Este martes, en la ciudad de Esquel, el Juez de primera instancia doctor Martin Zacchino absolvió a todos los imputados, acusados de defraudación a la administración pública, en el caso por la venta de 240 hectáreas con costa del río en la ciudad de Corcovado, las cuales pasaron del Municipio de Corcovado a manos de inversores.
La fiscalía había inculpado al ex intendente Héctor Raúl Diez como autor penalmente responsable del delito de Defraudación por Administración Fraudulenta contra el Estado, y a la ex intendenta María Roxana Novella, María Josefa Larrea viuda de Torres, Gladys Raquel Austin, Héctor Jorge Bustos, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo e Irma Díaz como partícipes necesarios en ese mismo delito. Y de todos, con excepción de Larrea, como autores del delito de Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos.

La acusación

Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que las ordenanzas específicas y la documentación existente se refieren a un pedido en venta de tierras fiscales por parte de Josefa Larrea, no como un proceso de regularización de tierras públicas, como lo plantearon los imputados y algunos testigos en el juicio.
En el expediente del IAC, Josefa Larrea presentó una nota el 15/11/2002, donde reconoció que tiene adjudicación en venta con condiciones incumplidas (pago parcial y no hizo mensura) por 150 hectáreas. Por las otras 90 reconoció que no tiene nada, ni nunca logró adjudicación en venta.
Cuando pasó la administración de tierras fiscales al Municipio, Larrea y sus hijas contaban con la adjudicación en venta de 150 hectáreas, aunque no habían regularizado el pago y no se les había aprobado la mensura “que había sido observada por la propia comunidad de Corcovado quienes ya por entonces solicitaban poder tener acceso al balneario municipal”.
Con respecto a la transacción, desde la Fiscalía subrayaron que todo el pase de titularidad de 240 hectáreas con costa del río Corcovado, de manos del Estado a las de dos inversores privados, quienes fraccionario, lotearon y vendieron por importantes sumas solo llevó diez días.
Al respecto, los fiscales sostuvieron que Larrea sólo tuvo intención de re vender los lotes, nunca de generar establecimientos productivos: “Su objetivo era venderlo y esta intención era de conocimiento público en el pueblo”, indicó la fiscal, añadiendo que así es como tomó contacto con la inmobiliaria de Anselmo Cadene en 2010, quién empezó a ofrecer esas tierras a inversores que pudieran estar interesados, con la idea de realizar un loteo urbano.
Haciendo notar que, con el plano de mensura registrado, en la sesión del 24 de noviembre de 2011 se sancionó la Ordenanza N° 742/11 “Venta de Tierras a Larrea Maria Josefa”, con los votos de los concejales Ocampo, Novella, Bustos, Austin, Pereyra y Diaz, autorizando a vender dos parcelas fiscales por la suma de 1.513.167,50 pesos, que fue promulgada al día siguiente por el intendente Diez. Diez días hábiles después, el mismo Concejo sancionó, en sesión extraordinaria del 7 de diciembre, la Ordenanza N° 751/11 “Autorización a María Josefa Larrea”, autorizando a María Josefa Larrea, reciente adquirente de la tierra, a ceder, vender o transferir por cualquier concepto el derecho por la adjudicación en venta. Destacando que el Concejo autorizó a vender sin que los pagos se hayan efectivizado, sosteniendo que las dos ordenanzas, que primero otorgan y luego habilitan a vender los lotes en cuestión, no cumplen con ninguno de los requisitos legales para ser válidas.
Los fiscales Révori y Rivarola, más allá del fallo del Juez, consideraron que lograron demostrar que los imputados eran conscientes de lo que estaban haciendo y obraron con voluntad de llevar a cabo las conductas que configuran el delito de defraudación contra el Estado. Sin embargo, ese dolo no se habría logrado demostrar en relación a los inversores privados, tanto en relación a Comerci y Torres, como a Anselmo Cadene.