La politóloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Aldana Romano, afirma que los miembros del jurado «toman muy responsablemente los casos»; la organización viene desarrollando, desde hace casi tres años, dos investigaciones junto con la Universidad Cornell de Nueva York y la Embajada de Gran Bretaña en nuestro país, sobre el funcionamiento de este sistema en las provincias de Neuquén y Buenos Aires.
El estudio se encuentra en un estado más avanzado en la provincia patagónica, donde lo articulan con el Superior Tribunal de Justicia, habiendo podido entrevistar a cientos de jurados. La principal conclusión a la que arribaron los juristas es que estos últimos “reclaman una mayor calidad de pruebas”.
Así lo aseguró Romano, quien descartó, a partir de la experiencia de campo, que los jurados resuelvan “más por el corazón” que por la razón.
La implementación del sistema de juicio por jurados en Chubut es una cuestión pendiente, y recién en noviembre del año pasado se realizó, en el Auditorio de la Legislatura Provincial, un simulacro en el que oficiaron como fiscales, defensores y testigos, docentes y alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que integran el Taller de Litigación de la carrera de Derecho.

Más allá de la “duda razonable”

“Deciden en función de la prueba que se les presenta. Pensar que no tienen prejuicio es pensar que los jueces profesionales no los tienen y no es así”, manifestó la politóloga, agregando que “la pregunta es si ellos se basan solo en esos prejuicios y debo decir que no, toman muy responsablemente los casos; lo resalta la mayoría de los operadores del sistema, y la cabeza les cambia cuando se ponen los zapatitos del jurado, contrariamente a aquel que mira el noticiero en su casa”.
El 76 por ciento de los jueces letrados consultados coincidió con el veredicto de los jurados, porcentaje similar al de los Estados Unidos, según una de las conclusiones preliminares de la investigación.
“Los jurados están elevando el estándar de la justicia, aún más elevado que lo que se conoce como duda razonable; necesitan un nivel más alto de prueba para llegar a la condena”, sostuvo.
Más allá de las críticas, Romano advirtió que, entre 7 y 8 de cada 10 operadores, entre ellos jueces, fiscales y defensores, tienen una opinión positiva o muy positiva del mecanismo y que, salvo uno de los jueces consultados, el resto calificó de razonable el veredicto que les tocó presenciar.

Rechazo a la “sobreactuación”

En Buenos Aires, otra conclusión es que las partes están cambiando la manera de abordar los casos.
“Es el primer hallazgo. Hay cambios en cómo fiscales y defensores litigan y presentan las pruebas. Por ejemplo, si en los juicios profesionales llevan 20 testigos cada uno, en la audiencia preliminar de los juicios por jurados depuran la lista para ‘cuidar’ el tiempo del ciudadano y de los 20 presentan 4 o 5, los más importantes. Se están cambiando prácticas, algo que las reformas legales no lograron”, señaló Romano.
De todas maneras, la directora ejecutiva del Inecip destacó que los jurados entrevistados rechazan la sobreactuación. “Intentan recuperar la narración de los hechos y, cuando esa narración es incoherente o incompleta, va cayendo la posibilidad de la parte que la presenta”.
En la misma línea, reconoció que recién ahora algunos operadores descubrieron que pueden entrevistar previamente a los testigos, como para elaborar su estrategia.
Hasta la actualidad, muchos los veían recién en la audiencia y el testigo muchas veces no decía lo que el fiscal o el defensor esperaba.

Cuestión de votos y unanimidad

En la provincia de Buenos Aires se necesitan 10 de 12 votos para condenar a alguien por un delito que no sea de perpetua, donde se requiere unanimidad; en Neuquén, la cifra es de 8 de 12. En esta línea, Romano dijo creer que es necesaria la unanimidad general, según las experiencias de países con mayor tradición.
“La unanimidad es la única que garantiza que las minorías no condicionen a un jurado. De hecho, los jurados reconocen que la unanimidad los hace sentir más tranquilos”, aseguró.
Por otra parte, relativizó que muchas de las discusiones finales sean breves.
“La consistencia de la deliberación no necesariamente tiene que ver con el tiempo de deliberación. En Neuquén hay relatos maravillosos. Para alcanzar un veredicto, uno hace de abogado del diablo y repasan la prueba. Muchos optan por dar 3 minutos a cada uno para su opinión y después discuten y fijan las posiciones”, explicó.
Romano tampoco renegó de la imposibilidad que tiene el acusador de apelar en caso de un fallo absolutorio ni de conocer los fundamentos. “Estos surgen de lo que pasó en el juicio, donde se analiza la prueba y se le dice al jurado, antes de la discusión, cuál es el derecho aplicable al caso. Si uno a un jurado le ofreció una batería de alternativas es porque esas alternativas son razonables. No es el que jurado inventa”, afirmó.

Dos proyectos en pugna

Actualmente existen dos proyectos que se encuentran siendo analizados en la Legislatura provincial; el primero fue presentado por el propio Gobierno Provincial en 2017, y promovido por el diputado oficialista Adrián López.
Dicho proyecto considera la “mayoría agravada”, es decir, tiene en cuenta un fallo como válido con el voto de 8 jurados sobre el total de 12, algo con lo que la Procuración General del Chubut, a cargo de Jorge Miquelarena, se mostró en sintonía.
Otro proyecto que fuera elaborado por la Defensa Pública y un grupo de magistrados, fue llevado al recinto por el diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, y prevé que el fallo sea unánime.

Fuente: Inecip