Uno de los pedidos más frecuentes en las distintas ciudades del país es la baja en la edad de imputabilidad de los menores, principalmente, a raíz de muchos casos en los cuales, adolescentes se constituyeron como autores de delitos aberrantes, pero que no pudieron ser juzgados, o bien quedaron en libertad tras ser institucionalizados por ser menores.
En Chubut, uno de los casos más emblemáticos fue el de Gustavo “Rocco” López, atropellado a principios de 2017 por un menor de 17 años que conducía una camioneta robada; la víctima se dirigía hacia su trabajo y fue embestida por una pickup, manejada por el sujeto, que había tenido al menos unos doce ingresos en comisarías desde los catorce años.
Finalmente, López falleció a causa de las graves heridas, y ello encendió un debate respecto de la edad de imputabilidad y por qué, con tantas causas, el sujeto luego sindicado como autor del homicidio, se encontraba en libertad.
Más cerca, en Puerto Madryn, el homicidio de René García, ocurrido el 20 de noviembre de 2016, conmocionó a la comunidad local, luego de que el conocido vecino falleciera en las inmediaciones de la zona oeste muriera tras ser golpeado salvajemente con una botella, sin razón aparente, por un muchacho que en aquél momento tenía 16 años.
En un juicio abreviado, el joven reconoció su culpabilidad y se le dictó una “sentencia de responsabilidad”; fue alojado en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), ubicado a la vera de la Ruta Nacional 3; hoy se encuentra libre.

El crimen de “Cebollón”, una “bisagra”

Consultado al respecto, el titular de la Asociación Víctimas de la Delincuencia, Ángel Gersi, planteó que “son muchos los casos que han pasado y la verdad es que uno mira y ha habido algunos que han tenido un buen final, o sea algo positivo para la familia, y otros que no”.
Sobre este punto, mencionó que “la observación que nosotros venimos haciendo hace un tiempo largo es que no estamos muy conformes con la cantidad de años que se están dando; hemos visto casos en los que le da 10 o 12 años a una persona por sacarle la vida a otra; también, miramos atrás en lo que fue el juicio por el crimen de nuestro hermano, donde, la verdad, las penas fueron muy importantes” y agregó que “en ese momento, también estuvo el caso de (Héctor) Levicoy y varios otros, donde me parece que la Justicia era un poquito más dura con los mismos”.
De este modo, se refirió al crimen de Jorge “Cebollón” Gersi, su hermano asesinado en diciembre de 2008, en el barrio Ruca Hue, por negarse a pagar un “peaje” exigido por sujetos que se encontraban en las inmediaciones de dicho sector. Las condenas en este caso fueron ejemplares, con 40 años de prisión para Sixto Garay, autor de los disparos que ultimaron a la víctima, 15 años para Marcelo Medel y 12 para Sergio Tagliani, sindicados como partícipes del homicidio.

Una Justicia “diluida”

Además, Gersi expresó que “desde hace 5 o 6 años, lamentablemente, las penas son menores, y con las apelaciones que se van realizando, siempre van bajando; lo cierto es que, uno va viendo que le matan a un familiar y que en cinco o seis años se encuentra con la persona que se llevó la vida de su ser querido, que no vuelve más”.
Esto último es un reclamo que persiste por parte de varias de las familias de quienes han caído víctimas de delitos graves, y ha sido puesto en evidencia durante las numerosas movilizaciones que han tenido lugar en la ciudad de Puerto Madryn durante los últimos años; lamentablemente, muchas de ellas no han contado con el acompañamiento esperado, prueba de que el compromiso comunitario muchas veces resulta ser de carácter individual, y supeditado a quien luego se constituye como una nueva víctima de un nuevo delito.
Otro punto al que se refirió el titular de Víctimas de la Delincuencia es la profunda falla institucional en el ámbito de la reinserción, donde al momento no se ha dado en la tecla con medidas y políticas efectivas para evitar que una persona que ha purgado una condena, deponga de su estilo de vida delictivo: “Lamentablemente, hay un sistema carcelario que no recupera a la gente, y dentro de cinco o seis años, uno se cruza con esa persona, que vuelve a cometer delitos, y muchas veces tan duros como el que le tocó a uno”.

