Los jueces de garantías Mirta Moreno y César Zaratiegui convalidaron lo que la semana pasada resolvió el juez Sergio Piñeda cuando envió a prisión preventiva por el plazo de seis meses al contador Federico Gatica en la causa donde se investiga el robo de dineros públicos por parte de una asociación ilícita en la que el profesional está imputado de lavado del dinero, en este caso obtenido del erario público.
La decisión coincidente de ambos jueces se tomó ayer en una audiencia solicitado por el abogado Jorge Chialva, defensor de Gatica, en la que pedía la revisión de la decisión que el viernes pasado tomó Piñeda.

Fuga y entorpecimiento

Moreno y Zaratiegui entendieron que Gatica cuenta con el suficiente sustento y poder económico como para ocultarse o fugar del país y además coincidieron con los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez en que, con su conducta en los días previos a su detención, Gatica intentó entorpecer la investigación. Por sobre estos argumentos puntuales, luego de escuchar a las partes y tras escuchar en un cuarto intermedio el audio de la grabación con la resolución de Piñeda, sus pares Moreno y Zaratiegui consideraron “nuestra tarea de revisión nos lleva a concluir que la decisión del juez Piñeda es correcta, está ajustada a derecho, es lógica y no es arbitraria”. Moreno fue más precisa en una parte de su decisión al indicar que el defensor Chialva no atacó la “probabilidad de autoría” de Gatica y la llamada “gravedad del hecho”.

Expectativa de pena

En este sentido destacaron el rol importante de Gatica en el hecho que se investiga. Dijeron que el delito que se le enrostra prevé prisión de efectiva para una pena que tiene un piso de cuatro años y medio de prisión. “Se investiga que el imputado tuvo a disposición dineros públicos, y que de los hechos surge que no desconocía lo que hacían Correa (Diego) y los otros integrantes del grupo” (el resto de los imputados, todos detenidos junto al mencionado anteriormente).
Zaratiegui dijo que “un grupo de personas, entre ellos Gatica, conformó una asociación ilícita y se habrían apropiado de dineros del erario público de manera ilegal. Era dinero público al que luego se le daba la apariencia de ser obtenido legalmente”.

Respuesta a Chialva

Además, Moreno hizo puntualmente una aclaración. Saliendo al cruce de dichos de Chialva, indicó que “mi resolución es jurídica y desconozco las motivaciones políticas”. El defensor se había referido al alto impacto que la investigación tiene en las redes sociales y en “cierta prensa amarilla” aludiendo además a las especiales circunstancias económicas por las que atraviesa la Provincia que redunda en la atención de la sociedad acerca de la marcha de la investigación.
Según la argumentación de Chialva, el imputado nunca ha pretendido fugarse si se tiene en cuenta que al momento de allanarse su casa y estudio contable se hallaba en Méjico y bien pudo desde ese país eludir a la justicia de Chubut. Destacó además el arraigo que tiene en la ciudad de Trelew donde nació estudió y tiene a toda su familia, además de 13 empleados de su estudio jurídico. Apuntó además que no está en condiciones de entorpecer la investigación habida cuenta que numerosa documentación secuestrada en su casa y en su estudio contable, además de todos los soportes informáticos, lo impedirían contar con los medios para obstaculizar el trabajo de los investigadores.
Los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez cuestionaron a Chialva porque basó su argumentación sin haber accedido al expediente “a pesar de haberlo tenido siempre a su disposición” y que en su línea argumental atacó los dichos de los fiscales cuando en realidad debió haber atacado los conceptos vertidos por Piñeda en su resolución del viernes pasado”.

El GIRSU contrató a una empresa de Diego Correa

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública que encabezan los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams llevaron adelante un procedimiento en las oficinas del GIRSU en busca de documentación, ya que ese organismo contrató a una de las empresas de Diego Correa.
Williams confirmó que en la documentación hallada se desprende que “efectivamente hubo al menos una contratación entre la gerencia y Dual Core que lleva la firma de Cristian Eguillor”.
Esta situación compromete aún más al ex funcionario de la obra social provincial, que ya estaba siendo investigado por las contrataciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros con algunas de las empresas que controlaba la banda de Diego Correa y por ser garante del alquiler de Daniela Souza en Playa Unión.
En la causa paralela por presuntos retornos de la obra pública, Williams confirmó que “esos contactos que recibimos nosotros de manera informal nos transmitieron la voluntad para venir a explicar cómo fue la maniobra. Asimismo, el fiscal precisó que en principio “serían personas que están involucradas con las maniobras, por eso la figura del arrepentido. Hasta ahora nadie se ha presentado, solo fueron contactos informales”.