La ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria que fue recientemente sancionada por el Congreso de la Nación, tiene dos disposiciones a las que las empresas deberían prestarles especial atención, a partir de su entrada en vigor. Una de ellas, que es la que genera preocupación a los oficiales de cumplimiento, es la extensión de responsabilidad penal a la sociedad por hechos ilícitos que sean cometidos por terceros, cuando la relación fuere ratificada por la empresa aun de manera tácita (artículo 2 de la ley, segundo párrafo). Este supuesto fue incorporado expresamente en la normativa, debido a que la mayoría de los hechos de corrupción se realizan a través de esa modalidad, es decir, por intermedio de individuos que no guardan una relación formal con la empresa.
Además, el artículo 3 de la ley establece la extensión de responsabilidad penal a la persona jurídica adquirente, por los hechos cometidos por la adquirida. Este punto tiene especial implicancia en los casos de fusiones o adquisiciones societarias que se están dando en nuestro país. Con esto se busca castigar los actos de corrupción empresaria y acotar los múltiples e inimaginables manejos que se suelen dar en numerosas compañías.

Le llegó el turno a todos

Y para aquellos que sospechan que estos nuevos tiempos de prolijamientos correrían sólo para los opositores políticos, la realidad comienza a demostrar lo contrario. Dicho sea de paso, el año judicial arrancó con un nuevo capítulo en el caso Correo Argentino que pone a las empresas de la familia del presidente Mauricio Macri en el centro de una renovada tormenta.
La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, viene sosteniendo una acusación contra el holding presidencial por el supuesto vaciamientos de las cuentas de Correo Argentino hacia otras empresas de los Macri, como Socma Americana y Sideco. La semana pasada volvió a trabarse la posibilidad de realizar una pericia contable sobre los libros de estas compañías para avanzar en la investigación.

Caso emblema

La empresa Correo era de Franco Macri hasta su estatización en 2003 y está en concurso de acreedores desde hace años. El Estado le reclama miles de millones por cánones adeudados y la compañía le exige cobrar por servicios no pagados por organismos oficiales. Para investigar ese supuesto vaciamiento, Boquin solicitó en abril de 2017 acceder a los libros contables de dichas compañías, pero la medida desató una pelea legal con los apoderados de Correo.
La Cámara Comercial falló en diciembre último a favor de Boquín. La jueza del caso, Marta Cirulli, debía entonces disponer las medidas solicitadas por la fiscal. Boquín pidió que un perito contable sorteado de oficio por el juzgado del caso realice el análisis de los libros. Hasta el momento, la fiscal detectó pagos de Correo a Sideco Americana por $ 2.121.850 y otros a Socma Americana por $ 2,7 millones. Pero el análisis de los libros podría ampliar su teoría. Sin embargo, la jueza opinó diferente.
La magistrada no sorteó a un experto independiente de las partes, sino que designó a los mismos síndicos del concurso de acreedores, cuestionados por la fiscal porque parte de ellos comparte o compartió abogados con Macri y sus empresas; y por supuestas “contradicciones y omisiones” en sus informes sobre los manejos financieros de los apoderados de Correo. Además, no ordenó una pericia de la documentación sino que pidió un informe. “Un informe de las sindicaturas, en lugar del que realizaría un experto ajeno al trámite, elongaría la investigación procesal e implicaría un consumo de tiempo innecesario pues el claro que las cuestiones advertidas por esta fiscalía ya fueron objeto de sendos informes de la sindicatura”, aclaró la fiscal.
En un nuevo dictamen, Boquín cuestionó esta semana el fallo de la jueza. Dijo a la Cámara Comercial que la decisión de la magistrada “no garantiza la imparcialidad y la búsqueda de la verdad”, sostuvo. Para la fiscal, la jueza “neutraliza la investigación”, “obstruye” su trabajo y “no dispone la medida según lo requerido”. Además, advirtió a la Cámara que la magistrada no exigió los libros contables de Socma Americana y Sideco sino que el informe de los síndicos quedaría a merced de los movimientos financieros aportados por Correo. Para la fiscal, el fallo “dilata” la causa de Correo, cuya finalidad es que la empresa concursada pague su deuda al Estado.

