Luego de asumir el rol de querellante, el Ministerio de Seguridad de la Nación demandó este martes, en la fiscalía federal de Esquel, a los letrados Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana por haber “engañado” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la sociedad argentina en vísperas electorales y de haber contribuido a «uno de los fraudes judiciales más graves de la historia judicial argentina: la desaparición forzada de Santiago Maldonado».
En la demanda, de 49 páginas, se les imputa a los abogados cordobeses la posible comisión de seis delitos: «Propiciar fraudulentamente sanciones políticas contra el Estado argentino, inducir a sufragar en contra del Gobierno nacional, falsa denuncia, estafa procesal, asociación ilícita y usurpación de títulos y honores».
Firmada y presentada por el penalista Fernando Soto, conocido por su actuación en la causa Cromañón, ahora actúa en representación del ministerio de Seguridad. En el planteo solicita que se investigue a las «personas que, necesariamente, han intervenido como instigadores, coautores, partícipes o encubridores» de esos delitos.
El planteo judicial se suma a otras dos denuncias por falsos testimonios, radicadas en Esquel, tanto por la cartera de Bullrich como por la Gendarmería.

Testigo T

Tras una primera presentación ante la CIDH en agosto pasado por la «desaparición forzada» de Santiago Maldonado, Cabaleiro y González Quintana ampliaron su denuncia contra el Estado nacional al elevar un informe que contenía el supuesto testimonio de Lucas Pilquiman, llamado Testigo E, esgrimiendo que lo habían «obtenido en forma directa» y presencial.
En ese informe, Pilquiman afirmaba haber visto cómo Maldonado era apresado por tres efectivos de Gendarmería el día de su desaparición en Cushamen.
El 9 de diciembre pasado el Testigo E formalizó su única declaración testimonial ante el juez Gustavo Lleral y «contradijo seriamente y en lo fundamental» la versión aportada por los letrados, a los que se les imputa haber falseado hechos arrogándose, además, la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para lograr mediante un fraude sanciones contra el país, según lo argumentado desde la cartera de Seguridad.
Posteriormente, dice la demanda, la APDH desmintió tal representatividad.
En la argumentación penal, se exponen al menos nueve divergencias entre las declaraciones del Testigo E, cuya identidad los letrados se reservaron, ante la CIDH y, posteriormente, ante la Justicia de Esquel.