En una extensa audiencia que se extendió hasta la madrugada, el juez Sergio Piñeda dispuso la continuidad de la prisión preventiva para los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Gonzalo Carpintero y Pablo Oca.
El magistrado hizo lugar al pedido realizado por los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez. “Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”, afirmaron los fiscales de la Unidad Anticorrupción y sostienen que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”.
El juez también dispuso la prisión preventiva para los empresarios Patricio Mussante y Federico Piccione, y el periodista Andrés Ninin. Por su parte, impuso arresto domiciliario a Juan Salaberry, Esteban Torraca, Oscar Peña y Daniel Russo, y dictó la libertad para Juan Villegas.
Respecto a Diego Correa y Diego Luthers, la medida de coerción también continuará, ya que además están detenidos en la causa denominada «El Embrujo».
Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años; aunque para los jefes de esa organización, por lo que puede ser castigado hasta con 15 años de encierro.

Peligro de fuga y entorpecimiento

La audiencia de control de detención y lectura de acusación comenzó el jueves a las 9hs y se prolongó durante toda la jornada. Luego de la medianoche se conoció la resolución del juez Sergio Piñeda que consideró que “esto recién empieza, es una apertura, recién empieza la investigación”, que aplicaba para todos los imputados la presunta autoría, que “surge de entrevistas, documentación, de planillas donde fueron encontrados nombres con distintos montos y que según el Ministerio Público Fiscal fueron confrontados con otras documentaciones”. Indicó que por la pena que les cabe es de cumplimiento efectivo, y dio lugar al peligro de entorpecimiento y de fuga, más allá del arraigo y las presentaciones que los detenidos realizaron, ya que hasta ese momento “no había una imputación concreta”.
Cabe recordar que se les imputa del delito de “asociación ilícita”, en concurso con delitos contra la Administración Pública. Estos ilícitos prevén penas que van desde los 3 a los 10 años de prisión efectiva, que se agrava para quien sea declarado como jefe de esa asociación con penas que pueden alcanzar los 15 años.
En la audiencia, que duró más de doce horas, se pidió imputar a los once detenidos por “asociación ilícita”. Durante la lectura de la acusación, la Fiscalía expuso sus argumentos y los abogados defensores se expresaron relación a los distintos elementos presentados, ya sea objetando la calificación jurídica, pidiendo la anulación de la detención, entre otras. Los Fiscales habían solicitado prisión preventiva por seis meses para los ex funcionarios públicos y tres meses para los empresarios de la construcción.

Los roles dentro de la organización

El fiscal Marcos Nápoli precisó, en el marco de la audiencia de control de detención y apertura de investigación por la causa “Revelación”, los roles de los diferentes funcionarios hoy detenidos. Señaló que Víctor Cisterna era quien definía el mecanismo de recaudación. Luego, Pablo Oca decidía a que empresa había que pagarle.
Gonzalo Carpintero se ocupaba de la agenda política del gobernador Das Neves y Diego Correa era el responsable de administrar los fondos ilegítimos, repartiendo los sobresueldos entre otros implicados además de solventar gastos del partido Chubut Somos Todos.
El fiscal explicó que una vez alejado Víctor Cisterna de la función pública, su rol dentro del esquema fue llevado adelante por el ex subsecretario de la unidad gobernador Diego Correa.
Nápoli manifestó asimismo que una vez que los empresarios de la construcción accedían al pago del retorno, se liberaba la orden.

Coautores de peculado

Los acuerdos implicaban que, si la coima se pagaba en efectivo, la misma era del 4 o el 4,5% del pago, pero si se hacía mediante cheque, el pago era del 5% del certificado de obra.
En otro tramo de la presentación de los hechos a investigar, el fiscal Nápoli apuntó contra Gonzalo Carpintero, Diego Correa y Diego Luthers a quienes acusó de utilizar para fines personales los servicios de empleados del gobierno.
Describió en ese marco que, por ejemplo, un chofer del ex gobernador fue enviado a realizar tareas de electricidad a la casa particular de Gonzalo Carpintero así como hacerse llevar materiales de construcción a su vivienda.
Dijo además en ese sentido, que los empleados debían hacer esas tareas en horarios de trabajo.
Y mencionó que éstos no podían negarse a las exigencias de los funcionarios porque eran víctimas de tratos degradantes y amenazadores.
Por esto, se acusó a los ex funcionarios del delito de “peculado de servicios en carácter de coautores”. Nápoli dijo además que se investiga el patrimonio de Gonzalo Carpintero, el que de ninguna manera se condice con los ingresos que declaró ante el tribunal de cuentas de la provincia, mientras que su defensor refutó los cargos y dijo que pueden demostrar el origen de su patrimonio.