El directorio del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut dejó sin efecto su designación de María Eugenia Felicetti, que oficiaba de asesora y habría recomendado la contratación de la empresa Sepat SRL que proveía el sistema de sonido a determinados eventos.
Tras la detención de su marido, el exfuncionario Diego Lüters, pidió una licencia por «estrés agudo». Y, asistió a la audiencia de control de detención de su esposo y además se la observó dialogando con Correa durante los cuartos intermedios.
Felicetti había sido designada en 2016 como asesora del vocal en representación del Poder Ejecutivo con carácter político y sin estabilidad y percibía un sueldo de 74 mil pesos mensuales
Ayer, en medio de una requisitoria judicial de parte de los fiscales en las oficinas central del ISSyS en Rawson, vinculada a la causa que investiga la presunta asociación ilícita que lideraba Diego Correa y de la que Lüters está acusado de participar, se supo que Felicetti cobraba $ 74 mil de honorarios por mes, aunque este dato no está claro que sea de interés para la investigación. Lo que buscaban era contratos que pudieran confirmar la relación entre empresas investigadas vinculadas a Correa y el ISSyS.
En la resolución firmada por el doctor Leandro González, a cargo de la presidencia del ISSyS, y los vocales Alfredo Prior y Sara Gianardo, argumentan que «han cesado las circunstancias que motivaron su designación». Más allá de la decisión formal de las autoridades del Instituto, también el gremio APISSyS Chubut, que agrupa a los trabajadores de la institución y de la obra social Seros, expresaron en un comunicado sus críticas contra Felicetti: «Sus formas de desenvolverse en el ISSyS no fueron las mejores, el trato déspota e irrespetuoso para con el personal ha dejado enfurecido a más de uno. Sus gastos propuestos para la difusión de prensa, comunicación y posteos de Facebook ha sido de cifras siderales», acusaron.
El allanamiento de esta semana al organismo con el secuestro de documentación incluiría contratos que realizó el instituto con la empresa Sepat, que los fiscales atribuyen a Diego Correa, para proveer sonido en diferentes eventos públicos. Se presume que Felicetti era quien recomendaba esas contrataciones directas.