El 24 de marzo es una fecha que tiene peso propio y en esencia funciona como disparador de la memoria colectiva. Hace 42 años se iniciaba la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Además de la vigente consigna “Nunca Más”, este año se reclama “ningún genocida en libertad” ante los numerosos beneficios de prisión domiciliaria a dictadores y torturadores. Otro dato es que, de las 103 causas por delitos de lesa humanidad elevados a juicio, solo 6 tiene fecha de juicio.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consignó que uno de los “cuellos de botella” que más demoran los juicios es la confirmación de las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que tarda un promedio de dos años entre las condenas y su confirmación.

Justicia ralentizada

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó tres nuevos informes con datos estadísticos sobre el avance de los procesos judiciales en todo el país: el Informe estadístico, el Dossier de sentencias -actualizados a marzo de 2018- y el Informe de Trayectorias temporales, donde se publican datos construidos a partir del análisis de los tiempos de las causas, que incluye información a diciembre de 2017.
De acuerdo con la procuraduría en 2017 hubo 27 sentencias y fueron condenadas 205 represores por delitos contra 2017 víctimas.
Durante el año pasado se dictó sentencia en causas de gran envergadura, tanto por la cantidad de víctimas e imputados involucrados en el proceso como por el tiempo que llevaron los debates. Entre otras, concluyó la megacausa ESMA Unificada. Tras cinco años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 5 condenó a 48 personas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, y sentencia dio por acreditados los denominados “vuelos de la muerte”.

Terrorismo de Estado

También finalizó el debate oral del “Operativo Independencia I” -donde se investigaron los crímenes cometidos contra 270 víctimas ocurridos en la provincia de Tucumán a principio de 1975-, el “Juicio a los Jueces” en Mendoza, durante el cual se investigó la complicidad de parte del Poder Judicial provincial con las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de la Fuerza Aérea y las policías provincial y Federal contra 170 víctimas-, y la “Causa de los Magistrados” en Córdoba, donde se condenó a ex magistrados provinciales por las mismas razones.
La Procuraduría evaluó que, aunque el total de sentencias de 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, el estado de las causas en las que aún no se dictó veredicto todavía presenta serias demoras.
Según el Informe Estadístico, en marzo de 2018 existen 599 causas en trámite, en las que son investigados 2485 personas por delitos de lesa humanidad.

Investigaciones activas

Del total de los expedientes, en 397 aún no se ha dictado sentencia y 278 se encuentran en etapa de instrucción. Es decir que un 47 por ciento del total de las causas todavía no alcanzó la etapa de debate, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos tres años, en parte debido a que las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio. En suma, este análisis implica que la mayoría de los procesos judiciales están lejos de obtener sentencia en el corto plazo.
En otro orden, las causas que ya se encuentran elevadas a juicio suman 103, pero hasta el momento sólo respecto de seis se dispuso la fecha de inicio del debate. A la fecha, únicamente se encuentran en juicio 15 causas: 12 en la etapa de debate oral y 3 en la de plenario -en los casos de procesos que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal-.

Causas emblemáticas

Por ejemplo, la causa “Ford” en San Martín (provincia de Buenos Aires) es una de las que actualmente se encuentra en etapa de debate, después de transcurrida más de una década desde el inicio de las actuaciones. La investigación sobre los hechos sufridos por los obreros de la automotriz empezó en 2002, con una denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal. En 2006, la causa fue traspasada a la Justicia Federal de San Martín. Pero recién siete años después fue reactivada y elevada a juicio en 2014, previo procesamiento de los tres ex directivos de la empresa.
Con el objetivo de conocer y medir las demoras en los tiempos procesales, durante el 2017 la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desarrolló una herramienta que permite calcular el promedio de tramitación de causas en todo el país. El concepto se denomina “trayectoria temporal”, y fue presentado a través de un Informe donde por primera vez se dan a conocer los resultados del análisis respecto de las causas por delitos de lesa humanidad.

“Cuellos de botella”

El análisis de los tiempos procesales en las causas por delitos de lesa humanidad permitió un doble resultado, estratégico para el trabajo de la Procuraduría. Por un lado, permitió conocer los “cuellos de botella” en los que se producen las demoras en las investigaciones, y al mismo tiempo, develar que entre el requerimiento de elevación a juicio y la firmeza de la sentencia se registra en promedio una demora de 5 años y seis meses.
Además, se pudo calcular que, desde la reapertura de las causas en 2006 hasta el momento, la instancia que mayor tiempo ha demorado es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, con una trayectoria de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de las sentencias de los tribunales orales federales. Le sigue la instancia entre el debate y el veredicto a cargo del TOF, con casi 1 año y ocho meses de demora.
El Informe también analizó los tiempos desde un corte sincrónico, considerando las trayectorias temporales de las sentencias de 2017. Por ejemplo, la causa que menos tiempo demandó es uno de los tramos de “Campo de Mayo”, mientras que la que cuenta con una mayor trayectoria temporal es “Esma Unificada”, con un total de más de 10 años transcurridos entre el primer requerimiento de elevación a juicio y la publicación de los fundamentos de la sentencia.

Identidad democrática

El 24 de marzo ha sido una especie de cita de honor, a pesar de los debates y las diferencias. Pocos países tienen un día como cita de honor para rendir culto a la memoria y los derechos humanos. Pasó a ser parte constitutiva de la nueva democracia. Nadie puede hacer política dándole la espalda a este fenómeno de identidad democrática en la Argentina. Podrán poner a enseñar como maestra a una defensora de la dictadura o intentarán mandar a sus casas a los asesinos condenados. Los defensores de la dictadura podrán hacer muchas cosas, pero el acto de cada 24 de marzo será la promesa y la certeza de su condena. (Fuente: Página/12)