Según un estudio recientemente elaborado por la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de las personas menores de 25 años en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, cerca de la mitad, precisamente un 49 por ciento, afirmó que robó para proveerse de drogas.
Los resultados del informe se encuentran detallados en el libro Consumo de Drogas, Prácticas Delictivas y Vulnerabilidad Social.
Se trata de un estudio que indaga la relación entre el uso de sustancias psicoactivas y las prácticas de delito callejero por parte de jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad social.
En la provincia del Chubut, entre 2014 y 2016, último año relevado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se triplicaron los delitos asociados a la infracción a la Ley de Estupefacientes, una cuestión alarmante en el ámbito del consumo de sustancias.

Drogas ilegales a partir de los 14 años

La publicación de la cartera de Justicia analiza los resultados de aproximadamente 2 mil entrevistas realizadas a personas asistidas por los centros de tratamiento que integran la Federación Argentina para la Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Argentina (FONGA).
Entre otros datos, a partir de los testimonios, surgió que un 71 por ciento de la muestra no completó la educación formal obligatoria, donde el principal motivo de abandono escolar fue el consumo.
El relación al inicio del uso de drogas y alcohol, el rango etario prevalente se centra entre los 12 y 15 años, abarcando el 51 por ciento de los encuestados. Así, la edad de 13 años es la de mayor ocurrencia para el inicio de consumo de alcohol y los 14, el inicio del consumo de drogas ilegales.

La mayoría comete delitos

Por otro lado, se advierte en el relevamiento que, a menor edad para inicio del consumo, existe un mayor involucramiento en prácticas delictivas.
En relación al contexto familiar de los asistidos, el estudio indica que el 61 por ciento de los entrevistados vivió situaciones de maltrato infantil.
En la misma línea, la mitad de los encuestados menores de 25 años afirmó tener un familiar cercano que consume drogas.
También, se observó que en las franjas de menor edad aumenta las prácticas delictivas: en la población de hasta 25 años el porcentaje asciende a 75 por ciento y en la población de hasta 18 años, a 84 por ciento.

Estadísticas y planificación estratégica

La investigación Consumo de Drogas, Prácticas Delictivas y Vulnerabilidad Social surgió de la necesidad de sumar mejores herramientas de diagnóstico sobre esta problemática.
En 2015 se publicó un primer estudio que presentó un escenario sobre el consumo dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires. En la segunda edición, se amplió el alcance territorial y se relevó información de instituciones en todo el país.
La presentación del informe se realizó la semana pasada en la sede central de la cartera de Justicia, y estuvo a cargo del director nacional del Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, y el coordinador de Diseños Metodológicos para la Elaboración de Estudios y Estadísticas en Materia de Política Criminal, Hernán Olaeta, responsable del estudio.
El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, destacó la importancia de la publicación y agregó que “a partir de los estudios empíricos periódicos, podremos elaborar políticas públicas más eficaces, tanto en materia legislativa como a través de intervenciones en el campo”.

Poco dinero para abordar las adicciones

Una problemática que persiste en el tratamiento de los jóvenes adictos es la falta de financiamiento de muchas de las ONG que funcionan en distintas provincias del país.
Ya a fines de 2016, el presidente de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), Fabián Chiosso, había señalado que “lamentablemente, el Ministerio de Hacienda y Economía está retaceando los fondos que Sedronar requiere, y más puntualmente, los necesarios para pagar en tiempo y forma a las organizaciones que brindan atención a las personas con problemas de consumo de sustancias”, advirtiendo que “la situación que están viviendo las ONG que trabajan en relación con Sedronar y con provincia de Buenos Aires es muy compleja, como en general lo es la situación de las ONG en todo el país”.
Sin embargo, puso en relieve que “Sedronar está en manos de profesionales capaces que tienen la posibilidad de desarrollar los programas y la política de drogas que hace tiempo estamos necesitando, coherente, sostenible y sustentable en el país; nosotros valoramos profundamente que se haya escogido a las personas y al equipo que hoy está dirigiendo el ente”.

Chubut triplicó las infracciones a la Ley de Estupefacientes

Según el relevamiento de Estadísticas Criminales de la República Argentina, llevado a cabo por la cartera de Seguridad de la Nación, los delitos relacionados a la infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, han ascendido en los últimos años en nuestra provincia.
De acuerdo al último año relevado, 2016, hubo en el Chubut unos 310 hechos encuadrados dentro de dicha categoría; el año anterior, la cifra ascendía solamente a 112, mientras que en 2014 fueron registrados unos 391 delitos relativos a la violación a la Ley de Estupefacientes.
Consecuentemente, el 2015 simuló una “meseta” para ese tipo de hechos, mientras que la cifra se incrementó hasta prácticamente triplicarse, entre 2014 y 2016; sin embargo, el número total para los tres años no contempla el resto de los delitos devenidos de la infracción a la Ley 23.737, por ejemplo hurtos, tentativas de homicidio, homicidios, robos y robos agravados, por lo que las “consecuencias” podrían ser aún mayores si se realiza un análisis extensivo y precisando el alcance, en el ámbito penal, de cada uno de los casos.