Con la realización del 33 Encuentro Nacional de Mujeres en el mes de octubre, la provincia del Chubut ya comienza a mostrar algunos vestigios de la importante logística y preparación de las distintas instituciones y sectores que participarán del evento; se trata de una serie de jornadas que convocará a más de 50 mil mujeres de todo el país, con la realización de talleres, charlas, capacitaciones y debates apuntados a la temática de género y sus respectivas variantes.
Uno de los principales temas que por estos días se discute a nivel nacional es la despenalización del aborto o Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que tiene su correlato tanto en el ámbito legislativo, como así también en el plano social, donde parecería contar con una mayoría que aprueba el aborto legal, seguro y gratuito.
En Puerto Madryn, la zona costera comprendida entre las Bajadas 2 y 3 será el espacio de reunión para distintos colectivos, entre ellos “Ni Una Menos”, donde será convocada, el próximo 3 de junio a partir de las 14:30 horas, una marcha bajo la consigna “Aborto Legal Ya”.
Todo parecería indicar que el debate y el intercambio de ideas recién comienza, en el marco de una ciudad que, a nivel provincial, registra uno de los índices de violencia de género más elevados, esto último, también uno de los temas centrales que abordará el Encuentro Nacional de Mujeres.
Una reciente investigación, titulada “Estudio Nacional sobre Violencias contra las Mujeres” y basado en el informe homónimo a nivel internacional (“International Violence Against Women Survey”), dio cuenta de una alarmante postal a nivel país: “La violencia contra las mujeres es quizás la más extendida y socialmente tolerada de todas las violaciones a los derechos humanos”.

Desigualdades históricas

El informe, elaborado por Luis D’Angelo, Graciela Hubez, Daniel Pedro, María Delfina De Cesare, Hilda Inés Ricaurte y Rafael Farace, sostuvo que la violencia de género “refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres y compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas”, además de que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a su dominación y a la discriminación en su contra por parte del hombre como uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación”, según también lo expresara la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Sobre esta línea, el documento puso en relieve que “estos son actos considerados como violencia ‘de género’, ya que son producidos casi exclusivamente por los hombres y son apoyados por las desigualdades de género a nivel social; por esta razón todo estudio de las violencias contra las mujeres debe partir de considerar las características estructurales de la desigualdad entre hombres y mujeres, que hacen de éstas su más aberrante expresión y una forma de violación de los derechos humanos”.

El origen del concepto de “patriarcado”

Por otro lado, el trabajo de investigación expuso que “el Secretario General de Naciones Unidas, incorporó el concepto de patriarcado en su informe titulado ‘Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer’; allí, sostuvo que la ubicuidad de la violencia contra las mujeres indica que sus raíces se encuentran en estas relaciones estructurales de dominación y subordinación, las cuales pueden tener diversas manifestaciones históricas y funcionar de manera diferente en los distintos escenarios culturales, geográficos y políticos, influidos por la condición económica, el origen étnico, la clase, la edad, la orientación sexual, la discapacidad, la nacionalidad, la religión y la cultura; de manera que estos elementos sólo deben considerarse en segundo lugar al momento de explicar la violencia contra las mujeres, evitando confundir los denominados ‘factores de riesgo’ con sus causas primeras.

La trata de personas, un “negocio” global

Uno de los casos más flagrantes de violencia contra las mujeres “es la trata de personas”, indicó el informe, sumando a ello que la misma “está superando al tráfico de drogas como una de las actividades ilegales de más rápido crecimiento del mundo. Aunque las estimaciones de las dimensiones del problema varían, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que entre 700 mil y 2 millones de personas son traficadas cada año a nivel mundial”.
En este sentido, los autores recordaron que “en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, los líderes de 189 países acordaron ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y fijaron el año 2015 como la fecha para su logro; los ODM son la expresión del más alto nivel de la comunidad internacional como prioridades para el desarrollo y la igualdad de género, para lo cual resulta fundamental la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Argentina no “mide” la violencias

