El edil Marcelo Gallichio se refirió a la causa por la que se encontraba imputado, junto a otros tres ex funcionarios del Ministerio de Educación durante la anterior administración provincial, por el presunto delito de sobreprecios en pasajes, bajo la carátula de “administración infiel en perjuicio del erario público”.
La causa había sido motivada a raíz de una serie de contrataciones efectuadas para gestionar viajes a los alumnos que debían concurrir a competencias estudiantiles.
Sin embargo, tras más de dos años que duró el proceso, la semana pasada fueron finalmente absueltos los cuatro ex integrantes de la cartera de Educación, que habían sido sindicados como “coautores”; en el caso de Gallichio, en cuatro hechos, en el de Zárate, en dos y en los restantes ex funcionarios, en un hecho.
En este contexto, el concejal criticó que “sufrimos un perjuicio” tanto “a nivel personal como familiar” y anticipó que “en mi caso, habrá una contrademanda, espero que en la de ellos (por Zárate, Harris y Combina) también”.
Además, planteó que se trató de “una causa con motivaciones políticas” y que “la Justicia tuvo que actuar con algo que con la primera presentación de pruebas se tendría que haber caído”, a la vez que denunció que una prueba “clave”, una nota del Contador General de la Provincia, fue omitida como evidencia pero luego admitida, lo cual habría colaborado con la resolución judicial que absolvió a los acusados.
La denuncia que presentará el legislador de Puerto Madryn será contra los denunciantes en la causa, el ex funcionario de Educación de la gestión de Mario Das Neves, Carlos Plantey, y el ex fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata.

Críticas a la “inoperancia de la conducción actual”

El concejal dijo estar “contento, porque realmente se ha hecho Justicia” y remarcó que “fue una causa que ni siquiera tendría que haber empezado, porque no tenían pruebas por las cuales iniciarla; además, estoy contento porque uno es un hombre ajustado a Derecho y, cuando fui citado por la Justicia, tenía que ir, presentarme, presentar todas las pruebas”, además de destacar “no sólo los resultados, sino por todo lo que habían hecho los chicos en el 2014 y 2015, cuando nosotros éramos parte del Ministerio de Educación”.
Además, puso en relieve que “a partir de 2016 y, hasta la actualidad, no se ha repetido ningún tipo de estos eventos que habíamos hecho, simplemente por inoperancia y falta de gestión de la conducción que continuó luego de nosotros”.

“Es una causa política”

Por otro lado, advirtió que “más allá del resultado de la causa, tengo que resaltar que acá se involucró a la Escuela 703, diciendo que era una ‘ruta del dinero’ de las contrataciones de colectivos, cualquier cosa llegaron a inventar, completamente desconociendo las normativas vigentes, y tanto el ex ministro de Educación como los funcionarios actuales, que han dicho que no se podía enviar el dinero a las escuelas; pero se prevé, en las normativas, que las escuelas tienen la posibilidad de hacer no sólo el pago de los viajes, sino también hacer la contratación de los mismos”.
De este modo, “me parece que esto es una causa netamente política, una persecución política, ya que además de todo esto, previamente, siendo empleado de la administración pública, uno debería haber tenido un sumario previo por lo actuado, y el mismo nunca se hizo”, sostuvo.

Denunció que se omitió evidencia

Consecuentemente, “nunca se hizo dicho sumario, por eso la conclusión a la que se llega es que simplemente es una persecución política”.
Por otro lado, Gallichio se refirió a algunas inconsistencias durante el proceso judicial y sentenció que “una nota del Contador General de la Provincia fue sacada de la prueba, de los expedientes, la cual decía que todos los expedientes habían sido administrativa hechos de forma correcta, que fueron rendidos ante quien correspondía, que era el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) de Nación, a través de un sistema que se llama Sitrared, donde se hacen todas las rendiciones; fue pagado al proveedor y no tuvimos ninguna queja del INET, o sea que todos los pasos fueron correctamente realizados, y acá lo que hizo fue una maniobra política para ensuciar a la gente”.

