Con el objetivo de alcanzar mayor accesibilidad, celeridad en los procesos judiciales con soluciones concretas para los ciudadanos, y mayor transparencia en los procedimientos, se promueve la oralidad en el proceso Civil. Así se desprende de las primeras expresiones que surgen en torno al debate sobre la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, las Leyes del Proceso Laboral, Proceso de Familia y Proceso Contencioso Administrativo.
Si bien algunos operadores del servicio de Justicia se resisten a la oralidad en el proceso Civil, todo indica que el porcentaje de procesos que finalmente llegarán a la instancia de juicio oral, pero sin dudas brindará accesibilidad, celeridad y transparencia en los procedimientos.
La semana anterior quedó formalmente constituida la Comisión Interpoderes que se encargará de llevar adelante el seguimiento sobre Reforma de la que participan en representación del Superior Tribunal de Justicia, los magistrados, Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet, por el Ejecutivo el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y por el Poder Legislativo, los diputados Florencia Papaiani (Frente de Agrupaciones), Adrián López (Chubut Somos Todos), Eduardo Conde (Cambiemos). Si bien los demás bloques de la Legislatura han sido convocados a participar, no asistieron a la reunión. Durante el encuentro fue designado secretario Ejecutivo de la Comisión, el doctor Guillermo Cosentino.

Decisión política

La Comisión Interpoderes deberá definir los detalles de la Reforma a los códigos no penales, pero está claro que hay un aspecto sobre el que priman las coincidencias entre los tres Poderes del Estado, la decisión política de avanzar hacia la oralidad en el proceso civil.
Lo que se busca es poner en valor el beneficio de instaurar la oralidad en el procedimiento, que tiene por objeto brindar acceso pleno a la Justicia, más eficiente y eficaz.
Se estima que la labor de la Comisión Interpoderes demandará no menos de ocho meses de arduo trabajo, por ello la semana anterior ya se realizó la reunión donde se eligieron los cargos y se definió la metodología de trabajo. Como vicepresidente primero fue designado el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata y la vicepresidencia segunda quedó bajo la responsabilidad de la legisladora, Florencia Papaiani.

Celeridad y soluciones

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Mario Vivas, ha manifesatdo en varias oportunidades que la modificación de los Códigos Procesales Civil y Comercial, Familia, Laboral y Contencioso Administrativo, es “el principio medular es el acortamiento de los procesos, otorgar al ciudadano común respuestas, tendientes a lograr celeridad, facilidad, y acceso más directo del ciudadano al juez, y asegurar juicios cortos, breves y de soluciones concretas”.
“Las leyes que hoy nos rigen en materia procesal, datan desde hace unos cuantos años, el Código Procesal Civil y Comercial, es incluso anterior al regreso de la democracia”, dijo oportunamente al señalar que “estamos frente a una legislación antigua que respondía a otros parámetros, eso genera una extensión indebida en los procesos, que no da solución al conflicto de la gente”.
Vivas advierte que “lo que se pretende con esto es el acortamiento del plazo, la oralidad” y adelantó que “estamos ya hablando con distintos académicos e investigadores. Queremos ser una Provincia pionera en esto y por eso nos hemos embarcado en este proyecto”.

Metodología para la reforma

En la reciente reunión se puso a consideración de los integrantes el reglamento, el que fue aprobado por unanimidad y expuso sobre la metodología de trabajo y las herramientas de información y comunicación que serán empleadas.
La Secretaría Ejecutiva, que estará a cargo del secretario de Planificación y Gestión del STJ, doctor Guillermo Cosentino, se encargará de compilar las propuestas de las subcomisiones, documentando las reuniones de la comisión, según lo disponga la Presidencia.
Las Subcomisiones tendrán al menos un representante de la Comisión en la conducción de actividades y un coordinador operativo que estará a cargo de ordenar el material, documentos y aportes de los juristas convocados en cada área. El coordinador o responsable de cada subcomisión elaborará los “temas núcleo” del área procesal que corresponda, ordenará las propuestas y aportes según el esquema temático y controlará el cumplimiento del cronograma de actividades cuyas fechas topes serán improrrogables.

Convocatoria

La Comisión Interpoderes realizará la convocatoria a los juristas que, por su trayectoria, conocimientos y/o funciones institucionales en las materias que serán analizadas puedan realizar aportes significativos para el cumplimiento de los fines propuestos, y será la Presidencia la que considerará las propuestas de los integrantes de la Comisión, responsables y coordinadores.
Entre los juristas convocados estarán representados los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia, para lo cual, esas organizaciones elegirán un representante a cada subcomisión, efectuando los aportes que crea conveniente.
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Patagonia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios serán invitadas a proponer un jurista que los represente y también podrá invitarse a organizaciones relacionadas con el Servicio de Administración de Justicia que estén interesadas en la realización de propuestas para la reforma procesal.
La Comisión, mediante su presidente, designará a los juristas redactores, quienes serán los encargados de transcribir cada uno de los proyectos normativos, los que una vez aprobados, serán remitidos a la Honorable Legislatura del Chubut.
Quedó estipulado que el proyecto normativo deberá estar terminado en el plazo de un año y que las reuniones se celebrarán cada 30 días, siendo el próximo encuentro el 19 de marzo venidero.

Objetivos

Las leyes que rigen actualmente en materia procesal, datan desde hace muchos años, el Código Procesal Civil y Comercial, es incluso anterior a la restitución de la Democracia, e igual ocurre con la Ley de Procedimiento Laboral y la del Procedimiento Administrativo.
Todo esto supone la necesidad de promover legislación que responda al contexto de realidad actual donde existen nuevos parámetros en todo sentido y la resolución de conflictos no es la excepción. Lo que se busca es transferir, en el marco de lo posible, la experiencia del procedimiento penal al civil a través de las oficinas judiciales, es decir oficinas de gestión única, que ya han comenzado a implementarse a través de experiencias piloto.
Tal cómo se estableció en oportunidad de proponer la reforma, el objetivo es profundizar aquellos cambios que, como ya ocurrió en materia procesal penal, han impactado favorablemente en los operadores del sistema de justicia y en la sociedad en general.
La reforma se llevará adelante teniendo en cuenta el principio de oralidad, que consiste en que los actos procesales sean realizados mediante audiencias, acortando el plazo de duración de los juicios.
El propósito fundamental es lograr que la Justicia actúe con celeridad, solucionando los conflictos de manera confiable y obteniendo resultados socialmente relevantes, haciendo los procesos más eficientes y eficaces, garantizando la accesibilidad.