Empresarios de la construcción de Comodoro Rivadavia manifestaron su preocupación ante la perspectiva del pago de deudas que impulsa la provincia a través de títulos públicos, los denominados “TICADEP”, ya que en la práctica implicaría una quita que, combinada con la inflación, podría alcanzar un 50%, mientras se contabilizan alrededor de 2.000 puestos laborales paralizados en los últimos meses. Por otro lado, advierten que el impacto de la ley de emergencia paraliza pagos que dependen de recursos nacionales, por lo que su aplicación impide destrabar cancelaciones vinculadas, por caso, a planes de viviendas.
La preocupación del sector vinculado a la construcción fue también expresada días atrás por el gremio de la UOCRA, ante la paralización de obras en la ciudad. Raúl Silva, el secretario general de ese sindicato, sostuvo que hay 1.200 trabajadores desocupados a raíz de la paralización de obras en los últimos meses, a los que se suman otros 800 puestos por finalización de trabajos y falta de reactivación de nuevos proyectos. “Son alrededor de 2.000 desocupados en total”, manifestó.
Por eso, desde el ámbito gremial se aguarda la puesta en marcha del plan de obras que el municipio financiará con el bono que apunta a colocar en el mercado financiero internacional, de lo que se apunta a generar alrededor de 600 puestos laborales a partir de las obras proyectadas.
Sin embargo, la totalidad del déficit de obras no podrá cubrirse sólo con el bono municipal, por lo que se apunta el reclamo hacia el gobierno nacional, debido a la parálisis en que quedaron obras que dependen de esa jurisdicción: el aterrazamiento del Chenque, la repotenciación del acueducto, la doble trocha a Caleta Olivia y el Estadio del Centenario son algunos de esos proyectos.
En el ámbito empresario, por otra parte, esperan que el gobierno provincial destrabe los efectos de la ley de emergencia, ya que su aplicación taxativa impide acceder a pagos que dependen del ámbito nacional. “Las viviendas del Fonavi –dijo uno de los empresarios del sector- son financiadas en un 70% por Nación y el 30% por la provincia. Si hoy llegaran pagos de viviendas que están terminadas desde hace tiempo, no se podrían ejecutar porque la ley de emergencia tiene alcance sobre esos fondos también”.
En ese contexto, señalan que el ahogo que se está produciendo se verá acentuado por el Título de Cancelación de Deudas de la Provincia (TICADEP). “Nos quieren pagar con un papel que si lo vamos a negociar al banco seguro perdemos un 20%, más otro tanto que perdemos por inflación: prácticamente nos licuan la deuda a la mitad”, refieren desde las firmas constructoras, recordando que la deuda con empresas de la ciudad supera los 500 millones de pesos.
En ese marco, también se plantean por qué la provincia mantiene inmovilizados otros 90 millones de dólares remantes del bono de 650 millones tomado al inicio de la actual gestión: “ese fondo también quedó bloqueado por la emergencia”, advirtió otro empresario, al tiempo que refirió que ese monto permitiría al menos licitar pequeñas obras para reactivar la construcción en distintos puntos de la provincia.
También dudan la efectividad que podría tener el impulso a proyectos de obra con participación público privada, ya que “si la provincia saca una ley de emergencia cada seis meses, ¿quién va a querer invertir en esas condiciones?”. (Fuente: Adn Sur)