En 2017 fue presentado, desde el bloque Cambiemos del Concejo Deliberante, un proyecto para que la ciudad de Puerto Madryn gestione el tratamiento de la chatarra, habida cuenta de la importante cantidad de vehículos abandonados, y aquellos judicializados y sin reclamar, que se encuentran ubicados próximos al Puesto 201.
La iniciativa fue analizada por el Departamento Ejecutivo Municipal y, a través del edil Claudio Tortoriello, gestionada la adhesión a la Ley que prevé la disposición final tras la compactación de dichos vehículos.
Una vez en marcha el proyecto, desde el Municipio enviarán la nómina de vehículos a compactar al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición final de Automóviles (Pronacom), organismo que asignará la ruta a las máquinas que harán el trabajo para que las mismas arriben a la ciudad del Golfo, con el objetivo de procesar el material; a su vez, tras afrontar los costos de compactación y descontaminación, el excedente generado por la venta de la chatarra será donado al Centro de Ayuda Integral del Niño y Adolescente en Riesgo (Cainar), con el objetivo de que la ONG continúe acondicionando su nueva sede.

Modificaron la Ordenanza

En este contexto, Tortoriello expuso que “hubo que hacer una adhesión, que en realidad fue una corrección a la Ordenanza que se había sacado, ya que desde el momento en que la presenté, hasta el momento en que se aprobó, pasaron muchos meses y, a esta altura, ya estamos cerca del año desde que fue presentada la normativa” y advirtió que “en el marco de la falta de tratamiento y el ‘no apoyo’, hubo una modificación en el procedimiento de compactación de chatarra por parte del Pronacom; ahora, hay que adherir a la Ley, en su momento esto no era así, por lo que tuvo que realizarse la adhesión, ya que con los tiempos que se tomó el Municipio y la no gestión ante dicho organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad, hubo modificaciones en el camino y se debió modificar la Ordenanza”.

“Más de un año sin tratamiento”

Sobre este punto, el concejal planteó: “No nos olvidemos que hace ya ha transcurrido más de un año desde que se promulgó la Ordenanza, y el gobierno de la ciudad de Puerto Madryn no ha presentado, en todo este tiempo, ninguna solicitud al Pronacom; y cuando la fue a realizar, ocurrieron estas cuestiones, las cuales han sido corregidas mediante una Ordenanza”.
La adhesión “es parte de una modificación en la reglamentación del procedimiento, pero este último sigue siendo el mismo; lo único que cambió es que ahora (desde Pronacom) solicitan la adhesión a la Ley nacional, por una cuestión de protocolo y de forma; el resto continúa bajo la misma modalidad”.
En cuanto al procedimiento en sí mismo, Tortoriello explicó que “el Municipio tiene que contactarse con Pronacom para hacer la solicitud de la compactación, presentar la nómina de vehículos a compactar, con número de motor, modelo, estado y demás requisitos que impone el organismo, y éste, de esa manera, toma la nómina para organizar la ruta de las máquinas compactadoras, que están dando vueltas por el país haciendo este trabajo, y asignarle el recorrido a la empresa que realiza dichas tareas”.

Donará lo recaudado a Cainar

Otra cuestión que se había planteado desde el inicio de la propuesta del bloque fue que el dinero resultante de la venta de la chatarra sería donado a una institución u ONG de Puerto Madryn: “Eso se mantiene, está vigente la Ordenanza anterior, y la entidad a la cual se les dará los fondos de lo producido; entre el costo de la compactación y la descontaminación, y la venta de la chatarra, hay un monto, que no es mucha plata pero tal vez para una institución sí lo es, y este dinero irá destinado al Cainar, una institución de bien público que trabaja con jóvenes y niños en situación de vulnerabilidad; esto es algo muy necesario para ellos, ya que entre otras cosas necesitan terminar sus instalaciones, y les va a venir muy bien esta ayuda que viene del producto de la compactación”.

Atendiendo un tema ambiental

El Pronacom es un programa nacional de descontaminación, compactación y disposición final de automóviles, que “surge en respuesta a la problemática social y ambiental que genera el incremento del parque automotor en Argentina y la consecuente acumulación de vehículos abandonados y/o secuestrados por las Fuerzas Federales y Provinciales en distintos puntos del país”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad, agregando que “cuando un vehículo es secuestrado por estar afectado a una causa judicial ya sea por robo, homicidio, falsificación de documento automotor, por ley de drogas, etc. comienza el circuito administrativo, ingresando los datos del vehículo a la base del Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (RENAVESE)”.

Identificación y clasificación

Al adherir al Pronacom, “parte del material secuestrado puede ser entregado con fines científicos o culturales a alguna entidad con reconocidos antecedentes en la materia, en el marco del subprograma Transformemos”, agregaron.
Por otra parte, precisaron que “todo vehículo secuestrado en causa penal, luego de los seis meses de su custodia, ingresa administrativamente al Pronacom. Es alojado en las playas de depósito, donde los identifican y clasifican en función de su estado, y se establece si son para compactar (o destinados a fines didácticos culturales o científicos), o si no serán compactados”.
En el caso de ser compactado, “un porcentual del dinero obtenido de la venta del material de chatarra es entregado a una entidad de bien público. En caso de ser cedido a una institución con fines científicos, didácticos o culturales, se establecerá una serie de requisitos y visitas para verificar los puntos básicos de los proyectos a los que se ajuste la entrega”.