Una red de vínculos

Los abogados de la empresa vienen oponiéndose a las decisiones de Boquin. Los primeros días de febrero dieron el primer paso para que el caso llegue a la Corte Suprema: presentaron un recurso extraordinario para intentar que el máximo tribunal decida -de considerarse necesario- si la fiscal de Cámara tiene “legitimidad” para investigar. Ya habían presentado la misma queja ante la Cámara Comercial, que falló a favor de la fiscal en diciembre.
Boquín también preparó el terreno para ir ante la Corte si el próximo fallo de la Cámara ahora sale a favor de los apoderados de la empresa. Las camaristas ahora podrían o no ordenar a la jueza Cirulli a realizar o no las medidas que pide Boquin.
La fiscal cuestiona, por ejemplo, que la ya quebrada Correo haya invertido US$ 2.100.000 en acciones de una empresa del grupo Macri, la sociedad uruguaya Neficor SA; o que la compañía que debe millones al Estado pague alquileres de US$ 18.000 mensuales a las empresas de los Macri por varias oficinas cuando Correo sólo tiene tres empleados. Para la fiscal, esos pagos o transferencias podrían implicar un vaciamiento de las cuentas de Correo, cuyos fondos la Justicia debe vigilar para que la compañía pague sus deudas con el Estado. Acceder a los libros podría probar nuevos casos como estos.
La primera pelea por los libros contables de Socma Americana y Sideco duró ocho meses. El problema parecía zanjado en diciembre, cuando la Cámara Comercial falló a favor de la fiscal y reconoció su “legitimidad” para acceder y analizar los libros.
Los asientos contables podrían abrir nuevas puertas en la investigación y permitir detectar otros movimientos sospechosos desde las cuentas de Correo hacia el Grupo Macri. Los pagos del holding ya dieron muestras de presuntas irregularidades en su contabilidad. Entre diciembre de 2005 y al menos enero de 2009, la compañía Sideco Americana realizó pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Para la Justicia esa empresa consultora era una pantalla y fue utilizada para canalizar sobornos dirigidos al ex funcionario kirchnerista.

Una causa clave para Macri

La empresa residual de Correo está en concurso de acreedores. Desde 2005, protagoniza una disputa legal con el Estado, al que le debe miles de millones de pesos y al que le reclama otros tantos. En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia llegaron a un acuerdo. Cuando la negociación llegó a la fiscal de la Cámara Comercial para ser homologado, Boquin objetó el pacto, sosteniendo que implicaba “una condonación de la deuda” de la empresa de la familia presidencial al Estado por más de $ 4.277 millones. Tras el escándalo, el Presidente ordenó que la negociación vuelva a foja cero.
Al estar concursada, Correo tiene sus cuentas congeladas y cada movimiento financiero debe ser autorizado por la jueza Cirulli, en pos de proteger el dinero que deberán cobrar sus acreedores. En este caso, el propio Estado. En abril, Boquín descubrió que Correo Argentino SA había utilizado fondos para pagar gastos de funcionamiento que no se condicen con la inactividad de la empresa y sus escasos empleados. Esos gastos, además, tenían un singular destino: los bolsillos de otra empresa del Grupo Macri.
Correo tenía en abril sólo tres empleados y cinco directores. No tiene utilidades ni actividad comercial. Sin embargo, en 2016, logró una autorización judicial para retirar $ 1,6 millones y US$ 185.213. Ese dinero se utilizó para el alquiler de oficinas por US$ 18 mil mensuales y cocheras por $ 40.000 por mes a Sideco. Las oficinas se ubican en el mismo edificio donde funciona Sideco, Socma Americana, Chery Socma y MacAir, en avenida Del Libertador 498, piso 18º.
Los fondos también se utilizaron para pagar cargas sociales de gerentes de otras firmas del Grupo Macri; y hasta una fiesta de fin de año para su escaso personal. Entonces, Boquín identificó las irregularidades; pidió la intervención de la administración de la compañía concursada para evitar que sigan disponiendo de los fondos; y pidió seguir investigando la maniobra. De acuerdo con la fiscal, ese desvío de fondos tenía como destino vaciar las cuentas de Correo hacia los bolsillos de la familia presidencial. Una historia que podría marcar precedente.

Fuentes: Perfil, Parlamentario, Análisis.