Ante las medidas dispuestas por el Gobierno de la Provincia del Chubut en el marco del Acuerdo Ciudadano con el que pretende ordenar las erogaciones del Estado, y en ese marco afectando el negocio sindical históricamente enraizado en el sistema público, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia contraataca ahora con una denuncia penal contra un ministro y otros dos funcionarios del área de Servicios Públicos.
El eje de la denuncia penal es la retención indebida de fondos correspondientes al régimen de compensación tarifaria y que –según el gremio- habiendo estado disponibles, no han sido abonados a las cooperativas beneficiarias de acuerdo a lo previsto por la ley.

Presentación

La denuncia, presentada la segunda semana de febrero ante el Ministerio Público Fiscal, lleva las firmas de Héctor Rubén González y Juan Domingo Espinoza, secretario general y secretario general adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, respectivamente, que tiene el patrocinio del abogado Federico Ruffa.
Los denunciados son los funcionarios son el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios Públicos, Alejandro Pagani; el subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn y el director general de Servicios Públicos, Jorge Feller.

Defendiendo el sistema

Según refiere la denuncia, el sistema de compensación de tarifas mediante el cual los usuarios residenciales de toda la provincia abonan un 8% de su factura de energía eléctrica, genera una recaudación que luego es utilizada para solventar el déficit económico que posee el servicio público de distribución de energía en las cooperativas beneficiarias de ese régimen.
Se trata de un convenio firmado en el año 2013 entre la Provincia y las cooperativas mediante el cual se pactó la compensación de lo que esas cooperativas debían integrar en concepto del sistema creado por la Ley I N° 26 (que retienen a cada usuario) con las sumas que la Provincia del Chubut debía pagar en concepto de los servicios que recibe de esas cooperativas.
Según el gremio, “surge de distintas versiones (sic) y de documentación obrante en expedientes administrativos que distintos funcionarios provinciales han incumplido la obligación de realizar el depósito de los fondos correspondientes al régimen de compensación tarifaria y que incluso estando estos, al menos parcialmente, expeditos para ser utilizados con el fin previsto legalmente, no han sido abonados a las cooperativas beneficiarias de acuerdo a lo previsto por la ley y la reglamentación”, señala.

Especulaciones y confrontaciones

Entre otras cosas, la denuncia que en principio se basa “en versiones” y algún documento administrativo, tal como reconoce el escrito con expectativas de causa penal, apunta políticamente a su ex asesor legal y actual ministro Coordinador, Sergio Mammarelli otra vez con formato de hipótesis. “Existen versiones (sic) que vinculan esta situación a una decisión política, traducida en órdenes que habrían sido impartidas por el propio ministro coordinador de Gabinete, Sergio Mammarelli, para no hacer efectivas las transferencias a las Cooperativas del interior”, dicen los denunciantes.
Con todo esto, González y Espinoza le piden al Ministerio Público Fiscal que requiera en forma urgente una “orden de allanamiento y secuestro de los expedientes administrativos Nº 4.163/2017 MIPySP y 4.452/2017 MIPySP en los que tramitaron los pedidos de partida para realizar los pagos correspondientes del Fondo Compensador Tarifario de los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como de cualquier otro elemento que pueda hallarse en la sede del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos con asiento en 25 de Mayo 550 de la ciudad de Rawson relacionado con estos hechos.”

(Ver link denuncia completa)
http://www.eldiariodemadryn.com/denuncialuzyfuerza.pdf