La justicia rechazó el pedido para que la causa por presuntos sobreprecios en el Ministerio de Educación pase al fuero federal y comenzó el juicio oral y público contra cuatro ex funcionarios de Martín Buzzi. Rubén Zárate, Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y Sergio Combina están acusados de administración infiel en perjuicio del erario público.
El primer testigo en declarar fue el denunciante de los presuntos sobreprecios en la contratación del servicio de transporte estudiantil, el ex ministro de esa cartera Fernando Menchi. Previamente el tribunal del juicio dio a conocer su resolución tras un planteo realizado la semana pasada por uno de los defensores que entendió que la causa debía ser investigada por la Justicia Federal.
Por su parte Menchi informó que a poco de asumir al frente de ese Ministerio en el mes de diciembre del año 2015, se encontró con dificultades para destrabar fondos provenientes del Ministerio de Educación de la Nación, por no existir “rendiciones” por parte de funcionarios que lo antecedieron, de dinero enviados en el marco del programa «Plan Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnica profesional».

Contrataciones directas

Dijo que fondos “ya enviados no se habían rendido y por lo tanto hacía imposible la imputación de nuevos envíos, lo que causaba generalizados inconvenientes en inversiones para mejoras educativas”. Agregó que analizando la documentación, se encontró con cuatro expedientes en donde “a mi criterio habían marcados sobreprecios mediante la contratación directa de viajes estudiantiles. Envié todo al área legal y surgió que las contrataciones excedían largamente lo reglamentado para esa modalidad de contrato. Hice averiguaciones sobre el costo de esos viajes a otras empresas que no habían consultado, y me pasaron costos largamente inferiores. Además primero se contrataba el servicio de transporte y luego se armaba el expediente respectivo”, indicó entre otros aspectos que tuvo en cuenta para realizar la denuncia penal, junto a la Fiscalía de Estado.
El trabajo de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de Rawson, estuvo a cargo de la fiscal general Griselda Encina que dividió la investigación en cuatro hechos que se convirtieron en la base de la acusación que hoy se tiene en cuenta para llevar adelante el juicio oral y público. El fiscal general Osvaldo Heiber representa en el juicio al Ministerio Público Fiscal y Martín Castro y Rodrigo Miquelarena a la Fiscalía del Estado del Chubut en carácter de querellantes. Ambas partes acusatorias coincidieron en la descripción de los hechos investigados y la calificación legal contra los imputados.

Defensa: “no se produjo delito alguno”

Los defensores Omar López y Damián D’Antonio, asiste a Marcelo Gallichio, Gladys Harrys y Rubén Zárate. Por su parte el defensor particular Sergio Miranda defiende a Sergio Combina. Para el defensor López, la acusación “está llena de adjetivaciones, ilicitudes y presuntas maniobras ilícitas. Adelantó que en las cuatro contrataciones “no se violaron reglamentaciones y los imputados cumplieron con las normas vigentes”, a la vez que confió que “esto quedará demostrado en el debate. Sostengo la inocencia de mis tres asistidos, ellos no produjeron ningún delito y por lo tanto adelanto el pedido de absolución”, dijo en su alegato de apertura de debate. El defensor Miranda adhirió a los dichos de López.
Gallichio, Harrys, Zárate y Combina, están imputados del delito de “administración infiel en perjuicio del erario público” en carácter de “coautores”. Gallichio en cuatro hechos, Zarate en el primero y el segundo y Combina y Harrys en los hechos identificados con los números 3 y 4.

