Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. La Casa Rosada para justificar la medida de centralizar el manejo de fondos puso de ejemplo, entre otros casos, a Chubut y recuerdan el proceso judicial, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia, que pedían dinero y favores sexuales como condición para otorgarles las casas.
La acusación alcanza con distintos grados de responsabilidad a varias personas, en su mayoría ex funcionarios de la delegación comodorense del IPV, a partir de irregularidades detectadas en la entrega de casas entre los años 2011 y 2014, en las que se detectaron adjudicaciones a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.

Bajo sospecha

Los cambios impulsados a nivel nacional por irregularidades en la entrega de viviendas construidas con fondos del Estado, por lo que desde ahora Nación controlará los listados de adjudicatarios, tiene un antecedente concreto en Comodoro Rivadavia, con la denuncia que involucra al ex titular del IPV en Comodoro Rivadavia, Abel Reyna, quien afronta un proceso que lo llevará a juicio abreviado por los delitos que se le imputan en el ejercicio de aquella función, que podrían derivar en una pena de 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los 31.000 millones de pesos que el gobierno de Mauricio Macri pretende destinar este año para la construcción de viviendas sociales serán centralizados en el ámbito nacional, con la puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que en el Ministerio de Rogelio Frigerio adjudican a “provincias gobernadas por el PJ”. En concreto, los listados de adjudicatarios de cada provincia del país serán revisados por el gobierno nacional, antes de proceder a la entrega.
El tema fue expuesto durante la reciente reunión del Consejo Nacional de la Vivienda celebrado en San Juan, donde se mencionaron como ejemplos los casos de irregularidades tanto en la provincia anfitriona como el juicio que aún está pendiente sobre las ex autoridades del IPV en Comodoro Rivadavia.

La acusación contra Reyna

Vale recordar que Abel Reyna fue acusado por los delitos de cohecho, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, imputaciones en las que su defensa admitió responsabilidad al decidir avanzar en un proceso de juicio abreviado (esto implica reconocer la culpa en los delitos investigados): según anticipó la fiscalía, el hecho podría derivar en una pena de prisión de 4 años, más la inhabilitación para cumplir cargos públicos, algo que su defensa pretende cambiar por “cargos políticos”: la diferencia no es menor, porque el ex funcionario es además empleado de planta municipal, por lo que su defensa apunta a que no pierda el empleo, si bien acepta no ejercer nuevas funciones políticas.

La acusación alcanza con distintos grados de responsabilidad a otras siete personas, en su mayoría ex funcionarios de la delegación local del IPV, a partir de irregularidades detectadas en la entrega de casas entre los años 2011 y 2014, en las que se detectaron adjudicaciones a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.
El proceso tiene pendiente la designación de un nuevo juez para resolver sobre la suspensión del juicio a prueba para Claudia Leonori, Vanesa Cónsoli Medina y Raquel Antimilla, quien esperaban beneficiarse con esa medida, pero la fiscalía se opuso porque las casas objeto de las irregularidades investigadas no fueron restituidas al organismo provincial.

Múltiples irregularidades

Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país «llegue efectivamente a quienes lo necesitan”, el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.
La novedad, que llega en línea con las medidas de «austeridad” y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.

Base Única de Beneficiarios

Las irregularidades detectadas, y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. «Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas», afirmaron voceros del ministro.
La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado «evitar los abusos”, que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a «provincias gobernadas por el PJ”.
Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.

Adhesión de provincias

«Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente”, afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan.
El gobernador local, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado. El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. «Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales”, detallaron desde el Gobierno.

84.000 viviendas en ejecución

Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. «Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos”, ampliaron las fuentes oficiales.
En Casa Rosada mencionan el caso de Tucumán, donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.

San Luis se resiste

En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas.
Y en Chubut aún se recuerda el juicio, el año pasado, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia, que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas.
En los sondeos previos, Kerr se encontró con muchos apoyos y una sonora negativa: la de San Luis. Los funcionarios que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría «una intromisión en los números de la provincia”. A ellos, y a quienes se opongan, la Casa Rosada les dirá que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.

Estafas

Tucumán: Se abrió en enero una causa penal para investigar la existencia de una organización criminal dedicada a cometer estafas con la entrega de viviendas sociales. Según una denuncia del Ipvdu, personas ajenas al organismo cobraban dinero para gestionar la adjudicación de casas construidas con fondos del Estado. La principal señalada es Elizabeth Rosa Alzogaray, una cooperativista con fuertes lazos con el peronismo tucumano.

Fuentes: Adn Sur, Télam, La Nación, otras