El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder, se refirió en duros términos al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, y lamentó que la reforma de la justicia penal esté “paralizada”.
En este contexto, a través de un comunicado de la institución, firmado a su vez por el vicepresidente y ex defensor general alterno, Alfredo Galimberti, y la directora ejecutiva Aldana Romano, desde la entidad expresaron que el sistema actual “carece de legitimidad y está destinado a ser odiado por la sociedad argentina”, al tiempo que pidieron “reclamar y trabajar por una reforma integral de la justicia federal”.
Seguidamente, manifestaron que “no es admisible que después de más de treinta años de democracia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia presente a la sociedad una propuesta superficial y cosmética, que banaliza el problema de falta de legitimidad e ineficacia del sistema judicial federal en nuestro país. Ni siquiera los propios jueces se toman en serio lo que ha dicho, burlándose colectivamente de quienes sufren esa ineficacia todos los días”.

Tecnología y modernización

Además, plantearon desde Inecip que “pese al mandato ya aprobado de los legisladores, la reforma de la justicia penal se encuentra paralizada. Los jueces no hacen nada para prepararse; la reforma de la justicia oral avanza lentamente enredada en debates académicos y propuestas conservadoras; el nombramiento de jueces sigue lento y arbitrario, mientras los jueces con tribunales en mora cobran por hacerse cargo de otros tribunales en mora y los jueces interinos proliferan en desmedro de la Constitución”, agregando que “los juicios con jurados populares que ya han incorporado otras provincias, ni siquiera están en agenda. La modernización de la gestión es confundida con la tecnología que viste de seda a la mona pero que mona se queda. La discusión sobre las ferias y el horario encubre la falta de contracción al trabajo, la escasa productividad y el abuso de licencias y de la feria misma. La Corte Suprema no revisa su forma de funcionamiento, alguno de sus miembros ni siquiera respeta sus fallos para prologar su pertenencia, mientras asume cada día tareas impropias que ni siquiera cumple con eficacia”.

Reorganizar la justicia federal

Frente a dicho panorama “de frivolidad y corporativismo”, los titulares de la institución convocaron “a todas y todos los jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados hartos de trabajar en un sistema sin legitimidad destinado a ser odiado por la sociedad argentina, a reclamar y trabajar por una reforma integral de la justicia federal”.
Entre las propuestas señaladas están “la inmediata y efectiva implementación en todo el país de la nueva justicia penal federal ya aprobada”, “la aceleración de la reforma de la justicia civil y comercial federal, su verdadera oralización y modernización” y “un impulso real y rápido del traspaso de la justicia nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la reorganización de toda la justicia federal en el país, para equilibrar las cargas de trabajo y evitar el contubernio entre la justicia federal y los gobiernos provinciales”.

Piden crear nuevas oficinas y más tecnología

Por otra parte, las autoridades del Inecip pidieron por una “reforma estructural del Consejo de la Magistratura para que cumpla su función de nombramientos transparentes y proteja al Poder judicial de la manipulación política, evitando los cambios corporativos que solo aumentan los números de miembros” y por “el cambio de la organización judicial en base a criterios de horizontalidad y multifuncionalidad y la participación efectiva de todos los jueces en el gobierno del Poder Judicial, para evitar el nuevo caudillismo y personalismo de sus autoridades, y profundizar su democratización interna”.
A su vez, remarcaron la necesidad de “una verdadera y profunda modernización de la gestión judicial, mediante la creación de nuevas oficinas judiciales como ya existe en las provincias, y una incorporación tecnológica que sirva de apoyo a un nuevo modelo de gestión judicial y a un control de la productividad y eficacia del sistema judicial”, sumando a ello “una reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para acentuar la deliberación, las audiencias públicas y el respecto a sus precedentes (por ella misma, entre otras cosas)”.