El Gobierno nacional decidió reforzar la presión sobre los gobernadores opositores en la discusión por los tarifazos y les prohibió cobrar impuestos en las boletas de gas, sin esperar que se apruebe el proyecto de ley que envió al Congreso.
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) prohibió a las distribuidoras y subdistribuidoras incorporar conceptos no vinculados al servicio en las facturas de los usuarios.
El ente estableció que todo Código de Facturación que pretenda incluirse «deberá guardar estrecha relación con los servicios regulados, y estar previamente contemplado en una norma de alcance general que así lo prevea».
En consecuencia, antes de agregar un nuevo concepto en la factura de servicios, las empresas prestadoras del servicio de gas natural deberán solicitar al Enargas la autorización correspondiente si estuviere vinculado al servicio, dado que es el único competente para determinar la metodología de facturación.
En medio de la disputa por el proyecto de la oposición para retrotraer los tarifazos y tras el pedido de Mauricio Macri de eliminar los impuestos provinciales y municipales, el oficialismo presentó un proyecto en el Senado para derogar esos tributos.
«Las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, calculado según el cuadro tarifario al momento de la facturación, más los cargos por mayor consumo y subsidios si correspondiere, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingresos Brutos, si correspondiere», dice el texto.
Ese proyecto generó ruido entre los gobernadores opositores, aunque en la oposición ya habían asegurado que una ley en ese sentido no tendría efectos en la práctica.
Fuentes del peronismo en el Senado explicaron en ese momento que el Estado Nacional no puede imponerles por ley a las provincias o los municipios qué tributos, tasas o contribuciones puede cobrar, pero sí puede disponer cuáles pueden ser incorporados en las facturas de servicios. Sin embargo, para eso no se necesitaba una ley y lo podía hacer con una resolución, como finalmente pasó hoy.
La limitación que tiene Nación es que no tiene competencia para hacerlo sobre todos los servicios públicos. Como explicó LPO, sí puede hacerlo sobre las tarifas de gas natural de todo el país, como hizo hoy el Enargas. También podría aplicarlo a las de Aysa y las de Edenor y Edesur, pero no sobre el resto de las empresas provinciales.