La jueza penal de nuestra ciudad, Patricia Reyes, archivó hoy el hábeas corpus iniciado por la defensa pública a favor de los condenados que están alojados en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), considerando que se agotaron las medidas solicitadas. Además, la magistrada resolvió poner a disposición de la jueza de ejecución el relevamiento médico de la totalidad de la población carcelaria del IPP. Puntualmente, la magistrada tuvo en cuenta que se cumplimentaron todos los procedimientos establecidos por la legislación vigente, lo que fue detallado en la sentencia correspondiente.

Reyes puntualizó que en nuestro país, debido a los tratados y acuerdos de derechos humanos ratificados por la Nación, “el Ejecutivo es responsable de la custodia de los detenidos a fin de asegurar que los lugares de detención deben ser seguros, sanos y limpios y constituyen centros de recuperación y trabajo, en los que no puede privarse al individuo de la satisfacción de sus derechos y garantías”. A fin de resguardar esos derechos, la Defensa “presenta un Habeas Corpus para que se investigue la causa de la afectación al derecho de los detenidos alojados en el IPP, lo que habilitó a esta jueza a realizar todas las medidas en este plazo a fin de asegurar derecho y garantías de los condenados”.

En tanto, la magistrada analizó los diferentes informes remitidos por la Subsecretaria de Seguridad de la Provincia, en los que encontró que se daba respuesta a los puntos del reclamo en forma pormenorizada.

Por último, Reyes consideró que las medidas adoptadas por el Estado resultan suficientes y cumplen con los requerimientos de los estándares para personas privadas de la libertad, en un marco de razonabilidad entre las peticiones de las partes y las respuestas jurisdiccionales apegadas a la ley.