Desde la Fundación Salud Sin Obstáculos (FUSSO), que tiene como presidente al médico sanitarista y ex diputado provincial Fernando Urbano, se cuestionó el contrato realizado entre el gobierno provincial, que entró en vigencia el 1 de junio del año pasado, con la empresa Conexia, para proveer de software a los hospitales públicos de toda la provincia, por un monto fijado en 1.862.000 mensuales, durante un período de 60 meses. La entidad lo tilda de “leonino”.
Por su parte, empleados administrativos del área hospitalaria habían desarrollado una propuesta de software sin cargo para el centro de salud de Comodoro Rivadavia, que sería solventada con la venta de publicidad, pero la misma fue rechazada a partir del contrato con la firma privada.

Firmado por Arnaudo

Según el planteo de FUSSO, el contrato fue suscripto por Miguel Arnaudo –actual titular del ISSyS- cuando se desempeñaba como subsecretario de Coordinación de Recursos del Ministerio de Salud y el vínculo resulta perjudicial para el Estado, ya que contiene “cláusulas leoninas”.
El objeto del contrato fue contratar a un tercero para gestionar la información de la Salud Pública de la provincia de Chubut, mediante un sistema de software y equipos lectores y terminales de PC, con la consiguiente asesoría, seguimiento y control de proceso.

Presuntas clausulas abusivas

“La Fundación FUSSO ha analizado algunos aspectos del referido contrato, observando que la mayoría de las cláusulas son abusivas a favor de CONEXIA SA, por supuesto, en perjuicio del Estado Provincial”, señala el documento.
Entre otros aspectos, el cuestionamiento publicado por la entidad en su sitio web expresa que se hizo en forma directa y sin previo llamado a licitación o concurso de precios, acordándose el pago de 1.862.000 pesos (equivalente a 111.700.000 en total, o 7 millones de dólares al momento de la contratación) en cuotas mensuales que habrían comenzado a pagarse “desde la firma del contrato, sin haber puesto nada hasta el momento”.

Sistema para dar turnos

La agencia de noticias Adn Sur señala que fuentes del Hospital Regional indicaron que hasta el momento el sistema funciona para el otorgamiento de turnos, lo cual es una parte del software, ya que en su totalidad el sistema apunta a conectar en red a todos los hospitales públicos de la provincia.
“Lo peor de todo”, afirma el documento de la Fundación, es que “al día de hoy ya se ha pagado más de 20 millones de pesos y aún no se ha podido implementar el sistema establecido en el contrato”.

Si se rompe pagamos todos

La fundación avanza más allá en sus cuestionamientos: “Todos los equipos son de Conexia con un sticker especial identificatorio –agrega el documento-. Si se rompe algún equipo quedó establecido que la reparación la paga el Estado provincial” y la empresa “fijaría los montos de la reparación”.
“El personal que atienden las terminales –añade el texto- los paga el Estado provincial. Lo único que se hace cargo Conexia es el asesoramiento y control del sistema”.
En caso de rescisión del contrato, si el Estado lo hace antes de los 25 meses de haberlo firmado “deberá pagar a Conexia el 75% de los abonos que le resten pagar hasta los 60 meses que es la culminación del contrato. Si fuera rescindido entre los 25 y 48 meses, la multa sería del 50% de lo que resta. Lo que significa que siempre tendrá que pagar sin importar el resultado del sistema contratado y corriendo todos los riesgos si falla el sistema o si es incumplido por la empresa en algunos aspectos”.

Una propuesta gratuita fue desechada

Empleados del hospital se sumaron al reclamo porque una propuesta de informáticos de la Universidad de la Patagonia ofrecía el software de turneras en forma gratuita, para poder solventarse con venta de publicidad, “pero sin costo alguno para el Estado”, según indicaron. “Sólo se necesitaba una nube con capacidad de 2 terabytes”. Incluso cuestionan que la turnera que se puso en marcha recientemente para el hospital Regional funciona con una serie de dificultades, particularmente en lo que hace a facturación y recupero de prestaciones, por ejemplo con la obra social PAMI, entre otras dificultades. Como ejemplo, se mencionó que hay dificultades para anular un turno tomado o falta la inclusión de muchos profesionales.
El programa “Smartroom”, impulsado por técnicos locales, propone, entre otros aspectos: “El núcleo del sistema se basa en la asignación inteligente de camas a pacientes entrantes o que deban ser relocalizados dentro de la institución, buscando dentro de las habitaciones con camas libres, verificando que los pacientes internados en las camas lindantes sean compatibles con el diagnóstico del ingresante; también compatibiliza por grupo etario y sexo del paciente, pudiendo en caso de fuerza mayor, omitir estas restricciones. De esta forma, se reduce drásticamente el tiempo, de horas a menos de 3 segundos la búsqueda de una cama adecuada para cada paciente”.
Otra etapa del proyecto local es la puesta en marcha en marcha de la historia clínica virtual, lo que posibilitaría evitar gastos en papel y además posibilitar el acceso a dicha información desde otros centros asistenciales.

Realizarán cinco nuevas imputaciones en la Causa Embrujo

Los fiscales general Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron ante la Oficina Judicial de Rawson los correspondientes escritos para que se fije audiencia de apertura de investigación contra otras cinco personas más en la llamada causa “El Embrujo”. La audiencia se realizará en Rawson el próximo 31 de mayo a las 9 de la mañana.
Entre las nuevas personas investigadas están está Georgina Macleod -cuñada de Diego Correa-Diego Correa –hermano de Diego Correa- con domicilio en la ciudad de Quilmes, Rubén Reinoso, que estaría involucrado en la logística que impulsaba las contrataciones directas desde la Unidad Gobernador; Cristian Gisande, actual director de Viviendas Oficiales y que certificaba el cumplimento de las obras de Dual Core; y Jorge Godoy, maestro mayor de obras que construyó la casa de Correa en Playa Unión.
En una misma audiencia se les hará conocer cada uno de los nuevos imputados los cargos que existen en contra de ellos, harán presentación de sus respectivos abogados defensores y se pedirá ante el juez Sergio Piñeda, la apertura de investigación. La audiencia se iniciará a las 9 horas en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.