Viaje a Río Hondo

Los cuatro hechos a ser probados durante el juicio oral y público se describen de la siguiente manera. “Se encuentra acreditado que el señor Zarate Rubén en su cargo de Ministro de Educación de la Provincia del Chubut, el día 12 de Mayo de 2014 designó mediante Nota N° 1896-14-ME al señor Gallichio Marcelo en el cargo de Referente Jurisdiccional del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) a los fines de que el nombrado represente al Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut y administre el desarrollo del Programa «Plan Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la educación técnica profesional».
Dicho plan, tenía como finalidad a través de un sistema de transferencia de recursos, transferir fondos dinerarios a las jurisdicciones provinciales, con el objetivo de que el Ministerio de Educación de cada provincia gestione, administre y utilice dichas sumas dinerarias para promover mediante un plan de mejora la calidad de los entornos formativos, las condiciones institucionales, la formación y capacitación de los docentes.
En la lectura de la acusación se mencionó que el 20 de agosto de 2015 el señor Gallichio, con el objetivo de que distintos profesores y estudiantes de nuestra provincia presencien el evento educativo denominado «Segunda Carrera Eco Desafio» a desarrollarse en la ciudad de Termas de Rio Hondo en la Provincia de Santiago del Estero, remite mediante vía e-mail los detalles del servicio a reconocidas empresas de Transporte de la zona para que den el correspondiente presupuesto que demandaría la presencia de aquel evento”.
“A partir de allí se evidencian los primeros pasos de un derrotero de irregularidades a seguir por parte de los responsables de la administración de los fondos nacionales que, de manera irregular, confeccionaron un expediente para realizar directamente el pago de un transporte privado, al contratar un servicio por una vía de excepción inaceptable por la ley de Administración Provincial”, sostiene la acusación fiscal.
“Al día siguiente, en fecha 21 de agosto de 2015 Gallichio recibe el presupuesto N° 1498 expedido por la empresa «Roble Tour S.A.» procedente de la ciudad de Puerto Madryn el cual cotiza el servicio por la suma de Pesos ochocientos sesenta mil doscientos ($ 860.200,00)”, añaden.

Violación de procedimientos

“Tal servicio comprende el traslado de ida y vuelta terrestre de 8 personas más un prototipo de vehículo en colectivo aparte, que iría desde la ciudad de Esquel a la ciudad de Rio Hondo, con salida el día 27 y regreso el 31 de agosto de 2015, incluyendo servicio de desayuno, almuerzo y merienda para la comitiva. Y un segundo servicio terrestre de ida y vuelta de 26 personas más 3 prototipos de vehículos en colectivo, cuyo recorrido sería desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn a la ciudad de Termas de Rio Hondo de Santiago del Estero con salida el día 27 de agosto y regreso el 31 del mismo mes. Incluyendo también el servicio de desayuno, almuerzo y merienda”, precisa en otro tramo la acusación.
Consideran que “mediante aquella sistemática violación del procedimiento establecido para la adquisición de bienes y servicios a los que se encuentra sujeto el Ministerio de Educación provincial, se contrata un servicio de transporte para que un total de 34 personas (docentes y alumnos), mas cuatro prototipos de vehículos, viajen hacia el evento educativo por un monto altamente superior a lo permitido, haciendo uso y abuso de la modalidad de «contratación directa» que regula la Ley 11N° 76 (antes 5447) y sus decretos reglamentarios”, interpretan.
“Pues, la mentada ley y sus decretos reglamentarios establecen que las contrataciones directas no pueden superar bajo ningún aspecto los 12 módulos, cuyo monto asciende a un total de Pesos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y seis ($ 35.256,00)”, se argumenta.

Por sobre valor de mercado

Los fiscales indican que “desarrollada la irregular contratación del servicio, con un monto dinerario altamente mayor al valor de mercado, en fecha 24 de septiembre de 2015 surge a fs. 21 la Nota N° 3924/15-ME suscripta por el Ministro de Educación Rubén Zarate el cual es remitida hacia el Ministro Coordinador de Gabinete señor Touriñan, solicitando la correspondiente autorización de liberación de los fondos con el objeto de pagar tal contratación”.
“Bajo esta inteligencia va de suyo, que la selección de la empresa contratista resultó ser de la exclusiva voluntad de los señores Gallichio y Zarate siendo los responsables de gestionar, administrar y utilizar los fondos nacionales del INET. Quienes no solo se apartaron de todo reglamento vigente, sino que además procedieron a desarrollar una evidente operación de contratación de un servicio enarbolada de fraude hacia el fisco mediante el pago de sobreprecios”, sostienen al describir el primer hecho.