A una semana de la marcha contra el Gobierno organizada por el gremio de los camioneros, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre la familia Moyano. La medida fue dispuesta por el juez federal de Morón, Néstor Barral. La decisión llega como parte de la causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero.
La medida había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal y el juez se la notificó el 29 de diciembre pasado al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
La medida se enmarca en una causa que investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a partir de las sospechas por la compra de dos propiedades en Parque Leloir, a través de tres empresas ligadas a la familia Moyano.
El levantamiento del secreto abre una nueva instancia en la investigación porque habilita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a entregar toda la documentación vinculada a los acusados.
Con el levantamiento del secreto, el juez busca determinar si la adquisición de las viviendas se realizó con dinero proveniente de la sobrefacturación de materiales y servicios al gremio de Camioneros y entidades afines.
Una de las propiedades es una mansión ubicada en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir, valuada en más de 1 millón de dólares, cuyo domicilio coincide con el registrado por Dixey S.A., una de las tres firmas del holding familiar de los Moyano.