Otra cuestión de relevancia dentro del documento es la medición de la violencia contra las mujeres: “A pesar de los importantes avances realizados en materia de derechos y visibilización de problemáticas de género durante los últimos doce años, debido a la falta de estudios específicos a nivel nacional, nuestro país desconoce aún el verdadero alcance de la violencia contra las mujeres”, alertaron los autores, añadiendo que “los estudios realizados a nivel internacional han confirmado que estos actos son mucho ‘más que un aislado incidente ocasional’ y que el riesgo no es el mismo para todas las mujeres ya que el nivel de victimización que sufren varía en función de diversas variables”.
En Argentina, “la fuente más común de datos sobre victimización femenina es la
proveniente de los archivos de la Policía, de los servicios penitenciarios y de la justicia, pero la violencia no siempre es denunciada, con lo cual estos registros dan cuenta de sólo ‘una punta de un enorme iceberg’ y a su vez, raramente se recoge el nivel de detalle que rodea al ‘incidente’, haciendo más difícil aún contar con un análisis más detallado que sin dudas podría ayudar al momento del diseño de políticas de prevención del delito”, agregó el trb abajo.
Además, “hay patrones socioculturales que no contribuyen al aumento del número de denuncias, tales como la extendida consideración de que la violencia contra las mujeres es un acto aislado dentro del ámbito privado y no un problema social, la percepción de que son conductas normales dentro de la dinámica familiar, el hecho de que las mujeres suelen responsabilizarse de ser las provocadoras de los actos violentos, percepción ampliamente reforzada por los mitos y actitudes de la sociedad, y finalmente, el desconocimiento de los
servicios disponibles para hacerlas efectivas”.

Encuestas de victimización

Las mismas “surgieron durante el siglo XX, a partir de la crítica a las llamadas estadísticas oficiales de la criminalidad. Estos registros emanados de fuentes policiales, penitenciarias y judiciales poseen limitaciones para el conocimiento de la cuestión criminal, señaladas en la literatura académica de la década de 1960; estas limitaciones pueden reunirse bajo dos grandes rubros: la ‘cifra negra de la criminalidad’ y el ‘carácter manufacturado’ de las estadísticas oficiales”, arrojó el informe.
Por un lado, la “cifra negra de la criminalidad” refiere “a aquellos hechos que habiendo ocurrido no fueron denunciados en ninguna sede del sistema penal; por el otro, las estadísticas oficiales comportan una construcción específica y una interpretación en términos de tipificación, es decir, un hecho cualquiera, denunciado o con actuación de oficio por la policía, puede no resultar registrado de acuerdo a criterios jurídicos”, agregó el documento, sumando a esto último que “de este modo, puede producirse una suerte de filtro de
determinados hechos no calificados como delitos que en realidad lo son; además, resulta posible en los sistemas específicos de registro que se produzcan errores que modifiquen la cifra verdadera de hechos”.
Esto último dio cuenta de que “las estadísticas con fuente judicial, además de padecer similares problemas, no reflejan el comportamiento del conjunto de la sociedad dado que representan un subconjunto de los hechos que finalmente resultan juzgados como delitos”.

El desafío de un abordaje integral

Otro de los puntos en los que el estudio hizo hincapié, acaso devenido de los anteriores, es que “en materia de intervención judicial, también hay mucho por trabajar; en los últimos años, en muchos países, se han implementado tribunales especializados para abordar la violencia contra las mujeres en la pareja, es decir, juzgados de violencia doméstica o familiar (Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, entre otros, cuentan con este recurso)”.
Estos “trabajan partiendo de principios de intervención donde claramente la
responsabilidad de la violencia recae sobre el agresor/a y la seguridad de la víctima es prioridad; actúan en coordinación con los sistemas de salud y de asistencia social; sus resultados, a partir de la evaluación de su tarea, parecen ser muy efectivos”.
Además, “en Argentina se están dando algunas iniciativas 83 en este sentido por lo que sería oportuno repensar las estructuras y prácticas judiciales ante esta problemática”, señaló el documento.

El círculo de la violencia

Un aspecto profundizado por el informe es la espiral de violencia que suele repetirse dentro de una pareja.
En este orden, los autores advirtieron que “la literatura sobre la temática también nos hace saber que en materia de violencia conyugal con frecuencia el hombre con conductas violentas, después de maltratar, exige el pedido de perdón; esto cumple la función de reestablecer la certeza sobre quién manda y quién obedece; así, la violencia masculina, ya fuere de tipo física, emocional, sexual, económica, sigue el patrón de ‘reencauzar la conducta femenina’ y ‘reconfirmar las reglas del poder’ que él detenta y la sumisión de la mujer; muy pocas veces se alega que él no tiene el derecho de maltratarla independientemente del comportamiento de ella o del cumplimiento o no de sus ‘obligaciones’ como esposa y/o madre”.
En realidad, “los motivos siempre revelan intenciones de violentar a la mujer con fines diversos, funcionando el maltrato como un mecanismo disciplinario, cuyo objetivo es encauzar, imponer o castigar sus comportamientos, aun así, muchas mujeres suelen igualmente justificar o defender al maltratador y si tienen algún intento de ‘controlar’ este proceder, él suele maltratarlas para imponer su voluntad y re-encauzar la relación de sumisión”, señalaron los autores.