El Frente de Mujeres integrante del partido municipal Unidos y Organizados para la Victoria Puerto Madryn, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y las cátedras de género y derechos humanos de las sedes Puerto Madryn y Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, presentaron un Amicus Curiae en la causa, que fue admitido por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut.
El motivo fue el otorgamiento del beneficio de la suspensión de juicio a prueba 30 horas de trabajo comunitario durante un año y medio y la realización de un tratamiento psicológico para un hombre que abusó sexualmente de dos niñas durante tres años por parte de Cámara Penal de Trelew, integrada por los doctores Barrios, Minatta y De Franco.

La presentación

Las cuatro organizaciones, que poseen amplia trayectoria en el seguimiento de los compromisos asumidos por nuestro país en relación a los derechos humanos de las mujeres, consideran “que las cuestiones debatidas en este caso – en relación a la aplicación del beneficio de la “probation” tratándose de delitos de violencia sexual expone a nuestro país a la responsabilidad internacional por no cumplir el compromiso de garantizar los derechos humanos de las personas, en especial de las niñas”.
En la presentación realizada las organizaciones argumentan que “propiciar la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba como un remedio eficaz a fin de dar “solución” a casos de violencia de género es minimizar la problemática, además de ignorar las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. tales como Convención de Belem de Para, Convención Internacional de Derechos del Niño, recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI y también jurisprudencia nacional, regional e internacional de derechos humanos de mujeres y niñas”. Por ejemplo, la Comisión Interamericana ha dicho que: “La falta de juzgamiento y condena… es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer. (…) Esa inefectividad judicial general y discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos”
Desde las organizaciones advirtieron: “Se envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir. Se favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”.