El Senado aprobó durante la madrugada del jueves, sin debate, los tres proyectos de «simplificación y desburocratización» del Estado que impulsó el Gobierno para reemplazar al «mega DNU» con el que había modificado unas 140 leyes.
Las tres iniciativas fueron aprobadas con 52 votos a favor y 11 en contra luego de las casi 12 horas de debate que llevó la ley para limitar los aumentos.
El conjunto de los proyectos reemplazaría al DNU 27/18 que modificó unas 140 leyes, lo que despertó críticas de todo el arco opositor, y que sigue vigente dado que para anular los efectos de un decreto es necesario que las dos Cámaras del Congreso lo rechacen.
En este caso, los proyectos contemplan en su articulado la derogación del llamado «mega DNU», con lo que la sanción de las leyes llevarían a un reemplazo automático.
Los proyectos denominados «De Simplificación y Desburocratización» se refieren al «Desarrollo Productivo de la Nación», al «Desarrollo de la Infraestructura» y finalmente, a la «Administración Pública Nacional».
Durante el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo aceptó eliminar del proyecto vinculado al desarrollo productivo un artículo que declaraba la embargabilidad de las cuentas sueldo, uno de los puntos más polémicos. De no haberse realizado esta modificación, las entidades bancarias hubieran tenido la potestad de embargar este tipo de cuentas a los trabajadores para cobrar préstamos.
También se dio marcha atrás con el punto que pretendía excluir a los contratos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses del régimen de contrataciones del Estado, lo que hubiera permitido que el organismo creara fideicomisos a su criterio.
Uno de los aportes centrales de esta iniciativa es la ampliación del Fondo Fiduciario de Capital Emprendedor para que más MiPyMEs tengan acceso a esa fuente de financiación.
Además, el proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un «veraz laboral», lo que es criticado por un sector de la oposición, que considera que con esto el Gobierno «habilita a las empresas a seguir con el fraude laboral».