Más allá de la férrea defensa por parte de los gobernadores de la potestad constitucional de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, y pese a un posible cimbronazo con las organizaciones ambientalistas, el Gobierno nacional está decidido a homogeneizar el marco normativo de la minería mediante cambios en la Ley de Glaciares que otorguen más certezas a los inversores, por un lado, y a partir del envío al Congreso del nuevo Acuerdo Federal Minero, por otro.
La novedad es que no sólo buscará unificar criterios de acción en el ámbito interno, sino que también procurará aunar estándares de desempeño puertas afuera, a través de la adhesión y promoción de un Protocolo de Buenas Prácticas Públicas en la región.

Cambios en la normativa

En cuanto a la Ley de Glaciares, el secretario de Minería, Daniel Meilán, anticipó que prontamente comenzará a delinearse el texto de una eventual reforma para garantizar la actividad extractiva en la polémica “zona periglaciar”. Así se lo confirmó a los empresarios internacionales con los que se reunió en la reciente convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC).
“Lo principal es crear escenarios de previsibilidad para los inversores que nos permitan impulsar un desarrollo sectorial con equidad.”, señaló el funcionario, quien expuso que actualmente varios proyectos cordilleranos están en duda por los claroscuros que plantea la norma.
A la espera de los datos finales del Inventario Nacional de Glaciares, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, también justificó la necesidad de revisar la ley. “Carece de mecanismos de implementación y ejecución, es una mera épica legislativa”, afirmó.
De todos modos, el Gobierno deberá afrontar la oposición de propios y extraños. Una aliada como Elisa Carrió, por caso, ya manifestó su rechazo a la propuesta, a la que consideró “una ruptura en los acuerdos básicos de Cambiemos”. “No vamos a aceptar modificaciones para favorecer al lobby minero”, expresó la diputada.
Suscripto por 17 provincias, el nuevo Acuerdo Federal Minero será la otra herramienta sometida a debate parlamentario para dotar de mayor estabilidad normativa al sector. “La idea es armonizar nuestra minería en su tratamiento jurídico, administrativo, comunitario y ambiental”, resumió Meilán .

Pautas regionales

Con el propósito de compartir criterios de desenvolvimiento minero en el continente americano, las autoridades también promoverán la adhesión a un nuevo Protocolo de Buenas Prácticas Públicas dentro del sector.
El primer borrador del programa, que fue presentado en la PDAC, apunta a involucrar a los estados en la aplicación regional de estándares de evaluación en aspectos relacionados con las comunidades y las personas, la seguridad, la salud, la planificación de la gestión de crisis, las comunicaciones, la responsabilidad ambiental, la eficiencia energética, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el manejo del agua.
“La intención de la Argentina y de varios países de la región es lograr que este protocolo sea vinculante en toda América. Hemos recibido una gran aceptación al respecto y esperamos una adhesión masiva para el segundo semestre del año”, adelantó el secretario Meilán.