El juez Javier Cosentino, subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Número 5, Secretaría 10, aceptó la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, a la que la AFIP le reclama 17.000 millones de pesos por la evasión sistemática, entre 2011 y 2016, del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos.
Oil se había concursado a mediados de 2016. Pero, en noviembre del año pasado, la Corte Suprema anuló el expediente, ya que, sostuvo el máximo tribunal, la empresa había cambiado “fraudulentamente” su domicilio para radicarlo en la Justicia de Comodoro Rivadavia (Chubut). Luego, Héctor Vitale, titular del Juzgado Comercial 4, rechazó la presentación que hizo Ceibo, el nombre que el ex grupo Indalo tiene desde que lo administran Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Pero, a fines de diciembre, la Sala D de la Cámara Comercial ordenó la apertura del proceso.
Según los informes de sus síndicos, Oil Combustibles tiene un activo de $ 16.494,2 millones y deudas, entre pasivos verificado y admisible, de $ 11.234,75 millones. De ese monto, unos $ 6.000 millones corresponden a la AFIP (sin intereses ni punitorios). En su ejercicio 2016, la petrolera facturó $ 10.405,98 millones y perdió $ 418,32 millones. En 2015, había registrado ingresos por $ 9.498,8 millones, con un beneficio neto de $ 639,2 millones.
Cosentino, además, aceptó llevar el concurso de Ideas del Sur (IDS). La semana pasada, Héctor Chomer, titular del Juzgado Comercial 10, se había excusado de abrir la convocatoria de la productora, al entender que, “por razones de economía y prudencia”, ese proceso debía darse en el mismo juzgado en el que se tramitara el de Oil, empresa que, a través de South Media Investment (SMI), es el accionista de IDS.

Concursos de la ex Indalo

El 22 de diciembre, Ceibo pidió los concursos de las empresas de medios de la ex Indalo, por un pasivo conjunto que ronda los u$s 100 millones. Declararon a septiembre como el mes de ingreso en la cesación de pagos. Al no existir una sociedad holding, se hicieron presentaciones distintas por cada empresa, que recayeron en juzgados distintos. Conocedores de los engranajes de la Justicia Comercial interpretaron la decisión de Chomer como la apertura de una huella que no tardarían en seguir sus colegas. No hizo falta. Además de aceptar el concurso de Ideas del Sur, Cosentino también ordenó librar los oficios en los que solicitará a los jueces que recibieron los pedidos de convocatoria de Telepiu (C5N), Pensado para Televisión, Real Time Solutions, Editorial Amfin, Nefir, South Media Investments, Paqariy, Votionis (Radio 10 y Mega), DHCom (Pop FM), Radio Productora 2000 (Vale) e Imagen Radial (One) que declinen sus competencias y le remitan esas causas a su tribunal, donde ya está radicado el de IGD (Diario El Patagónico).

Inhibición de bienes

Para el concurso de Oil, Cosentino estableció el 9 de marzo como fecha límite para dictar la resolución que categorizará a los acreedores y designará al comité de control, conformado por ellos. Además, el período de exclusividad para formular propuestas de acuerdos finalizará el 10 de agosto.
También dispuso mantener la inhibición general de bienes que pesa sobre la empresa. No es un dato menor, ya que –directa e indirectamente– Oil es dueña de la mayoría de las empresas que conformaron Indalo y Rosner y Dellatorre basan buena parte de sus esperanzas en la venta de activos considerados no estratégicos, como –por ejemplo– los medios de comunicación. De hecho, llegaron a un acuerdo con el grupo Vila-Manzano, para que los dueños de América, Grupo Uno y La Red hagan una auditoría sobre C5N, CN23 y las radios, para definir si realizará una oferta de compra.
Rosner y Dellatorre recibieron la noticia con alivio. Sobre todo, luego de que, ayer, la AFIP le presentó a Julián Ercolini, juez que investiga la evasión tributaria de Oil, un escrito en el que vuelve a solicitarle que no apruebe el traspaso de las empresas de Indalo. Es que, para la Justicia, esos activos, todavía, pertenecen a López y su socio, Fabián De Sousa. Ercolini ya había desaprobado el traspaso a OPInvestment –el vehículo inversor de Rosner–, pactado en octubre, por el valor simbólico de $ 100. De hecho, encarceló preventivamente a López y De Sousa por entender que esa transacción (y el haberla sostenido luego de su rechazo) fue una violación a la inhibición de bienes que pesa sobre los patagónicos. Y ordenó que se investigue si ese traspaso no constituyó una maniobra fraudulenta, motivo por el cual el fiscal Ramiro González ya imputó a los intervinientes en la operación.