La situación no es nueva y tiene que ver, según especialistas, con la marginación en la que muchos jóvenes viven y la falta de oportunidades y contención institucional.
Desde hace varios años, las propias autoridades policiales se manifestaron sorprendidas por la cifra de ilícitos que tienen como protagonistas a menores de edad, en algunos casos preadolescentes, al tiempo que la propia comunidad ha expresado la necesidad de reforzar las leyes, con duras críticas hacia la Justicia.
El fin de semana, tres jóvenes de entre 15 y 17 años ejecutaron un violento asalto a un vecino, a quien golpearon en la cabeza repetidas veces para sustraerle el celular, las zapatillas y la campera, tras lo cual la víctima debió ser hospitalizada y debieron darle varios puntos de sutura en el cuero cabelludo, producto de las heridas recibidas.
Sin embargo, mientras que dos de los individuos aguardan la audiencia de control en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), un tercero fue retornado a su hogar, teniendo en cuenta la protección judicial hacia menores, establecida por el propio Código Penal.

Un porcentaje menor, pero evidente

Según cifras del Ministerio de Justicia de la Nación, tan solo el 26 por ciento de los delitos son cometidos por menores, y en el caso de los delitos más graves, la cifra se reduce aún más.
Ello no fue la excepción en casos, por ejemplo, como el homicidio de René García, perpetrado por un sujeto de 16 años que asesinó a golpes al vecino, utilizando un elemento contundente; el acusado confesó el homicidio y fue finalmente condenado, aunque debió permanecer en el COSE hasta cumplir la mayoría de edad.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), un registro que elabora el Ministerio de Seguridad, en todo el país en 2015 se denunciaron 604.879 hechos de hurto, robo, secuestro y extorsiones; sólo en 65.565 de esos casos, el 10 por ciento, se identificó en la denuncia al presunto autor del delito. En el 90 por ciento restante se trata de hechos sin autor identificado.
Dentro de ese 10 por ciento se pudo identificar a los acusados, 17.248 de los presuntos autores eran menores de 18 años: “Es posible sostener que el 26 por ciento de los hurtos, robos, secuestros y extorsiones con autores identificados son presuntamente cometidos por menores de 18 años”, expresaba el informe preliminar del Ministerio.

Cifras oficiales

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), para el 2016, que fue el último año analizado, no hay ningún menor de 18 años condenado, dentro de los 273 que se encuentran bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal.
Sin embargo, las cifras a nivel país y los distintos episodios protagonizados por menores de edad pusieron, desde hace tiempo, en boca de la opinión pública la postura, por un lado, de reforzar las leyes y reducir la edad de imputabilidad, y por el otro, la tarea indispensable de ofrecer una contención más efectiva para aquellos jóvenes que se encuentran judicializados o en situación de vulnerabilidad.
En Puerto Madryn existen varias instituciones, entre ellas Cainar, encargadas de bregar por el bienestar de dicho sector de la población, aunque se trata de establecimientos que muchas veces carecen de los fondos y herramientas necesarias para desarrollar una labor efectiva, la cual pueda ser complementada con la del Estado.

Rechazan reducir edad de imputabilidad

Con el homicidio de un menor ocurrido en la localidad bonaerense de Flores, en 2016, y perpetrado por otros menores, desde el propio Ministerio de Justicia de la Nación se planteó reducir la edad de imputabilidad.
Fue en ese contexto que especialistas de distintas organizaciones sociales, políticas y académicas decidieron nuclearse en una red a la que llamaron “Argentina No Baja”, integrada por quienes coinciden en la necesidad de crear un nuevo Régimen Penal Juvenil que deje atrás la ley 22.278 sancionada por la última dictadura militar, aunque se oponen a “la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad”.
Desde dicha entidad consideraron que cualquier proyecto que proponga la baja de la edad de imputabilidad “es inconstitucional”, ya que viola el principio de no regresividad.
Además, plantearon que sería “un retroceso” ya que no se puede “regresar de un derecho ya adquirido”.