Brenda Vargas, presentó un habeas corpus ante el juez de Ejecución Alejandro Soñis, a través del defensor público Ivo Di Taranto, mediante el que buscaba acceder a una prisión domiciliaria hasta tanto se recupere de un problema de salud que sufre. En este sentido, en la presentación, dio cuenta que la comisaría de Rada Tilly no posee los sanitarios adecuados para su tratamiento.
Di Taranto explicó que Vargas sufre un problema de salud y que el Cuerpo Médico Forense recomendó además de reposo, ciertas condiciones como sanitarios adecuados. El lugar en donde está alojada, la Comisaría de Rada Tilly, dispone solo de una letrina y el lugar de detención es compartido con un hombre y no cuenta con las recomendaciones sanitarias que dio el Cuerpo Médico Forense en el caso de Vargas.
De ese modo, el defensor solicitó la prisión domiciliaria de Vargas hasta tanto se recupere, amparándose en el artículo 10 del Código Penal Argentino en su inciso “A”, donde a consideración del juez el detenido pueda cumplir prisión domiciliaria cuando curse alguna enfermedad y el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiese su alojamiento en un establecimiento hospitalario.

Conducta y salud

Sin embargo, el fiscal Martín Cárcamo entendió que los fundamentos del habeas corpus debían rechazarse y se opuso al arresto domiciliario porque entendió que Vargas ya se encontraba dada de alta desde el 31 de enero y que debía realizar un tratamiento que podía ser llevado a cabo por en un centro de detención.
Sostuvo que Vargas no mostraba una regla de conducta acorde y contrarrestaba su recuperación de su estado de salud con una huelga de hambre que había llevado a cabo. Incluso Cárcamo puso como contrapunto el comportamiento de Vargas. Expuso que cuando Vargas fue llevada a la guardia del Hospital Regional el 29 de enero se le encontró un teléfono celular en su tórax, sumado a las actuaciones que ya se le han iniciado por habérsele secuestrado también un celular mientras estaba detenida, lo que la privó incluso de recibir visitas.
Di Taranto pidió la palabra y dijo que la conducta de Vargas no tiene responsabilidad en que se perjudique su estado de salud por parte del Estado.

Ya había sido beneficiada previamente

A su turno, el juez Soñis dijo que estaba bien encuadrado el pedido de habeas corpus y que iba a hacer lugar parcialmente al mismo, porque no estaban dadas las condiciones para un arresto domiciliario ya que la misma podía estar detenida y recibir la atención necesaria.
El magistrado tuvo en cuenta para negar el arresto domiciliario los incumplimientos de la condenada en la investigación donde había sido beneficiada con arresto domiciliario y había quebrantado esa confianza por lo que en dicha ocasión se ordenó su captura.
De esa manera, el juez realizó las averiguaciones correspondientes en la Unidad Regional con respecto a lugares que cumplan con las condiciones de detención acordes al problema de salud de Vargas y le informaron que en 15 días estarán inaugurados los calabozos de la comisaría de General Mosconi en donde las condiciones para los detenidos serán las acordes. Mientras tanto Soñis dispuso que Vargas sea trasladada a la Seccional Séptima en donde tiene sanitarios y duchas a disposición.

Incendios, agresiones y amenazas

También, Vargas dijo que ya había estado detenida en la Seccional Séptima que sufrió “maltratos del personal, abuso de autoridad constante”.
A ello, Soñis respondió que ya pidió a los jefes policiales que pusieran en resguardo su integridad psicofísica.
La mujer cumple una condena de 4 años arribada en juicio abreviado por causas de portación y amenazas con arma de fuego, incendios intencionales en la Alcaidía y la comisaría de Rada Tilly, y lesiones leves agravadas por haber sido ocasionadas a una funcionaria policial.
Los hechos llevados a proceso fueron cometidos en el período de libertad condicional de una condena de tres años; como consecuencia, se le unificó la pena en una condena de cuatro años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento.