El juez Sergio Piñeda dictó ayer la prisión preventiva para los cinco detenidos, al avalar el planteo fiscal de que el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa; su secretario Diego Luthers y Natalia Mac Leod (pareja de Correa); Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa constituyeron una asociación ilícita para ocasionar fraude al erario público de Chubut. «Estás personas en libertad podrían ejercer influencia sobre pruebas o personas», consideró el magistrado que otorgó 6 meses de plazo para la investigación.

Enriquecimiento ilícito

En la audiencia de control de detención contra los cinco detenidos por fraude al Estado, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams afirmaron que las pruebas, allanamientos y escuchas telefónicas permiten demostrar la existencia de una asociación ilícita en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. Pidieron plazo de 6 meses de investigación, por lo complejo de la causa, el congelamiento de cuentas y el embargo de los 5 vehículos secuestrados.

Testaferros

La audiencia comenzó este viernes a las 8.15 en la sede del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson. El fiscal Omar Rodríguez, tal como lo había anticipado, los acusó de formar una asociación ilícita y apuntó contra el ex titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa, de estar detrás de la empresa Dual Core, que lograba contrataciones directas con el Estado.
El fiscal dijo en la audiencia que Correa utilizó como testaferro a Sergio Ríos para construir su casa en Trelew y los dúplex en Playa Unión.
Para el fiscal Alex Williams, Diego Correa, su pareja Natalia Mac Leod y Diego Luthers era empleados públicos que adquirieron empresas de manera poco clara y lograron contrataciones millonarias. En torno a la mujer, se señaló en la audiencia que poseía ahorros en dólares y adquirió dos terrenos frente al barrio Las Margaritas de Trelew, en 50.000 dólares cada uno.

«Sacame las cajas de la oficina»

Se indicó desde la acusación que en una escucha telefónica, Correa le pide a su secretario Luthers «sacame las cajas de la oficina» cuando toman conocimiento de que estaban siendo investigados. Además, intentaron vender un vehículo Hyundai que aparece como propiedad de la otra firma que le adjudican, que es Sepat SRL.
«Cada imputado tenía conocimiento acabado de cómo funcionaba la organización delictiva» señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Se precisó que cuando Correa fue detenido en su poder tenía 600.000 pesos en el interior de una rueda de auxilio, también dos computadoras, teléfonos y dos cajas con documentación.

Hasta ahora son 18 casos

La imputación de los fiscales es por 18 hechos de contrataciones directas a las firmas Dual Core y Sepat.
Al momento de la resolución, el juez Sergio Piñeda, afirmó que «Encuentro como presuntos autores a las personas aquí traídas, con los distintos roles que cumplieron». Agregó: «Entiendo también como peligro de entorpecimiento la destrucción o el ocultamiento de pruebas» y que «en los allanamientos quedó claro que intentaron deshacerse de pruebas». «La gravedad está dada por tratarse de dinero del erario público» consideró el magistrado.

Congelamiento de cuentas

El juez Piñeda también dictó el embargo a los autos secuestrados y el congelamiento de las cuentas bancarias. “Se ha podido lograr la vinculación de todos los imputados en perjuicio del erario público”, argumentó.
La Unidad Fiscal Anticorrupción, a cargo de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, tendrán seis meses de investigación. Durante la audiencia pidieron para los imputados la indisponibilidad de bienes, el congelamiento de fondos en entidades bancarias además del embargo de automóviles secuestrados durante los allanamientos.
Fabián Gabalachis, abogado particular de Diego Correa y Sandro Figueroa, no se opuso a la prisión preventiva del primero y pidió prisión domiciliaria para el segundo por dos meses. Advirtió que no está probada la participación de ellos en una “asociación ilícita”, diciendo que a lo sumo pudo tratarse de “hurto”.
En tanto, el defensor oficial de Natalia Mac Leod, Lisandro Benítez, pidió la domiciliaria por tener menores a su cargo. La misma medida sustitutiva pidió para Diego Lhuters, detenido en Casa de Gobierno, y que según el defensor, tiene a su cargo a su padre.

“Lo tienen apuntado al Procurador”

Para la fiscalía, los imputados estaban al tanto de que eran investigados y en algunos aspectos trataron de deshacerse de elementos comprometedores como vehículos y bolsos con documentación, estos últimos encontrados en la casa de la madre de Luters, ya que Correa había pedido que desaparezcan.
En una de las escuchas se señala que el propio Correa había viajado a Buenos Aires y comunicándose con gente de confianza manifestó “lo tienen apuntado al Procurador y ya sabemos quiénes son los que nos escuchan por teléfono”.
Al poco tiempo cambió su número telefónico y se lo dijo a otro hombre de confianza: Juan Carlos Ramón, quien es captado en una comunicación cuando le da esta noticia a otra persona.