El Senado Nacional aprobó y devolvió con cambios a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Defensa de la Competencia, que busca evitar la cartelización, y luego se dispuso a tratar la Ley de Compre Argentino, que apunta a favorecer a las Pymes nacionales en los procesos de compra del Estado.
La iniciativa sobre Defensa de la Competencia fue aprobada con 50 votos a favor y 8 en contra, pero debido a que se le hicieron cambios durante su tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías, será devuelto a la Cámara de Diputados, que la había aprobado el año pasado.
El proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

Prohíbe acuerdo entre competidores

Uno de los cambios que se le hicieron al proyecto original radica en que, en lugar de contemplar la «designación ficta» de las autoridades del Tribunal se establece que necesitarán acuerdo del Senado, según explicó el senador Mario Pais (Bloque Justicialista).
El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de «repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento», entre otros puntos.
Otro de los aspectos centrales del proyecto son las sanciones a las empresas que incurran en esas prácticas, dado que, según la senadora oficialista Inés Brizuela y Doria, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, «hoy son bajas y no cumplen el carácter disuasivo que deberían tener», por lo que «los grandes empresarios eligen violar la ley».

Suspensión como proveedores

Entre las multas que prevé el proyecto, se destaca la suspensión de la empresa en cuestión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.
«Hoy lo que tratamos no es una idea que se le ocurrió a un senador, es una demanda Constitucional que establece en su artículo 42 que es obligación del Estado velar para el normal funcionamiento de los mercados», manifestó el senador oficialista Federico Pinedo al defender el proyecto.
En tanto, las principales críticas fueron expresadas por el bloque del Frente para la Victoria, donde Cristina Kirchner advirtió que «esta ley no es para la defensa de la competencia, es porque la OCDE la está reclamando».
La ex presidenta y su compañera de bloque Anabel Fernández Sagasti remarcaron como un error que el proyecto no defina un «criterio objetivo y numérico» para definir la «posición dominante de mercado».

Régimen de clemencia

El «régimen de clemencia», como lo bautiza la ley, prevé la reducción o exención de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley. Puntualmente, exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar casos de cartelización.
Además, se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo autárquico encargado de controlar y fijar sanciones, compuesto por un tribunal de cinco miembros y dos secretarías: las de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Hoy, por la ley vigente, la 25.156, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Poder Ejecutivo.
En la conformación de ese tribunal está el cambio central, por lo que el tema deberá volver a la Cámara de Diputados. A pedido del peronismo, se aceptó que el Senado deba prestar acuerdo tácito a los integrantes de ese cuerpo. El texto aprobado en la Cámara baja, en cambio, preveía que, si en 60 días el Senado no se expedía, las designaciones quedaban aprobadas.

Evitar distorsiones

Puntualmente, la reforma establece la prohibición de «todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado».
Respecto de las multas, indica que las empresas que incurran en prácticas monopólicas y de cartelización deberán pagar una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en la conducta ilegal, multiplicado por la cantidad de años en los que hayan sostenido esas prácticas. Ese monto no podrá exceder el 30% del total de negocios de la empresa involucrada.
La defensa del proyecto corrió por cuenta de Federico Pinedo (Cambiemos-Capital), quien lo enmarcó en las «acciones contra los abusos de monopolio» que, según él, implementó el Gobierno, como los acuerdos para la compra de medicamentos del PAMI y las medidas contra la «cartelización de la obra pública».
«No podemos seguir con el sistema actual. Estamos consolidando un sistema oligopólico, de economía concentrada y prebendas por parte de algunos señores que retienen privilegios por ser protegidos por un sistema político que no los limita», concluyó Pinedo.

No evita la concentración

Las críticas de la oposición giraron en torno de que el proyecto no fija un porcentaje a partir del cual se considera que una empresa tiene posición dominante en un mercado. «Esto no sirve si no se establece un número que indique qué es posición dominante en el mercado. Si no, va a depender de la interpretación de los jueces», advirtió Cristina Kirchner (FPV-Buenos Aires).
En la misma línea, Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza) evaluó que la nueva ley «no evita la concentración económica ni garantiza los derechos de usuarios y consumidores», y apuntó a «altos funcionarios del Gobierno que pertenecen o pertenecían a multinacionales que tienen posiciones dominantes en mercados argentinos».

El “Compre Argentino” salió por unanimidad

El Senado convirtió en ley el régimen de Compre Argentino, que entre otras cosas amplía los márgenes de preferencia sobre bienes de origen nacional del 7% actual al 15% para las pymes, mientras que para las grandes empresas pasará de 5% al 8%.
El proyecto sancionado con 49 votos a favor y ninguno en contra.
“En Argentina, cuando hablamos de las compras públicas, hablamos de un 5% del PBI y de un 2,5% del trabajo argentino”, graficó la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, Silvia Elías de Pérez (UCR).
La senadora, miembro informante, sostuvo que esta ley servirá para que “la empresa nacional sea defendida y el trabajo nacional sea potenciado”, y destacó que “se está incentivando a que la pyme nacional se ponga a competir”.
José “Nato” Ojeda anunció el acompañamiento del interbloque peronista Argentina Federal, y ponderó que en el Ministerio de Producción haya “gente que se preocupa por las pymes argentinas a pesar del ministro (Francisco) Cabrera”.
En tanto, María de los Ángeles Sacnun, del bloque kirchnerista, cuestionó que “aquí se habla de Compre Nacional y de transferencia de tecnología, pero se está devastando y desarmando el INTI, instituto fundamental para la innovación tecnológica”.
El proyecto sancionado mantiene en el 40% la participación del componente importado para que la denominación sea “bien nacional”.