Fiscal apeló la polémica medida y ahora deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia si enjuicia al sexagenario que abusó de dos nenas y los camaristas lo beneficiaron con “tareas comunitarias”

Fastidio de Su Señoría

Defranco utilizó las redes sociales para cuestionar con dureza a la prensa por ventilar la sentencia que generó una amplia repercusión, polémica y repudio. Se trata de un fallo de la Cámara Penal de Trelew que benefició a un abusador, al hacer lugar a la suspensión de un juicio y otorgarle una “probation” que consiste en 30 horas de trabajo comunitario. El juez de la causa había pedido la elevación a juicio. Y esta semana, la fiscalía presentó una apelación al fallo de la cámara.
A Defranco le molestó la trascendencia que tuvo el tema. Más que en la prensa, en la gente que opinó sobre el fallo. Más allá de la repercusión mediática, hubo otra más importante y estrictamente judicial, cuando el Ministerio Público Fiscal de Trelew presentó un recurso de impugnación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut para que se anule la decisión de la Cámara y el acusado finalmente sea sometido a un juicio oral.

Abusó de dos nenas

La cámara que integran además de Defranco, Omar Florencio Minatta y Adrián Barrios hizo lugar al pedido de la defensa de un hombre de 66 años que abusó de las nietas de su pareja, de 10 y 11 años durante un tiempo prolongado. Rechazó el pedido del juez Sergio Pineda de elevar la causa a juicio y lo benefició con una probation: 30 horas de trabajo comunitario en el lapso de 1 año y medio.
Los comentarios más duros los hizo en su perfil de Facebook, en donde escribió en términos descalificadores sobre la prensa e interpretó que la nota era una crítica «sin saber siquiera de qué se está hablando».

No acepta críticas

El juez se hizo tiempo para escribir en su perfil de la red social un duro comentario sobre la prensa en general. Los textos decían cosas tales como «hay prensa independiente… hay prensa cara…. y hay prensa barata… qué es lo que ganan criticando fallos sin saber siquiera de que se está hablando?», cuestionó Defranco.
Pero siguió en su crítica: «Prensa barata no puede analizar solo repite entre comillas sin siquiera opinar, pero tendenciosa ella -la prensa barata- exalta las palabras que más ruido harían a mi mamá, a mi abuela, al destinatario -que por creerlo idiota- le manipulan la opinión».
Y agregó sobre el final: «Si la prensa -la barata- hiciera una buena editorial generaría opiniones encontradas, tal vez, pero la prensa -la barata- sólo quiere imponerle -al destinatario que no puede pensar- su opinión sobre un caso que ni siquiera entiende… pero para la prensa -la barata- cree que vende más ejemplares porque su destinatario -el idiota- necesita que le explique cómo funciona el sistema que no le da seguridad… ay ay de ay… pobre horizonte empresarial», concluyó Defranco.

La Procuración pidió que el Superior Tribunal anule el fallo

La fiscal general Silvia Pereira el recurso extraordinario de impugnación que presentó para apelar el fallo de la Cámara Penal de Trelew, integrada por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Omar Minatta, mediante el cual se le otorgó al abusador sexual de dos nenas la suspensión de juicio a prueba, beneficio que había sido denegado por el juez Sergio Piñeda. Le impusieron 30 horas de trabajo comunitario.
Silvia Pereira confirmó que por instrucción del Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, “recurrí el fallo es porque no estoy de acuerdo con los términos”.
La herramienta para impugnar la sentencia fue presentada el mismo lunes pasado en la Oficina Judicial. “La esperanza nuestra es que el Superior Tribunal de Justicia anule el fallo de Cámara y podamos llevar a juicio el caso y procurar una sanción para el imputado”, expresó.
La fiscal explicó que la “suspensión del juicio a prueba”, con el que los jueces beneficiaron al imputado, “es un instituto que se aplica por el cual se suspende el proceso penal. Se lo somete al imputado a una serie de condiciones, de normas impuestas por la Cámara, por ejemplo: un tratamiento psiquiátrico que no lo definen bien”. En definitiva “evita el juicio. A la persona, luego de cumplir las pautas por el término que se le otorga, se le extingue la acción penal y no le queda ningún tipo de condena”, señaló.
Por esa razón, tal como apuntó Pereira, “el Ministerio Público Fiscal insiste en llevar a juicio la causa. Porque lo que procuramos obtener acá es una sanción. Que quede antecedente condenatorio, más allá o no que sea en libertad o no la pena. La pena arranca de 6 meses a 4 años”, sostuvo.