“En mi caso habrá una contrademanda”

En la misma línea, el concejal manifestó que “si el INET, que es el máximo responsable de los fondos, dice que está todo correctamente, cómo es que la Provincia, que nada tiene que ver con estos fondos, va a ser la que actúe sobre los mismos; es totalmente contradictorio y netamente político”.
En cuanto a cómo continuará la situación, habida cuenta de que trascendió que uno o más de los ex funcionarios absueltos realizaría una contradenuncia, Gallichio anticipó: “En mi caso, va a haber una contrademanda. Acá hay que resaltar que tuvimos perjuicios no solamente en mí, sino que quienes más sufrieron fueron mis hijas, mi familia, amigos; uno tiene mucha vida social y, si bien muchos decían que me quedara tranquilo y lo estaba, los chicos no lo toman de esa manera y la familia muchas veces tampoco, es muy engorroso tener en cuenta que uno está cuestionado, sabiendo sobre todo que la familia de mi esposa es nativa de Puerto Madryn, que somos muy conocidos, y da mucha bronca e impotencia llegar a esta instancia, donde fuimos acusados injustamente”.

“Debieron realizar un sumario antes”

En relación a las repercusiones de la causa en su ámbito laboral como docente, aclaró que “hace 25 años que me desarrollo de la misma forma en la Escuela Politécnica, y si bien uno dice que siempre hay ‘rumores de pasillo’, que por lo general se dice otra palabra menos decorosa, quienes lo conocen a uno y están desde los comienzos, nunca dudaron de la persona que yo soy”.
Sobre la posibilidad de que los cuestionamientos a los ex funcionarios bien podrían haber sido motivo de una auditoría interna, sin la necesidad de llegar a un proceso judicial, el edil subrayó que “por supuesto, y no fue así; en lo que es un hecho simple de la administración pública, realmente, antes de llegar a lo penal en la causa, mínimamente tendría que haber habido un sumario administrativo que determinara que realmente esto sea así”.

Una prueba habría sido “clave”

A su vez, puso en relieve que “hasta los testigos que llevaron ellos dijeron que estaba todo perfectamente bien hecho; entonces, evidentemente, no queda más que pensar que fue algo político” y describió que, por la parte acusadora, el Contador General de la Provincia “presentó una nota, porque le pidieron que evalúe los expedientes, y dijo que estaban correctamente realizados todos los pasos que se siguieron a través de la administración pública, y que a cada lugar que tenía que ir el expediente, se llegó en tiempo y forma; pero ese papel no apareció en el aporte de pruebas, aunque afortunadamente nosotros teníamos fotocopias, las cuales fueron admitidas; y tengo que reconocer que, el que estaba a cargo de la Fiscalía de Estado, dijo que avalaba eso ‘de buena fe’ como prueba, pero que el defensor (Martín) Castro dijo que no”.

Más de dos años de “idas y vueltas”

Gallichio admitió que “más allá de haber sido una pérdida de tiempo, de dos años y tres meses que duró el proceso, se ha involucrado a mucha gente que ha tenido que dejar de hacer cosas, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar; la Justicia tuvo que actuar en algo que con la primera presentación de pruebas se tendría que haber caído y no haber ido a la Justicia” y agregó que “lamentablemente, no fue así y tuvimos que recorrer dos años y tres meses para que esto llegara a buen puerto”.
En cuanto al rol del ex titular de la cartera de Educación provincial, Fernando Menchi, en calidad de querellante, el concejal resaltó que “fue el ministro con menor tiempo en la cartera de Educación y, al haber salido como querellante y como testigo, en su declaración dio acabada fiabilidad de que no tiene ningún conocimiento de ningún tipo de normativa existente en materia de Educación; lamentablemente, alguien que ocupe ese cargo, mínimamente tiene que estar embebido en normativas y leyes, para poder desenvolver una cartera tan importante como lo es la de Educación”.