Durante los últimos días los funcionarios más importantes del oficialismo salieron a manifestarse contra la remarcación de precios de las empresas, lo que termina en una escalada inflacionaria. El propio presidente de la Nación aceleró la reglamentación de la nueva ley de defensa de la competencia, que entra en vigor hoy lunes.
Los controles a las posiciones dominantes, a los carteles corporativos y a los abusos propios de fusiones y adquisiciones pasarán de la esfera política hacia una nueva entidad técnica y autárquica del poder de turno.
El nuevo titular de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) surgirá por concurso y tendrá un mandato de cinco años para superar la vigencia de un período presidencial. Algo similar a lo que ocurre con los titulares del Banco Central. En paralelo hay 12 sectores en la mira con investigaciones abiertas.
Uno de los ejes principales pasa por las sanciones. Ahora se calcularán en unidades móviles. Eso implica que, por citar un ejemplo, un límite que antes se fijaba en unos $150 millones ahora puede llegar a $4.000 millones. También que habrá un nuevo criterio monetario en el que juega la facturación. De manera de tener en cuenta también la escala de una compañía y hacer que el castigo por un delito sea acorde con su tamaño, agrega el matutino.
Se impulsarán también los programas de clemencia para aquellos casos en donde existan presuntas cartelizaciones en los que se podrá apelar a la figura del arrepentido y este pueda presentarse ante la máxima autoridad.
Prevé la reducción o exención de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley. Puntualmente, exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar casos de cartelización.
Respecto de las multas, indica que las empresas que incurran en prácticas monopólicas y de cartelización deberán pagar una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en la conducta ilegal multiplicado por la cantidad de años en los que hayan sostenido esas prácticas. Ese monto no podrá exceder el 30% del total de negocios de la empresa involucrada.
Esteban Greco, el presidente de la actual Comisión de Defensa de la Competencia, tiene las investigaciones abiertas en 12 sectores.
Hasta ahora, por la ley vigente, la 25.156, la autoridad de aplicación era la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Poder Ejecutivo. La nueva autoridad de referencia será independiente y descentralizada. Se prevé un mecanismo de convocatoria por concurso a los posibles titulares que deberá contar con respaldo del Senado.