El Procurador general, Jorge Miquelarena, anunció que «ante la cantidad de casos y derivaciones de los delitos contra la administración pública y la necesidad de dar respuesta adecuada, habremos de incorporar a dos fiscales de la unidad especial ya creada».
Marcos Nápoli, asumirá en las próximas horas al frente de la investigación de esas anotaciones que se le adjudican al exsecretario privado del extinto Mario Das Neves, Diego Correa, en las que aparecen nombres de funcionarios, políticos, empresas y hasta de periodistas al lado de montos que aparentemente se les pagaba utilizando –se sospecha—fondos del Estado o de “retornos”.
Una hipótesis delictiva que comenzarían a investigar podría ser la de “enriquecimiento ilícito”, en el caso que se compruebe que algunos de los que aparecen allí –efectivamente- son o han sido funcionarios públicos. Pero sobre todo lo que debería esclarecerse, es si esas listas realmente reflejaban una distribución de dinero entre los nombres que allí aparecen y qué era lo que se les pagaba.
El fiscal Nápoli también se haría cargo de la causa en la que se investigan posibles adquisiciones con “sobreprecio” con fondos públicos de bienes que fueron enviados a Comodoro Rivadavia por las inundaciones del año pasado. Un caso del que se desprendió el proceso judicial por el que hoy están presos Diego Correa, su mujer, el exsecretario de la Gobernación Diego Luther, el contador Federico Gatica y otros tres imputados de formar parte de una asociación ilícita con la que se habría cometido un millonario desfalco del Estado chubutense.
De esta forma, mediante resolución, el Procurador General amplió la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública.
A las tareas que realizan los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, se le suman ahora los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y el funcionario de Fiscalía Dr. Gustavo Núñez, bajo la prestación de tareas que resulte más conveniente.
Para esta decisión se tuvo en cuenta que el Caso Correa “ha derivado un sinnúmero de efectos con diferentes niveles de impacto, que surgen denuncias de hechos de corrupción que involucran a gran cantidad de sospechosos, lo que a su vez suscita expectativas de que se logren las condenas de los responsables y se recuperen los bienes que fueron ilícitamente detraídos de las arcas estatales”.
De esta forma, plantea la resolución que el Ministerio Público Fiscal, que para estar a la altura del desafío, se deben redoblar los esfuerzos para cumplir con los compromisos y poner como prioritarias estas causas. La resolución, firmada por el Procurador General Jorge Miquelarena, fue emitida el viernes.