El gobierno de Mariano Arcioni deberá resolver esta semana si promulga y reglamenta la ley que creó el Fondo Ambiental Provincial (FAP) o procede a su veto. La Provincia recaudaría alrededor de cien millones de pesos anuales aplicando este arancel al langostino aprobado por la Legislatura la semana pasada.
La flota amarilla de Chubut solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que vete la norma y anticiparon que presentarán un recurso de amparo con efectos suspensivos, en caso de promulgarse. La administración de Arcioni sufrió un duro revés la semana pasada, tras vetar una ley, la Cámara de Diputados rechazó el veto y dejó firme la ley, con el dato político que la medida tuvo acompañamiento de parte del bloque oficialista.
Ese escenario es clave para entender lo que resolverá el gobierno respecto de esta ley que impuso un arancel de un dólar por cajón de langostino desembarcado en los puertos provinciales.

Planteo de la flota amarilla

Desde la Cámara de la Flota Amarilla cuestionaron la medida y así se lo hicieron saber al Gobernador. “En un sospechoso tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto,” entre gallos y medianoche salió aprobada la ley, en silencio, sin debate, sin consultas y sin anuncios previos, en una clara maniobra destinada a imponer un nuevo gravamen, carente de toda reflexión. Pareciera que la idea es crear tributos que alimenten la insaciable voracidad fiscal como único objetivo, sin detenerse en razonar sobre los impactos no deseados de nuevos tributos que se alumbran”, señala el escrito que ingresó el viernes en Casa de Gobierno.
“El sector pesquero del que formamos parte – dice la CAFACH- se ha llevado una notable y desagradable sorpresa, cuando amanecimos con la noticia respecto a la sanción de una ley de creación de un Fondo Ambiental Pesquero, iniciativa promovida por el Diputado Alfredo Di Filipo, del bloque Convergencia. Sí, Señor Gobernador. Se trata de la misma persona que usted sindicó públicamente como personaje nefasto de la política y que se dedicaba a extorsionar al Poder Ejecutivo, reclamando para sí el manejo de la Secretaría de Pesca Provincial”, le indicaron a Arcioni.

Impuesto

Por otra parte, sostienen que “una primera conclusión a la que arribamos es que con el nombre de arancel han maquillado desprolijamente un verdadero impuesto ya que no existe contraprestación alguna por dicha contribución.
Con esa burda artimaña pretenden sustraerse a la objetable doble imposición, en tanto ya existe un impuesto provincial de pesca creado por la Ley XXIV N° 17 (antes ley 2409)”, argumentan, y sobre este punto es que plantearían un recurso de amparo ante la promulgación de la ley.
En segundo lugar, la flota amarilla le dijo al gobierno provincial que el nuevo arancel “contraviene visiblemente el Pacto Fiscal subscripto recientemente y refrendado por la Legislatura Provincial. No solo choca con la letra del referido Pacto sino también vulnera su espíritu, traicionando los compromisos adoptados ante Nación”. “El Pacto Fiscal procura bajar la presión tributaria sobre las actividades económicas, y en especial, sobre aquellas que son netamente exportadoras. Propone armonizar la estructura tributaria de cada jurisdicción, buscando que no recaiga en las Provincias la creación de nuevos tributos y de esta manera promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico”, agrega la presentación.

Pacto Fiscal

En esa línea, sostienen que “el Pacto Fiscal no considera a la actividad exportadora como una actividad más. Le dedica un párrafo especial a la desgravación de la exportación de bienes, dentro del capítulo Ingresos Brutos y Sellos, cuya eliminación será total para el año 2.020”, recordaron sobre los alcances del acuerdo que Chubut celebró con la Nación. “Resultando este mal parido arancel del FAP un gravamen distorsivo, por atentar contra el desarrollo económico, no se compadece con el objetivo de eliminar tratamientos diferenciales en la actividad económica. Lejos de promover nuevos impuestos o aranceles, entendemos que faltan políticas que fomenten la inversión en capital de trabajo y tecnología, que permita mejorar en términos de productividad y eficiencia, acompañando el desarrollo y crecimiento que esta actividad ha venido teniendo en los últimos años, verdadero motor de la economía provincial”, indica el escrito entregado al gobierno en el que piden al Ejecutivo que “reconsidere la nueva ley aprobada en la Legislatura de la Provincia de Chubut y proceda a vetarla, dado que se trata de un instrumento contrario a los intereses provinciales, que contiene deficiencias jurídicas insalvables y que contraviene los compromisos asumidos con Nación”, añade.
Con todo, el gobierno provincial se encuentra sumido en una profunda crisis económica y con evidentes signos de debilidad política. La mitad del propio bloque oficialista rechazó, junto a la oposición, el veto a una ley dejándola firme. Mientras desde la Secretaría de Pesca se muestran contrarios al arancel al langostino, desde el Ministerio de Ambiente, que sería el organismo de aplicación del arancel no piensan en un veto sino en la reglamentación sobre sus alcances.
Antes del feriado largo deberá haber una decisión política ya que el 2 de mayo la norma se promulgará automáticamente. (Fuente: Revista Puerto)