Un dato revelador se conoció ayer en la audiencia de apertura de investigación, en la causa por las presuntas coimas en la obra pública, que mantiene presos a varios exintegrantes del actual gobierno, y es que declaró como testigo el ex jefe de Gabinete, Alberto Gilardino, y confesó que Gonzalo Carpintero y Diego Correa le ofrecieron dinero, y además incriminó a sus ex compañeros de gabinete al contar cómo era la operatoria de la “caja negra”, según ventilaron los fiscales.
El dato que Gilardino había “hablado” ya circulaba desde el día anterior, y ayer además se supo que sufrió una amenaza de muerte, y presumen que podrían ser objeto de un atentando junto a su familia, por lo que el fiscal Daniel Báez, explicó que se dispuso ponerlo bajo custodia policial.
«En el día de ayer tuvimos la noticia de un posible delito y tuvimos que poner custodia a un testigo» dijo el fiscal Daniel Báez durante la audiencia. «Tuvimos la noticia que podían atentar contra él o su familia. Y anoche hubo que ponerle custodia. El testigo es el señor Gilardino», reveló Báez para fundamentar los peligros de entorpecimiento en caso que los imputados se encuentren en libertad.
Alberto Gilardino declaró como testigo ante los fiscales y gracias a ello «se corrobora que Carpintero formaba parte de la asociación ilícita», según sostuvo el fiscal Marcos Nápoli durante la audiencia y permitió acreditar «que Correa y Carpintero manejaban el dinero». Al respecto de la declaración y en contacto con los medios, Nápoli reveló que «Gilardino fue sujeto de investigación y no arrojó resultados positivos. Por eso declaró como testigo. Igual que Alexis Gabrá», este último es empleado de la gobernación.

“Vamos todos presos”

En otro tramo de la audiencia, el fiscal leyó la transcripción de una escucha telefónica sobre el celular del empresario de la construcción Daniel Russo, en momentos que charlaba con su madre. El constructor, en referencia a la investigación en marcha, le decía: “yo borré todo y listo”, a lo que su progenitora le advertía que en los medios se hablaba que se investigaría lo ocurrido en los últimos seis años, a lo cual Russo decía que si se revisaba ese periodo “van a llegar hasta Cisterna. Él también cobraba. Si revisan seis años atrás vamos todos presos. Van a tener que hacer dos cárceles más porque no entramos todos”, le revelaba el empresario a su madre en una conversación telefónica que expuso el fiscal para reforzar su idea de que el ministro Víctor Cisterna comandaba la organización delictiva.

Al confesionario

Durante la audiencia también se confirmó que fue el empresario Fernando Palacios, presidente de la empresa constructora PALCO, uno de los que declaró ante los fiscales y aportó datos que comprometen a sus colegas. También se mencionó durante la audiencia a otro empresario de apellido Laborda, vinculado a la empresa LAL.

Oca declaró y negó los cargos

El exministro de economía Pablo Oca fue el único de los imputados de asociación ilícita que declaró ante el juez Sergio Piñeda. «Niego todas las imputaciones», sostuvo el contador, quien decidió no responder preguntas de la Fiscalía.
Patrocinado por el abogado Fabian Gabalachis, el exfuncionario decidió declarar en la audiencia desarrollada en Tribunales. «Los pagos de la obra pública sin temor a equivocarme, cerca del 60% de paga a través del IPV, en la cual el ministro de Economía no tiene ninguna injerencia. El resto, el 40%, se paga a través de la Tesorería de la Provincia», dijo Oca y sostuvo que «para que llegue a la Tesorería un pago, para que eventualmente la tesorera de la provincia verifique, tiene que haber antes de eso una enumeración de secuencias para que la orden de pago llegue efectivamente».
«A la Tesorería lo único que llega es la orden de pago. Todos los pedidos de pago se canalizaban a través del Ministerio de Infraestructura», dijo Oca y agregó que «mi única función consistía era ver la disponibilidad de la caja porque las obras se pagaban con distintas fuentes de financiamiento».

La tesorera lo desmintió

El fiscal Marcos Napoli relató, minutos más tarde, sobre una escucha telefónica entre Correa y Pablo Oca donde le explica cómo era el mecanismo para que cobren las empresas. Y agregó que «aparece Oca cobrando 200 mil pesos en esa plantilla y tenemos indicio de cargo contra él distintos testimonios, dice Napoli, para lo cual nombró el testimonio de Luis Tarrío.
A su vez, Napoli también relata conversación de Arnaudo con Gatica. «Oca tiene la botonera de los pagos». En tanto, el fiscal contó que tiene declaraciones de la tesorera de la provincia que le relató cómo eran los pasos administrativos para liberar los pagos, pero que por expreso pedido de Oca, los referidos a la obra pública era él quien los autorizaban expresamente.

Gabalachis quiere que les pongan “tobilleras” y sean liberados

La lectura de la acusación hacia los exfuncionarios y empresarios detenidos en el marco de la causa “Revelación”, se extendió durante la jornada del jueves. En ella, los abogados defensores coincidieron en cuestionar la calificación jurídica y mencionar que las acusaciones no tienen bases sólidas y que no existe el peligro de fuga. A cada una de las intervenciónes de los defensores se continúa una argumentación desde el Ministerio Público Fiscal y será el juez quien -al finalizar las exposiciones- reúna todo lo expuesto y brinde su resolución, confirmando o no las prisiones preventivas.
Fabián Gabalachis, abogado defensor de Pablo Oca, objetó la calificación de “asociación ilícita” que realizó la Fiscalía y solicitó que la prisión preventiva se sustituya por el uso de tobilleras electrónicas.

Del Marmol dice que a Carpintero lo detuvieron cuanto todavía no amanecía

Carlos del Mármol, abogado defensor del ex secretario de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero, objetó durante la audiencia la mecánica bajo la cual se realizaron los allanamientos. “El horario de las 7 de la mañana, por ser nocturno, establece que tiene que haber una motivación, que la orden del juez no la tenía y que se había iniciado a las 7 hs, lo cual era completamente equivocado, y la orden no habla de horarios, habla de noche o de día, y yo entiendo que no se ha cumplido por lo cual solicito la nulidad del allanamiento y de la detención a la que lleva eso”, explicó.
“Tienen que explicar que hacían dentro de esa supuesta asociación ilícita y esta defensa entiende que no lo han hecho”, señaló del Mármol sobre la objeción de la calificación jurídica propuesta por Fiscalía. “Conocer o tener relación con algunas personas que supuestamente integran una asociación ilícita no quere decir que uno necesariamente sea jefe”, sintetizó.
Sostuvo que a Carpintero “no se le pudo encontrar ni una escucha, ni una filmación, nada”, y mencionó que se lo imputa sólo porque compartía una oficina con Correa. “Se le pidió que justifique su patrimonio y eso lo vamos hacer inmediatamente porque todo su patrimonio está justificado.