El juez Daniel Pérez presidió el pasado viernes el juicio contra Jorge Omar Gutiérrez, acusado de un robo en un almacén en Río Senguer en 2014, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Laura Castagno y el imputado fue asistido por el defensor público adjunto, Gustavo Oyarzún.
En primer lugar, la fiscal describió que el robo ocurrió el 11 y 12 de enero de 2014 en el comercio “Ramos Generales Beloqui”, ubicado en San Martín y Pellegrini, de Río Senguer.
Según el relato de la Fiscalía, Gutiérrez ingresó al local y sustrajo de la caja registradora manual la suma de 1.200 pesos discriminados en billetes y monedas.
Asimismo, Castagno manifestó que previó a forzar una caja registradora digital, el acusado abrió sin sustraer nada de su interior y se dirigió a una oficina, ubicada frente a la puerta de ingreso al público, donde violentó otra caja de seguridad de metal que se encontraba en el interior de un armario.

Escapó por la puerta de atrás

La fiscal también sostuvo que el imputado se apropió de 3 mil pesos y de un cheque al portador por el valor de 4 mil pesos, dirigiéndose luego al depósito donde se encuentra una caja fuerte de pie de importantes dimensiones.
Para los investigadores, Gutiérrez abrió esa caja fuerte con las llaves que se encontraban en el armario de metal y sustrajo 26 mil pesos. Según la fiscal, el imputado venció la resistencia de la última caja de metal que encontró y sustrajo 20 mil pesos para escapar por el patio trasero del negocio.
En este sentido, Castagno destacó los testimonios de los damnificados y del personal de Policía Científica para demostrar que Gutiérrez es penalmente responsable del robo en el que logró alzarse con 20 mil dólares y más de 100 mil pesos. Es por eso que solicitará al tribunal que le imponga la pena de seis años de prisión.

Cayó por una huella dactilar

Hay que recordar que la Policía Científica encontró una huella dactilar en una bolsa de nylon que se cotejó en el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) y pudo establecer que correspondía al acusado.
En este marco, se conoció que Gutiérrez se encontraba detenido con prisión preventiva en la Alcaldía de Río Gallegos, donde es investigado por otras causas judiciales.
Asimismo, el defensor público aseguró que demostrará que su asistido es inocente ya que no se encontraba en Río Senguer cuando se produjo el robo.
En consecuencia, Oyarzun citará a testigos independientes que intentarán probar que el imputado estaba en otra provincia cuando ocurrió el robo al almacén por lo que solicitará la absolución del acusado al concluir la etapa de debate.
Por su parte el imputado declaró ante el tribunal que no conoce Río Senguer y manifestó que en enero de 2014 se encontraba en Río Gallegos, realizando tareas de albañilería.
En la última jornada prestarán declaración los testigos convocados por la Defensa Publica; también se desarrollaran los alegatos finales de las partes.

Los elementos robados podrían ser destinados a entidades de bien público

Mediante la Acordada 2/2018, suscripta por los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema de Justicia aprobó la reglamentación «de los efectos secuestrados en causas penales que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados con finalidad pública».
Invocando la necesidad «imprescindible» de «instrumentar políticas de estado consistentes, coordinadas, efectivas y permanentes en el tiempo» en materia de lucha contra la actividad delictiva, y reconociendo «la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos», la Corte decidió implementar medidas para el mejor aprovechamiento de los bienes secuestrados, que usualmente no pueden ser entregados a sus dueños pero respecto de los cuales es necesario preservar su valor.
«La custodia y mantenimiento de aquéllos requiere la adopción de medidas que implican, en definitiva, erogaciones públicas. Por tanto, resulta de toda justicia asignarle a estos bienes una finalidad de utilidad pública de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos», resalta el texto de la Acordada.