Pasaron para el próximo 13 de junio la audiencia de la causa por corrupción e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV de Comodoro Rivadavia. En una de las últimas audiencias el pasado 27 de septiembre de 2017, la jueza penal Mariel Suárez resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para los imputados Antimilla, Medina Consoli y Leonori. Este rechazo fue impugnado por la defensa ante la Cámara Penal, y por ello la jueza resolvió suspender la audiencia para que se trate dicho recurso. Finalmente, la Cámara Penal anuló la resolución de la suspensión y ordenó que la audiencia se efectúe nuevamente ante otro juez, asignada por la Oficina Judicial a Raquel Tassello, quién fija de acuerdo a la agenda la preliminar para el próximo 13 de junio. La fiscal Camila Banfi solicitó se eleve la causa a juicio oral y público en contra de los coimputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Claudia Leonori, Raquel Antimilla y Vanesa Medina Consoli.

Entrega irregular de viviendas

El hecho a investigar se produjo cuando los imputados Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, habrían formado una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados viviendas del IPVyDU.
Asimismo, desde la Fiscalía sospechan que obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales y realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos.
Según la acusación, Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local. Asimismo, Acosta habría colaborado como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello, como señalan desde el Ministerio Público Fiscal.

Favores sexuales

Vale recordar que Abel Reyna fue acusado por los delitos de cohecho, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, imputaciones en las que su defensa admitió responsabilidad al decidir avanzar en un proceso de juicio abreviado (esto implica reconocer la culpa en los delitos investigados), según anticipó la fiscalía, el hecho podría derivar en una pena de prisión de 4 años, más la inhabilitación para cumplir cargos públicos, algo que su defensa pretende cambiar por “cargos políticos”, la diferencia no es menor, porque el ex funcionario es además empleado de planta municipal, por lo que su defensa apunta a que no pierda el empleo, si bien acepta no ejercer nuevas funciones políticas.
La acusación alcanza con distintos grados de responsabilidad a otras siete personas, en su mayoría ex funcionarios de la delegación Comodoro Rivadavia del IPV, a partir de irregularidades detectadas en la entrega de casas entre los años 2011 y 2014, en las que se detectaron adjudicaciones a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.