Por Lazarillo de Tormes

Días atrás, se conoció que finalmente se realizaría la apertura de la Escuela de Formación Policial en Puerto Madryn, luego de que el anterior jefe de la Plana Mayor anticipara que solamente formarían efectivos en Rawson y Comodoro Rivadavia durante este año.
Se trata de una institución que no disponía de una sede propia en la ciudad del Golfo y que, atentos a varios inconvenientes financieros y de logística, no tenía previsto abrir sus puertas en 2018; si bien por estos días estarían gestionando la sede en la cual funcionaría, lo cierto es que también se ha puesto en debate, a raíz de casos de público conocimiento, la importancia en la duración y la calidad de los cursos de formación policial.
Actualmente, un joven –menor de 25 años– que ingresa a la Fuerza debe atravesar un período de formación de tan sólo ocho meses para “salir a la calle”, algo que hace algunas semanas el propio Secretario de Seguridad y Justicia, Federico Massoni, objetó al adelantar que evaluarían extender a tres años la cursada obligatoria para los nuevos agentes, atentos a mejorar y hacer más integral la capacitación en dicho ámbito.
La carrera policial en sí misma, dictada en el Instituto Superior de Formación Policial 811, contempla unos tres años de cursada, para luego obtener la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, orientada a la formación policial.

¿Gatillo fácil o “Justicia social”?

Sin embargo, en virtud del cuestionamiento público sobre acciones policiales como la de Luis Chocobar, el debate atravesó el campo de los hechos para instalarse en el ámbito social, donde se puso en tela de juicio el criterio muchas veces implementado, o la falta del mismo, al momento de tener que accionar frente a un hecho delictivo.
Por un lado, la opinión pública, pendular como suele ser, estuvo a favor de la utilización de la fuerza para la reducción del malviviente, motivo por el cual el agente fue imputado por “exceso de legítima defensa” y embargado en 400 mil pesos.
Básicamente, se habría tratado de un caso de “gatillo fácil” luego de que se conocieran las filmaciones de cámaras de seguridad, que dieron cuenta de que el delincuente, que había apuñalado a un turista para robarle, escapaba desarmado y recibió un tiro por la espalda.

La historia se repite

Otro hecho que conmocionó aún más a la ciudadanía fue el fallecimiento de un cadete de Policía de La Rioja, luego de un exhaustivo entrenamiento y de padecer una serie de torturas y vejaciones, acaso propias de la formación que en dicho establecimiento impartían a los aspirantes.
La situación obligó a replantear algunos “métodos”, pero no a analizar la verdadera problemática de fondo, que es la instrucción por sobre la educación, y la formación de perfiles policiales basados en el uso de la fuerza por sobre la capacidad intelectual.
Esto último no es casual y, remontándose a la historia, podría entenderse que la formación policial está basada en los ideales del Ejército Prusiano, que se sostenía a partir de “pilares” como la valentía, el coraje, la lealtad, la virtud y la subordinación; valores incuestionables, claro está, pero claramente cuestionables si solamente éstos forjan las bases de la capacitación de los agentes actuales.

Con el dedo en el gatillo

La problemática no es exclusivamente argentina, y tiene que ver con la funcionalidad de la fuerza pública; acaso en países como Estados Unidos y Canadá, las fuerzas policiales poseen un espectro de formación más prolongado, pero suelen ocurrir los mismos problemas, principalmente en el primer caso, cuando un hecho, delictivo o no, es atravesado por el uso de la fuerza antes que la mediación.
De este modo, al instruir a un aspirante para que sepa manejar un arma, obviando los necesarios recursos intelectuales que se deben trabajar y desarrollar, no resulta poco común que, ante una contingencia o una situación límite, el agente resuelva por apelar al uso de la fuerza, en lugar de implementar otras herramientas.
Consecuentemente, parecería que el desafío, tal vez a nivel local, provincial, regional o incluso global, de las fuerzas públicas, no podría ser otro que el de formar uniformados de una manera integral, ahondando en la necesidad de un primer desarrollo académico, para luego adentrarse en las cuestiones relativas a la fuerza; esto evitaría, tal vez después de algunas generaciones, que ante un hecho determinado, un agente apele al buen juicio –muchos hoy día lo tienen, es cierto– antes que al “poder de fuego”; de este modo, la inseguridad se convertiría verdaderamente en una cuestión de política pública y no en una urgencia a resolver, como arrojan las postales actuales.