Buenos Aires, 23 mayo (NA) — El juez federal Sergio Torres envió a juicio oral y público a un grupo de penitenciarios que, con fondos de la obra social del Servicio Penitenciario Federal, compraron bienes para la fuerza en la ciudad de Resistencia, en Chaco y Marcos Paz de manera irregular por no mediar licitación sumado a que una de las viviendas pertenecía a la familia de uno de los acusados.
Fuentes judiciales informaron a NA que la maniobra tuvo lugar entre fines de 2012 y los primeros meses de 2013, cuando los penitenciarios acusados compraron para instalar sedes del Servicio Penitenciario Federal en Resistencia, en Chaco y en Marcos Paz, cerca cada uno de los penales que hay en esos lugares.
La maniobra se advirtió cuando una de las propiedades que se compraron en Chaco era de los padres de una de las funcionarias acusadas, Carolina Mosqueda, cuya adquisición se hizo de manera directa y sin cumplir con el procedimiento habitual como ser una licitación pública, un pedido y análisis de un mínimo de tres presupuestos, y darle participación a la Agencia de Bienes del Estado.
No obstante, las irregularidades no sólo eran la compra de bienes a familiares sino además que se comprobó que muchas de las adquisiciones de nuevos inmuebles fueron innecesarias pues el Estado ya tenía en esos lugares y sin uso inmuebles.
Además, también se ocasionó un perjuicio por los fondos públicos que se destinó de la obra social del SPF para el acondicionamiento de los inmuebles comprados.
Según estimó el juez en su investigación la cual ahora pasa a instancia de juicio oral y público, el perjuicio económico al Estado supera los 2.500.000 de pesos a valores de 2013.
Así enviaron a juicio por administración fraudulenta a Adriana Kobetic, Jorge Cevallos, Daniel Palliano, Rubén Rossini, Carolina Mosqueda, José María Domínguez, Facundo Naberán, DanielSilva, Benito Sánchez, Daniel Fernández y Yanina Di Blasio.
Sánchez, Cevallos, Domínguez, y Kobetic son integrantes del Consejo de Administración de la Dirección de la Obra Social del Servicio Penitenciario Federal (CADOS) y Palliano, Director de la Obra Social.