El trabajo social, necesario

Consultado sobre el caso de René García, quien fue ultimado a golpes en la vía pública por un joven de 16 años, y teniendo en cuenta que el sujeto, que reconoció el hecho, hoy se encuentra en libertad, Gersi se refirió a los distintos planteos que muchas veces se han dado, en virtud de reducir la edad de imputabilidad de los jóvenes.
En este caso, el chico tenía 16 años cuando fue juzgado y, en un juicio abreviado, reconoció el hecho; fue institucionalizado y luego quedó en libertad: había ultimado a golpes a García, un vecino conocido y muy apreciado dentro de la comunidad madrynense, quien falleció tras haber sido interceptado mientras estaba en la calle, por el muchacho, que literalmente le destrozó la cabeza con una botella, en el marco de un horrendo crimen que conmocionó a la comunidad; más aún, por haber sido cometido por un menor de edad.
En esta línea, Gersi advirtió sobre quienes solicitan una reducción en el piso de edad de imputabilidad y sostuvo: “Me parece que la baja de la edad tiene que venir acompañada de un trabajo social con los chicos. De lo contrario, lo único que se hace cuando se baja la edad es empezar a meter presos a pibes cada vez más chicos.

Oportunidades y acompañamiento

En este contexto, el presidente de la emblemática entidad que acompaña a las familias de las víctimas de delitos graves, sostuvo que “por lo menos, nuestra idea es que ellos no tengan que terminar presos. Hay que hacer un trabajo social con ellos, y no solamente hacerlo en los actos políticos, o bien cuando se acercan las campañas políticas, donde todos salen a decir que se van a hacer trabajos en los barrios que después no se terminan haciendo, o donde se hacen a medias; porque hacer un trabajo social en un barrio requiere un presupuesto o una inversión que muchas veces no se realiza. Creo que, bajar la edad para que los chicos puedan ser imputados y condenados, tiene que venir acompañado con un trabajo que diga que se estuvo, durante muchos años, con ellos, que se les dio posibilidades, que estos pibes pudieron ver una vida mejor. Sino, lamentablemente, lo único que se hace al bajar la edad es empezar a meter pibes presos”.

De 16 a 14 años

Luego de un año de haberlo anunciado por primera vez, el Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto de Ley de “responsabilidad penal juvenil”, el cual, como punto más destacado propondrá reducir la edad de imputabilidad de los 16 años actuales, a los 14 años.
Previamente a su tratamiento, la iniciativa atravesaría un ciclo de análisis y mesa de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, y una vez en el ámbito legislativo, ya contaría con apoyo de los distintos bloques para ser convertido en Ley.
Ya en marzo del 2017, al inaugurar las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Mauricio Macri había remarcado la necesidad de debatir y sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil; poco después, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, había sostenido que un proyecto oficial buscaría «reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones».
Además, el ministro añadió que «probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos».
La iniciativa también incluiría la aplicación de penalidades máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de tales delitos, así como también una amplia gama de medidas alternativas, sin restricciones a la libre circulación, para delitos menores.

Dudas sobre la efectividad

Desde el ámbito judicial, los planteos respecto de la reducción en el piso de imputabilidad de los menores han dividido las aguas, y un importante sector manifestó su duda sobre la verdadera efectividad de la iniciativa, por un lado, así como también reflejó su preocupación por las consecuencias que ello podría tener en el terreno de lo social.
En materia de Minoridad, dos leyes actualmente rigen dicho aspecto, la Ley 22.278 y la 22.803; sin embargo, su modificación, planteada por el Gobierno Nacional, no solucionaría, según varios juristas, la problemática delictiva en los jóvenes, sino que existiría, previamente, un “error de diagnóstico”.
En este sentido, un juez de Menores de Primera Instancia que se pronunció sobre el tema, Gershani Quesada, planteó que “como sistema tutelar, intentamos enseñarles a ellos a respetar derechos, pero privándolos de los mismos”, aunque se preguntó “cómo pueden aprenden sobre el derecho de los otros si les privamos del derecho a ellos”, sumando a ello que “esto es lo que hay que debatir” y que “la baja en la edad, en este marco, es lo menos que tenemos que discutir en este Régimen Penal”.
Sobre este punto, advirtió que “el error de diagnóstico es pensar que los hechos más graves de inseguridad son cometidos o involucran a personas de 14 o 15 años, entonces la respuesta es equivocada” y que, según estadísticas oficiales, tan solo entre el 3,5 y el 5 por ciento de los delitos son cometidos por autores menores de edad.
La discusión sobre el proyecto de Ley en cuestión se dará en el mes de marzo, en el ámbito legislativo nacional, y sin duda alguna, supondrá un endurecimiento de ambas posturas; aquellas que se encuentran a favor de que se reduzca la edad para imputar y condenar a jóvenes que cometan delitos, y aquellas que plantean la necesidad de realizar un profundo trabajo social para erradicar las causas que llevan a los menores a delinquir, cada vez, con mayor frecuencia.